'No lo llames guerra': así reprime Rusia el movimiento interno contra la invasión de Ucrania

La activista Arina Popova fue arrestada por protestar con un cartel que decía “No a la Guerra” en el centro de la ciudad rusa de Vorónezh el 6 de marzo de 2022. Popova fue una de las primeras personas acusadas bajo la infracción administrativa de “acciones públicas destinadas a desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas u organismos estatales”, introducida por las autoridades rusas el 4 de marzo de 2022, unos días después del inicio de la invasión de Ucrania. La activista fue condenada a pagar 30.000 rublos (unos 292 euros), cantidad que posteriormente fue reducida a la mitad.

En concreto, el artículo que recoge esa falta (20.3.3 del Código de Infracciones Administrativas –“acciones públicas destinadas a desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas o cuerpos estatales”–) hace que el mero hecho de referirse al conflicto como “guerra” –en vez de su nombre oficial ruso: “operación especial militar”– haya sido calificado frecuentemente como una “desacreditación de las Fuerzas Armadas”, tal como recoge un informe reciente de Amnistía Internacional sobre las prácticas represivas de las autoridades rusas para sofocar el movimiento en contra de la guerra.

Según cifras oficiales, Rusia multó en 2022 a 4.439 personas por violar este artículo. Sin embargo, las autoridades han utilizado también otros artículos del Código de Infracciones Administrativas para perseguir a los manifestantes. En 2022, por ejemplo, más de 16.000 personas fueron sancionadas por la norma sobre reuniones públicas, muchas de ellas por protestar contra la guerra.

Este tipo de procedimientos administrativos son una de las tácticas más utilizadas por Rusia para reprimir a los activistas en contra de la invasión de Ucrania, afirma a elDiario.es Carlos de las Heras, responsable de Amnistía Internacional sobre Rusia. Junto a estas acciones, destacan los procesamientos penales, el acoso y la intimidación.

La cláusula más utilizada para los cargos penales contra los manifestantes es el Artículo 207.3 (“diseminar información falsa a sabiendas sobre el uso de las Fuerzas Armadas Rusas”). Al igual que en el caso anterior, este párrafo también se introdujo poco después de la invasión. De acuerdo con esta ley, se han abierto cargos contra 150 personas. También se han utilizado otros artículos como vandalismo, justificación del terrorismo, etc. Según la ONG de derechos humanos OVD-Info, al menos 576 personas se enfrentan a cargos por sus actividades contra la guerra.

“Desde Amnistía Internacional pedimos que se eliminen las leyes administrativas y penales rusas que van en contra del derecho internacional humanitario y que se liberen a las personas detenidas”, sostiene de las Heras.

El 10 de mayo de 2023, Anatoly Berezikov, un activista en contra de la guerra que publicaba folletos llamando a los soldados rusos a abandonar las armas, fue puesto bajo “arresto administrativo” por “desobediencia de ordenes policiales”. El llamado arresto administrativo, que en realidad supone pasar tiempo en prisión, puede llegar hasta 30 días y se utiliza como una forma de mantener a los acusados detenidos mientras se preparan cargos criminales contra ellos.

Berezikov, cuyo arresto se extendió arbitrariamente y de forma repetida, le dijo a su abogado que mientras se encontraba detenido le sacaron de la ciudad y le aplicaron descargas eléctricas, mientras que la ONG rusa Deparmet One denunció que el activista ruso había sido golpeado y amenazado con ser procesado por “alta traición”.

Un día antes de que fuera a ser liberado, el 14 de junio, el activista murió en el centro de detención en el que se encontraba. Las autoridades a su cargo afirmaron que se trataba de un suicidio, pero las circunstancias de su muerte se desconocen hasta el momento.

Sin juicio justo

Entre las personas acusadas penalmente se encuentra Vladimir Rumyantsev, un locutor de radio aficionado de la ciudad de Vologda que trató de informar a su audiencia de las matanzas de Bucha e Irpin o el bombardeo del teatro de Mariúpul, entre otros crímenes. El 19 de abril de 2022 la policía detectó el origen de la señal de radio, entró en su apartamento y le confiscó el equipo. Rumyantsev fue arrestado y puesto en prisión preventiva y el 22 de diciembre fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión.

Pese a presentar pruebas a su favor, el tribunal que llevaba su caso las desestimó y solo señaló que sus publicaciones fueron “refutadas por la información del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa”. Amnistía Internacional considera a Rumyantsev un preso de conciencia al ser declarado culpable por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En 2022, apenas el 0,4% de los acusados en los tribunales fue absuelto o se le retiraron los cargos, una cifra que no ha aumentado en las últimas dos décadas, señala la ONG. En este sentido, solo el 0,2 de los recursos judiciales en Rusia acaba en absolución. Sin embargo, el 45% de las absoluciones recurridas por la Fiscalía son revocadas.

“Agentes extranjeros”

Además de las sanciones administrativas y criminales, los activistas se enfrentan a situaciones de acoso e intimidación, que van desde despidos en el trabajo hasta la cancelación de eventos, explica de las Heras.

Marina Dubrova, profesora de inglés, fue despedida de su colegio por “comportamiento inmoral” tras hablar sobre el conflicto con sus alumnos y que uno de ellos grabara la conversación. Sin embargo, la mayoría de estos casos no son denunciados porque las víctimas tienen miedo de que se haga público.

Además, muchos músicos que han hablado en contra de la guerra han visto sus conciertos cancelados y algunos se han visto obligados a irse del país por miedo a represalias. OVD-info, una ONG rusa de defensa de los derechos humanos, ha documentado 423 casos de presión indebida por expresar opiniones en contra de la guerra, que incluyen 142 despidos por motivaciones políticas y 60 cancelaciones de eventos.

Otro de los métodos utilizados por las autoridades rusas para perseguir a los activistas es el de designarlos como “agentes extranjeros”, introducido a nivel legal en 2012, que sirve para estigmatizarlos y que hace que la mayoría de las personas consideradas como tales pierdan su trabajo y, en consecuencia, sus ingresos.

En algunas ocasiones, el acoso y la intimidación han acabado en agresiones físicas. Es el caso de la periodista de investigación Elena Milashina, que decidió abandonar Rusia en febrero de 2022 después de recibir amenazas del líder checheno Ramzán Kadírov. Tras viajar a Chechenia para acudir a la sentencia de una activista en julio de 2023, fue atacada de madrugada, lo que le dejó con varios dedos rotos y una herida en la cabeza.

La creciente ola de represión ha hecho que muchos activistas tengan que elegir entre el silencio o el exilio.