Diputado salvadoreño resta importancia a opinión de víctimas sobre amnistía

El diputado que coordina una subcomisión del Congreso de El Salvador para elaborar una ley de “reconciliación nacional”, Roberto Ángulo, restó importancia este lunes a la opinión de la víctimas de la guerra civil sobre la iniciativa, catalogada de “amnistía encubierta”.

El diputado, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), señaló que la opinión de la víctimas y de las organizaciones sociales podrá “influir” poco para realizar cambios en la iniciativa que preparan.

Señaló que esta debe mantener aspectos como la elaboración de una “pequeña lista” de crímenes para procesar judicialmente y el establecimiento de un plazo para su investigación, puntos que los activistas de derechos humanos aseguran que permitirían amnistiar “de facto” a los vinculados.

Ángulo fue uno de los principales impulsores de la ley de amnistía de 1993, que impedía investigar, juzgar y condenar a los vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Dicha ley fue anulada en julio de 2016 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también ordenó a los diputados elaborar una nueva normativa enfocada en la reparación de las víctimas.

El 23 de mayo pasado, los diputados frenaron la aprobación de una polémica propuesta de ley de “reconciliación nacional” para escuchar a las víctimas tras recibir críticas de diversos sectores, incluida la ONU.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de “medidas urgentes” en la que requirió al Estado de El Salvador suspender “inmediatamente el trámite legislativo” de la iniciativa.

No obstante, los diputados mantienen en estudio la propuesta.

El exprocurador de Derechos Humanos (2013-2016) y miembro de la organización Cristosal David Morales criticó a Ángulo en sus redes sociales y advirtió que “parece que el pacto político a favor de criminales de guerra sigue vivo”.

Sostuvo que el fallo de los jueces constitucionales establece que “debe aplicarse justicia penal y facilitarse el acceso a las víctimas a la misma”.

“Una justicia simulada 'sin penas' sería fraude a la Constitución”, añadió el letrado.

La anulación de la amnistía permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesino en El Mozote (1981) y el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (1989).