Cómo Rusia usa la lucha contra el terrorismo para eliminar la disidencia: “Será el año con más condenas de la historia del código penal”
Viktor Kalinin, de San Petersburgo, cumplió 14 años a finales de abril. Tres meses después, el 30 de julio, se convertía en la persona más joven en ser incluida en la lista de terroristas y extremistas de Rusia. Su delito fue haber prendido fuego a una caja del sistema de señalización ferroviaria. Según declaró en presencia de los agentes de los servicios secretos, un desconocido le conminó a hacerlo bajo amenaza de abrirle un procedimiento penal si se negaba. Ahora bien, la policía, en lugar de considerarlo una atenuante o encausarlo por vandalismo, ha optado por imputarle un acto terrorista.
Ese mismo día, Pável Dúrov, fundador de Telegram, también era incluido en este registro, acusado de colaborar con el terrorismo al permitir el reclutamiento de jóvenes para cometer acciones de sabotaje y atentados a través de su plataforma. La realidad, sin embargo, es que la maniobra era el último episodio de la presión contra su empresa por resistirse a cooperar con el FSB, el antiguo KGB.
Estos dos ejemplos demuestran hasta qué punto el Kremlin está desvirtuando la legislación contra el terrorismo para reprimir las expresiones de disidencia, una tendencia que se ha acentuado desde la invasión de Ucrania. Según los expertos, esta categoría permite estigmatizar a los culpables, imponerles penas más severas e intimidar a la sociedad.
Más de 22.000 terroristas
Rusia tiene publicada una lista con más de 22.000 personas etiquetadas como terroristas y extremistas. De ellas, unas 5.000 han sido añadidas a lo largo del último año. Eso significa que cada día, de media, 13 individuos se incorporan a esta base de datos como sospechosos de tener relación con actividades radicales, un 47% más que un año atrás. Como Kalinin, 493 menores de 18 años son considerados terroristas o extremistas y, de ellos, cerca de un centenar no supera los 16.
OVD-Info, una entidad de referencia en el seguimiento de la represión en Rusia (designada recientemente como extremista), calcula que al menos un 12% de los integrantes de la lista figuran en ella por motivos políticos, aunque apunta que la proporción de los que han sido indexados después del inicio de la guerra puede oscilar entre el 15% y el 20%.
En cuanto a las condenas por casos vinculados con el terrorismo, durante la primera mitad de 2026, un estudio de los activistas de Pervi Otdel y Parubets Analytics señala que se han impuesto más de 1.200, un 58% más que en el mismo periodo de 2025.
Según la organización de derechos humanos Memorial (también calificada de extremista pese a haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 2022), como mínimo un 35% de estas sentencias tienen una motivación política. Pervi Otdel indica, no obstante, que esta es una estimación “conservadora” porque los tribunales suelen ocultar información sobre los casos. De hecho, denuncia que “la censura se está intensificando” y que casi dos tercios de los expedientes están clasificados.
“No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno”, concluyen los abogados de esta entidad.
Serguéi Davidis, responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de Memorial, afirma a elDiario.es que el uso por parte de las autoridades rusas de los artículos sobre extremismo y, especialmente, sobre terrorismo es “cada vez más amplio” y que constituye una parte “creciente” de las represiones políticas.
No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno
Una tipología delictiva que ha crecido mucho a raíz del conflicto en Ucrania son los sabotajes. Estas actuaciones suelen tener como objetivo dañar objetos o instalaciones del Estado, y pueden responder a acciones de protesta voluntarias o a chantajes. Se trata, como en el caso de Kalinin, de incendios de instalaciones de la red ferroviaria, pero también de centros de reclutamiento, edificios de la administración pública o empresas vinculadas al complejo militar-industrial.
Normalmente, son intentos fallidos, pero incluso así sus autores resultan acusados de terrorismo. Davidis lamenta que sería “jurídicamente más adecuado” procesarlos por destrucción de la propiedad porque este tipo de acciones no encajan dentro de la definición de terrorismo. En cambio, reciben penas “desproporcionadamente largas” por delitos que “prácticamente no han causado ningún daño”.
De todos modos, no es necesario que alguien recurra a la violencia para que se le aplique la legislación antiterrorista. Un 29% de las condenas desde enero de 2026 han sido por justificación, propaganda o llamamientos al terrorismo.
Pervi Otdel asegura que este delito lo utilizan las fuerzas de seguridad para “presionar” a periodistas, activistas y blogueros. Por ejemplo, Yevguenia Berkovich y Svetlana Petriychuk fueron encarceladas por escribir y dirigir una obra de teatro que se consideró que justificaba el terrorismo; el sociólogo Borís Kagarlitski acabó entre rejas por un vídeo en el que analizaba la explosión del puente de Crimea; y la periodista Svetlana Prokópieva también entró en prisión por explicar en la radio las causas de un atentado contra un cuartel del FSB.
Cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto
Según Davidis, a fin de cuentas, “cualquier crítica al poder puede calificarse de extremismo, si existe voluntad de hacerlo, y cuanto más tiempo pasa, más ampliamente se interpreta este concepto”. De esta manera, expresar rechazo a la policía, a los funcionarios o a los diputados de Rusia Unida —el partido de Putin— puede equivaler a extremismo y, ahora cada vez más, a terrorismo.
Se trata de una tendencia que, desde su punto de vista, llega a extremos “cómicos”. Se refiere al caso de Alekséi Petrov, que en 2020 comentó una noticia en Facebook sobre la nueva vacuna rusa contra el covid sugiriendo que se la inyectaran a Vladímir Putin —no mencionó su nombre— “aunque fuera para que el virus se lo llevara”.
