Una denuncia del PP contra Armengol termina archivada por la falta de colaboración del propio partido

La Fiscalía de Balears ha archivado las diligencias sobre la compra de los pisos de Metrovacesa, un fondo de inversión dedicado al negocio inmobiliario, durante la etapa del Govern progresista de Francina Armengol. Las pesquisas fueron incoadas a instancias del actual Ejecutivo de Marga Prohens (PP). Las diligencias de investigación penal recayeron sobre el fiscal Anticorrupción Juan Carrau a raíz de la documentación proporcionada por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, cuya cartera está en manos de Marta Vidal (PP), quien tras conocer el sobreseimiento se ha limitado este martes a responder: “Si no hay indicios de delito, pues mejor”.

Cabe recordar que el anterior Govern, con Josep Marí Ribas (PSOE) como conseller del ramo, adquirió 88 viviendas de lujo situadas en la calle Brotad de Palma, propiedad de Metrovacesa, por 25,8 millones de euros. La adquisición se cerró en el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de inmuebles entre grandes tenedores prevista en la Ley de Vivienda balear.

El nuevo Ejecutivo autonómico (PP) aprobó la revocación del acuerdo a través del Consejo de Administración del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). La decisión de la Conselleria de Vivienda se fundamentó, aseguraron, “en los informes jurídicos y técnicos que proponen la revocación y acreditan su justificación”. Además, se remitió un expediente a la Fiscalía “para su conocimiento y efectos legales oportunos”.

Un supuesto sobreprecio del 40%

Según el Ejecutivo del PP, la operación del precio de compra de las 88 viviendas por parte del Govern de Armengol suponía “un precio de compra superior al que disponía el acuerdo del Consejo de Administración del Ibavi para este tipo de operaciones”. Concretamente, fueron adquiridas, según el Govern conservador, por 3.700 euros por metro cuadrado de superficie útil, una cifra “muy superior” a los casi 2.700 euros por metro cuadrado de precio máximo de venta de viviendas de protección pública. Es decir, según los populares, la compra habría supuesto “un perjuicio de más de 10 millones de euros para las arcas públicas” por un sobreprecio de adquisición del 40% en relación al precio máximo tasado por metro cuadrado.

Sin embargo, el fiscal, después de examinar la documentación, consideró necesario que el Govern del PP concretara cuáles eran las presuntas irregularidades. La Conselleria de Vivienda dirigida por Vidal no contestó a este requerimiento, motivo por el que la Fiscalía ha archivado las diligencias “al entender que no se desprenden datos suficientes para formular denuncia ante la autoridad judicial”. “Si no hay indicios de delito, pues mejor”, ha dicho la consellera de Vivienda, este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse que el Ministerio Público había archivado provisionalmente las diligencias. Así, Vidal ha restado importancia a la decisión de la Fiscalía en relación a la operación de Metrovacesa y ha indicado que el Govern nunca quiso señalar a nadie sino trasladar dudas y posibles irregularidades.

El PSOE pide la dimisión de Vidal

El PSOE en el Parlament, que ha pedido la dimisión de la consellera, afirma que Vidal ha vertido “amenazas y denuncias falsas” sobre el anterior Govern. “Vidal ha lanzado una acusación gravísima contra el anterior Govern de corrupción, trasladando el expediente para desviar la atención en relación a lo que supone la decisión de no adquirir la promoción de Metrovacesa y favorecer de esta manera que el fondo de inversión sea quien se quede con la propiedad”, ha valorado Marc Pons, portavoz adjunto de los socialistas en la Cámara autonómica. Una petición “simplemente absurda”, según Vidal, ya que el Govern del PP, defiende, nunca tuvo la intención de generar un daño reputacional al anterior Ejecutivo progresista.

Sin embargo, los socialistas consideran que la actuación de Vidal representó beneficios “de más de ocho millones de euros para este fondo, con el que la consellera tenía relaciones previas en su época como profesional liberal”. “Representa una acusación falsa sobre el anterior Govern hasta llegar al punto de remitir el expediente a Fiscalía como estrategia para desviar la atención”, ha opinado Pons sobre Vidal.

“Ante la ocultación de información, ante las amenazas vertidas y las denuncias falsas de la consellera respecto al anterior Govern, y por haber beneficiado de manera directa a un fondo de inversión, lo que le toca, si tiene un mínimo de responsabilidad democrática, es presentar su dimisión”, ha insistido Pons y ha añadido que el PP se negó a crear una comisión de investigación sobre este asunto.

“Insinuaciones y cortinas de humo”

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha valorado en X (antes, Twitter) que Vidal “tiene que dar explicaciones inmediatamente”. “Esta forma de hacer política a base de insinuaciones y cortinas de humo es inaceptable”, y ha recordado que el PP rechazó crear una comisión de investigación a solicitud de los ecosoberanistas.

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha solicitado la comparecencia de Vidal ante el pleno de la Cámara para que la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad explique el motivo que ha provocado el archivo del asunto por parte de la Fiscalía Anticorrupción. “Se está ante un nuevo escándalo”, ha criticado Castells y ha asegurado “no saber qué es peor: si se presentó una denuncia sin ningún sustento”, por tanto, “el Govern ha intentado engañar la ciudadanía” o si realmente había algún indicio y no se han atendido las peticiones de la Fiscalía, “se trata de una grave dejadez de funciones por parte del Ejecutivo balear”. Castells ha señalado que “sea lo que sea, la consellera Vidal tiene que dar explicaciones” y porque “si no es convincente, tendrá que asumir responsabilidades”, ya que lo que ha sucedido “es muy grave”.

Cabe recordar que Vidal ha estado en el punto de mira por haber compaginado su cargo público como administradora única de la sociedad MV Urbanismo, Derecho Inmobiliario y Turismo S.L.P., domiciliada en Menorca y dedicada al ejercicio de actividades jurídicas. Este hecho desafiaba el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de Balears. Diario de Mallorca informó de que Vidal había dejado de ser administradora única de esta y otra sociedad mercantil seis meses después de haber sido designada consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad.