Amnistía pide que se investigue a Shell como supuesto cómplice de asesinatos y torturas en Nigeria
Amnistía Internacional pide una investigación penal de la petrolera Shell tras acusarla de ser cómplice de abusos a los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas armadas nigerianas.
El martes, la ONG publicó un informe en el que revelan miles de documentos internos en la empresa y declaraciones de testigos que probarían la participación de la petrolera anglo-holandesa en la brutal campaña para silenciar activistas que se llevó a cabo en la región de los ogoni en los años 90.
Amnistía reclama al Reino Unido, Nigeria y los Países Bajos que evalúen un juicio penal contra Shell en vista de las pruebas que supuestamente la harían “cómplice de asesinatos, violaciones y torturas”, acusaciones que Shell rechaza rotundamente.
Si bien el conjunto de los documentos incluidos en el informe contiene material que Shell se vio obligada a sacar a la luz durante un juicio civil contra la empresa, y muchas de las acusaciones son de hace mucho tiempo, el informe también revela pruebas que no se conocían hasta ahora.
Se incluyen testimonios que ha visto the Guardian que aseguran que Shell manejaba una unidad de policía secreta, con agentes entrenados por los servicios de seguridad del estado nigeriano, para realizar tareas de vigilancia después de que la empresa anunciara públicamente que se retiraba de la región.
Shell se retiró de Nigeria a principios de 1993, citando razones de seguridad, pero luego “buscó formas de reingresar en la región y ponerle fin a las protestas llevadas a cabo por el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Mosop)”, según Amnistía.
El grupo se había conformado bajo el liderazgo del autor y activista nigeriano Ken Saro-Wiwa y luchaba por conseguir una carta de derechos para obtener autonomía política y económica para la población indígena y proteger su región de un “desastre ecológico”.
En 1993 la potente campaña logró que la petrolera se retirara de la región. Pero siguieron las protestas masivas cuando Shell continuó con sus planes de construir un oleoducto en la zona.
El 30 de abril de ese mismo año, las tropas que custodiaban a los trabajadores de Shell le dispararon a los manifestantes, hiriendo a 11 personas, y unos días más tarde un hombre fue asesinado de un tiro en el pueblo de Nonwa, en otro incidente.
Todo esto desató una brutal represión a cargo de las fuerzas armadas nigerianas, que asesinaron a unas 1.000 personas y destruyeron poblados, dejando a 30.000 personas sin hogar.
Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía, afirmó: “Las pruebas demuestran que Shell alentó repetidamente a las fuerzas armadas nigerianas a reprimir las protestas populares, incluso a sabiendas de los horrores que se llevarían a cabo: asesinatos, violaciones, torturas, destrucción de poblados”.
“Es indiscutible que Shell jugó un papel esencial en los eventos devastadores que sucedieron en tierras de los Ogoni en los años 90, pero ahora creemos que hay fundamentos para realizar una investigación judicial penal”.
“Restablecer el orden en la región”
Añadió: “El primer paso fue reunir todas las pruebas. Ahora estamos preparando una presentación penal para entregarle a las autoridades pertinentes en vistas de una acusación formal”.
La ONG asegura que Shell le brindó “apoyo logístico” a las fuerzas armadas, incluyendo transporte y, al menos en una ocasión, le pagó a un comandante militar conocido por sus violaciones a los Derechos Humanos.
Amnistía señala que los documentos, que compartieron con the Guardian, revelan que en marzo de 1994 la empresa le pagó más de 750 euros a una unidad especial del gobierno creada para “restablecer el orden” en la región de los ogoni.
Esto fue sólo diez días después de que el comandante de la unidad ordenara disparar contra activistas desarmados que protestaban frente a las oficinas centrales de Shell en la región, en Port Harcourt. Otras pruebas recopiladas apuntan a los vínculos aparentes entre Shell y la agencia de seguridad interior de Nigeria, la SSS.
Shell ha declarado públicamente que la fuerza policial que custodiaba a la empresa se encargó “solamente de proteger” al personal y las propiedades, pero testimonios obtenidos a partir de denuncias contra la empresa presuntamente demuestran que esa unidad tenía estrechos vínculos con la SSS.
George Ukpong, exdirector de seguridad de Shell para la región oriental, que supervisó la fuerza bajo instrucciones de la empresa, indicó: “Cada día que vengo a trabajar, llamo al director de seguridad estatal. Intercambiamos información”.
Una de sus principales fuentes era una unidad de la fuerza que custodiaba a Shell, que recogía información ingresando de civil a regiones sensibles. “En lo que a mí respecta, son informantes”, dijo.
En su declaración como testigo, Ukpong explicó cómo la SSS entrenaba a la unidad. Dijo: “Invitamos a la unidad de entrenamiento a que vengan y elijan a algunos de nuestros agentes de inteligencia. Tenemos una sección en la policía que se supone que se encarga de estas cosas. Entonces, los sentamos y les enseñamos lo básico sobre vigilancia y recopilación de información”.
Mark Dummett, investigador de Amnistía, aseguró: “El hecho de que Shell manejara una turbia unidad secreta y luego le pasaba información a la agencia de seguridad del estado es realmente inquietante. En esa época, Nigeria reprimía violentamente a los protestantes pacíficos y existe la posibilidad de que la información que recogía la unidad espía secreta de Shell haya contribuido a graves violaciones de los Derechos Humanos”.
Y añadió: “Las pruebas demuestran cuán cercana y cuán insidiosa era la relación entre la empresa petrolera y el estado nigeriano, y Shell tiene que responder preguntas muy serias”.
La campaña del gobierno nigeriano contra los ogoni culminó hace 22 años con la ejecución de nueve hombres ogoni, incluyendo a Saro-Wiwa, líder de las protestas. Estas muertes generaron indignación en todo el mundo ya que todo indicaba que no habían tenido un juicio justo.
¿Una empresa criminal?
En junio de este año, las viudas de cuatro de los hombres ejecutados presentaron un escrito contra Shell en los Países Bajos, acusando a la empresa de ser cómplice de la muerte de sus maridos.
Tanto una persona como una empresa pueden considerarse responsables penales si alientan, posibilitan, agravan o facilitan un delito. El nuevo informe de Amnistía Internacional, ¿Una empresa criminal?, alega que Shell estuvo involucrada de esta forma en los crímenes contra los ogoni.
En su declaración final al tribunal que lo condenó, Ken Saro-Wiwa advirtió que Shell algún día tendría que responder por sus acciones ante un juez.
Ahora Amnistía dice: “Estamos decididos a llevar esta acción a cabo. Debe hacerse justicia por Ken Saro-Wiwa y las miles de vidas arruinadas por la destrucción de las tierras de los ogoni en manos de Shell”.
Un portavoz de las oficinas de Shell en Nigeria dijo que la empresa siempre ha rechazado estas acusaciones de la forma más rotunda posible. Señaló: “Las ejecuciones de Ken Saro-Wiwa y otros ogonis en 1995 fueron eventos trágicos llevados a cabo por las fuerzas armadas, por orden del gobierno que estaba en ese momento en el poder. Nos entristecimos y escandalizamos con las noticias. Shell le pidió al gobierno nigeriano que tuviera misericordia. Lamentablemente, esa petición –que realizaron muchas otras personas más– no fue escuchado”.
Añadió: “El apoyo a los Derechos Humanos, en línea con un legítimo papel empresarial, es uno de los valores fundamentales de Shell, junto con la honestidad, la integridad y el respeto por las personas. Las acusaciones de Amnistía Internacional contra Shell son falsas y no tienen fundamentos. Shell no conspiró con las autoridades para reprimir protestas y de ninguna forma alentó ni justificó ningún acto de violencia en Nigeria. Creemos que las pruebas demostrarán claramente que Shell no es responsable por estos trágicos acontecimientos”.
Traducido por Lucía Balducci