En enero de 2025, casi cuatro años y medio después de la publicación, el FSB lo acusó de un “llamamiento público a actividades terroristas usando Internet”. Lleva más de un año y medio en prisión preventiva y se enfrenta a hasta siete años de prisión. “Es una situación absolutamente habitual”, argumenta el activista de Memorial.
Opositores, yihadistas y prisioneros de guerra
El Kremlin también tiene un registro con más de 850 entidades y organizaciones extremistas o terroristas. Entre las terroristas figuran la Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalni (él, pese a estar muerto, y su viuda, Yulia, también están etiquetados personalmente como terroristas) o el Comité Antibélico de Rusia, en el que participan opositores como el antiguo oligarca Mijaíl Jodorkovski, el político Vladímir Kara-Murzá o el excampeón del mundo de ajedrez Gari Kaspárov.
Estas asociaciones comparten designación con grupos yihadistas como Al Qaeda o el Estado Islámico, además de organizaciones supremacistas blancas violentas. Por el contrario, en 2025 se eliminó de la lista a los talibanes, y Rusia se convirtió en el primer país del mundo en reconocer su Gobierno en Afganistán. Quien sí continúa incluido en la base de datos es Jabhat Fateh al-Sham, el antiguo Frente al-Nusra, la organización liderada por Ahmed al-Sharaa, actual presidente de Siria, con quien Putin intenta mantener buenas relaciones. Él, sin embargo, nunca recibió la calificación de terrorista.
Un hombre lleva un año y medio en prisión provisional por bromear con Putin y la vacuna de la COVID
En cuanto a las agrupaciones extremistas, se incluyen la empresa Meta y todas sus plataformas, el “movimiento LGTBI público internacional”, el “movimiento satanista internacional” o el colectivo punk de protesta Pussy Riot.
El principal propósito de meter en el mismo saco a estas entidades y a grupos terroristas violentos es cortarles los medios de subsistencia en Rusia, condenarlos a la muerte civil y señalarlos como peligrosos ante cualquiera que quiera relacionarse con ellos.
Así se explican los cientos de casos de personas detenidas y encarceladas por hacer donaciones a la fundación de Navalni. Solo en los últimos días, un vecino alemán de San Petersburgo fue arrestado por haberles enviado 900 rublos (unos nueve euros) y en la misma ciudad una joven ha ingresado en prisión preventiva por haberles hecho llegar 2.100 rublos (unos 21 euros).
Los servicios secretos también persiguen a todo aquel que hace comentarios positivos o que financia unidades del ejército ucraniano, ya sea el batallón Azov, o unidades rusas como la Legión Libertad de Rusia o el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que combaten junto a Ucrania. Todas ellas están incluidas en el listado del Kremlin de organizaciones terroristas.
Según Memorial, al menos un 40% de los condenados durante la primera mitad de 2026 por cargos de terrorismo son ciudadanos ucranianos. Esto incluye tanto a prisioneros de guerra como a civiles de los territorios ocupados, a quienes los investigadores rusos acusaron de colaborar o dar apoyo a Kiev.
Davidis considera “escandaloso” que se utilice “masivamente” la legislación antiterrorista contra personas “simplemente por el hecho de servir en las fuerzas armadas de su país y participar en la defensa ante una agresión”.
Estigma e intimidación
Precisamente, él mismo figura desde 2024 en la lista de terroristas y extremistas, bajo la categoría de terrorista, después de reconocer, como responsable de Memorial, que los prisioneros de guerra de Azov eran presos políticos al estar entre rejas únicamente por pertenecer a esta unidad.
En su caso, recibió una condena en ausencia a seis años de prisión porque se encuentra en la Unión Europea. La única limitación que sufre, más allá de no volver a poner los pies en Rusia, es que debe tener precaución de no viajar a ningún país que tenga tratados de extradición con Moscú.
El activista sostiene que el principal objetivo de esta deformación de las leyes contra el terrorismo es el “estigma”. Si una persona es perseguida por criticar la guerra, al ejército o a Putin, señala, todo el mundo entiende cuáles son los cargos, pero cuando se añaden estas otras etiquetas “la cuestión se vuelve mucho más difícil de descifrar y eso produce una impresión mucho más aterradora en la sociedad”.
“El sentido de las represiones no es sobre todo aislar, castigar o impedir la actividad de personas concretas, sino enviar un mensaje a la sociedad mediante su ejemplo”, explica, “aunque no hayan hecho nada o hayan sido elegidas arbitrariamente”. “Se trata de enviar a la sociedad el mensaje correcto de qué comportamiento considera correcto el Estado y cuál incorrecto, y hacer que las personas tengan miedo de ser castigadas”, añade.
Otro motivo detrás del auge de los cargos por terrorismo, según el activista de Memorial, es que implican tiempos de condena más largos. Por eso cree que las sentencias por extremismo están disminuyendo, en comparación. Además, los encarcelados por terrorismo cumplen las penas “en peores condiciones” y “son sometidos a castigos más severos”.
Davidis, sin embargo, alerta de que no hace falta acabar en una colonia penal para sufrir las consecuencias de la vinculación con el terrorismo. “Las personas incluidas en esta lista sufren fuertes restricciones de sus derechos civiles, incluso cuando están en libertad”, apunta. También advierte de que el cumplimiento de la condena no supone la exclusión del registro y, por tanto, provoca que el estigma y la intimidación persistan.
Desde su perspectiva, estas prácticas de la justicia rusa “han vaciado completamente de contenido” el concepto de terrorismo. El Estado ruso, destaca, “ha acabado perjudicándose a sí mismo” porque estas acusaciones “se toman cada vez menos en serio” por la cantidad de personas a las que se aplican.
La consecuencia de “el absurdo” de los casos, concluye Davidis, es el descrédito a ojos no solo de la Interpol o de las autoridades de otros países, sino incluso de los propios ciudadanos rusos.
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