90 movimientos vecinales exigen al Govern el “cierre inmediato” de la 'granja de los horrores' de Mallorca

La Asociación Stop Ganadería Industrial, entidad de la que forman parte 90 movimientos vecinales y ocho organizaciones nacionales e internacionales, ha solicitado este jueves por la mañana el cierre de la macrogranja de Llucmajor. La petición llega después de que hayan salido a la luz las imágenes grabadas en el interior de la granja —entre el 21 y 29 de abril— por parte de las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal, de las que se desprende suciedad extrema, falta de higiene y maltrato animal, un extremo que la empresa Avícola Son Perot negia diciendo que son “imágenes manipuladas”.

En la solicitud —firmada por Inmaculada María Lozano, portavoz del colectivo—, dirigida a la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural —que dirige Joan Simonet (PP)— a la que ha accedido elDiario.es, la Asociación Stop Ganadería Industrial argumenta que le parece “muy preocupante” que en las inspecciones que se realizan “no se detecten estas irregularidades”. La asociación se hace eco del informe veterinario, consultado por este diario, en el cual el profesional señalaba que en el interior de la granja hay “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”.

Entre otros riesgos, detallaba la presencia de “abundantes roedores” (vivos, heridos o envenenados) entre las aves y su alimento, así como cadáveres “en diferentes estados de descomposición”. Asimismo, alertaba del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos.

En el mismo sentido, la asociación muestra su preocupación por el hecho de que la empresa, que ha sido sancionada anteriormente, pueda “seguir funcionando”. “No lo entendemos”, expresan en su misiva dirigida al Govern. Así, recuerdan las declaraciones del consejero del ramo, Joan Simonet, que informó de que la granja “ya había sido inspeccionada en agosto de 2024, lo que derivó en la imposición de medidas cautelares y una denuncia a Fiscalía en octubre”.

Este procedimiento fue archivado en febrero de 2025, como señala la asociación e informó el consejero. “No entendemos la razón por la que el procedimiento fue archivado”, lamentan. Asimismo, recuerdan que la instalación avícola carece de la autorización de impacto ambiental integrada, lo cual es obligatorio por ley.

“Las quejas y manifestaciones del vecindario han sido continuas dando muestra de lo insoportable de la situación y sin que se les proporcionara ninguna solución”, lamentan en su escrito, en el que acusan a la Conselleria de Agricultura de haber hecho “la vista gorda a las demandas de los vecinos y al mal funcionamiento de una instalación que debería haberse clausurado a consecuencia de las molestias y problemas de salud que produce a la población”. 

“Nos preguntamos cuál es el verdadero motivo por el que se permiten este tipo de prácticas en la ganadería industrial y específicamente en la aviar, y cómo empresas de tal cariz pueden seguir proporcionando beneficios a sus dueños y malestar permanente a los ciudadanos”, insisten en su solicitud, de la que se desprende que consideran que se están anteponiendo los intereses “de una empresa privada de funcionamiento más que dudoso” a los intereses de los habitantes de Mallorca.

Finalmente, recuerdan que las masas subterráneas de la isla están gravemente “tensionadas”, tanto por su uso como “por la contaminación”. “La gallinaza es el excremento animal con mayor proporción de nitrógeno —estimándose en 34 kilos de nitrógeno por tonelada— por lo que el riesgo de su contribución a la contaminación es un hecho”, destacan.

Por estos motivos, solicitan a la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern que adopten “medidas cautelares y se cierre la instalación prohibiendo la comercialización de sus productos” hasta que “se efectúen las comprobaciones necesarias”. Así, exigen que se adopten las medidas para que todas las instalaciones existentes se adapten progresivamente al Decreto-ley 1/2025, de 17 de enero, de medidas urgentes para la protección de las personas y el medio natural —en el ámbito de Balears— en lo que se refiere a determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral. Una de estas exigencias fija el límite en 40.000 gallinas ponedoras, mientras que la granja de Llucmajor tiene capacidad para albergar a casi 136.000.

La versión de la Conselleria de Agricultura

La Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, a consultas de este diario, explica las actuaciones que se han hecho desde agosto de 2024. El día 7 de ese mes, se llevó a cabo “una inspección técnica” en la explotación de Llucmajor. En esa inspección se revisaron aspectos relacionados con el bienestar animal, control de basuras, olores, plagas y posibles contaminaciones de las aguas subterráneas.

El 23 de septiembre, el director general de Agricultura emitió una resolución de inicio de expediente de “medidas cautelares”. Tres días después se inició un expediente sancionador “por los mismos hechos detectados durante la inspección”, señala la Conselleria, mediante resolución de la dirección general. Los dos expedientes —de medidas cautelares y de sanción— fueron impugnados por la empresa. El 18 de octubre presentó alegaciones. Cuatro días después se interpuso recurso de alzada contra los dos expedientes. Sin embargo, el 13 de noviembre se concluye desfavorablemente tanto al recurso de alzada como a las alegaciones presentadas.

Ante la gravedad de los hechos, y una vez valorada la situación general de la granja, la Conselleria afirma que abrió un expediente y que comunicó los expedientes a la Fiscalía, el 21 de octubre, para que valorara “si hay delito medioambiental”. En estos casos, recuerda la Conselleria, la vía penal suspende la vía administrativa. Por tanto, hasta que la Fiscalía no resuelva, “no se puede continuar con la ejecución de las sanciones”. “El mes de febrero de 2025 la Fiscalía archiva el expediente concluyendo que no había delito medioambiental”, aseguran. Con el archivo de la causa por la vía penal, la administración puede retomar el procedimiento administrativo, tanto en cuanto a las medidas cautelares como a las sanciones impuestas.

En cuanto a las medidas cautelares principales, el Govern exige a la empresa reducir el número de gallinas ponedoras a menos de 40.000 en aplicación de la normativa actual. Por tanto, Avícola Son Perot tiene que presentar un plan de desescalada. “El objetivo es no ordenar un sacrificio masivo inmediato sino ir retirando progresivamente los lotes de gallinas que cumplan su vida útil”, señalan. La fecha límite de este plan de desescalada vence el 31 de diciembre de 2025.

Además, la empresa debe presentar un plan de actualización de basuras que garantice “la gestión adecuada y sostenible de los recursos orgánicos, de acuerdo a la normativa medioambiental, con la legalización de la planta de acumulación en la finca”, señalan las mismas fuentes. En este sentido, después de revisar el proyecto de autorización ambiental integrada en la explotación de Ses Cisternetes (Llucmajor), se concluyó que solo se podrá acumular la basura en la explotación de Ses Cisternetes, con lo cual ya no se podrá realizar en las explotaciones de Mirao y Es Caparó.