El Partido Riojano expone que Vallejo podría haber incurrido en más ilegalidades

Miguel González de Legarra, presidente del Partido Riojano, y el concejal de desarrollo urbano, Miguel Gómez Ijalba, han presentado en la sede logroñesa del partido regionalista el análisis de los últimos acontecimientos relacionados con el caso de los viñedos ilegales en los que está involucrada la vicepresidenta del Gobierno Regional, Aránzazu Vallejo, y su familia.

Legarra ha denominado este asunto como “el fraude más importante en la historia de la Denominación de Origen Rioja” y recuerda que “el diario La Rioja confirmó la presencia de viñedos ilegales e hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo”, y que no fue hasta que se hizo pública esta sentencia que la familia Vallejo no inició las operaciones para eliminar la plantación no autorizada.

El presidente del PR ha asegurado que desde su partido han interrogado al Presidente del Gobierno Regional sobre esta situación y que Pedro Sanz siempre les ha contestado con evasivas. También ha querido desvelar que “la vicepresidenta es, al menos, copropietaria de la viña mantenida ilegalmente durante 10 años” y que este hecho “justifica claramente el interés público de este asunto y la exigencia de transparencia tanto para la vicepresidenta como para el Consejo Regulador”.

“En el Partido Riojano”, ha comunicado el presidente del mismo, “preguntamos por las razones por las que más de un año después de la sentencia del Supremo siguieran las viñas ahí”. Además ha instado a Aránzazu Vallejo “a explicar si es copropietaria de la empresa que ha intentado estafar más de 500.000 kilos de uva”.

Los regionalistas creen “que hay un intento por ocultar una realidad que todos sabemos cierta”. Legarra ha recordado como su partido comenzó a desvelar esta trama ilegal “y al principio hubo incredulidad hacia el PR, y el silencio que hay ahora puede ocultar una realidad que conlleve más implicaciones”, también se ha preguntado “¿qué influencias ha usado para tratar de frenar las acciones administrativas que deberían haberse aplicado a su familia?” y recuerda que “casi cinco meses después de haber sido ordenado el arranque no lo había hecho”.

Destilación

González de Legarra ha explicado uno de los procesos por los que debe pasar la uva antes de optar al consumo, el proceso de destilado. Este destilado lo llevan a cabo empresas alcoholeras que deben de hacer un registro de todas las cantidades que entran para ser trabajadas. Legarra, ante esta situación, pregunta si “se ha producido durante estos años la destilación obligatoria porque, de ser así, debe estar declarado por norma”, esta cuestión es importante, ya que si esta destilación no está declarada “es lógico preguntar ¿qué ha pasado con la uva?, porque si ésta no existe se incurre en otra ilegalidad”.

El presidente del PR también ha querido hacer mención a los incidentes ocurridos entre los familiares de Vallejo y los dos periodistas que fueron a cubrir la eliminación de las viñas ilegales. Ha calificado la actuación de la familia Vallejo como “esperpéntica, violenta, airada y lamentable” y ha querido exponer que “no es la primera vez que amenazan a autoridades y ciudadanos cuando les recriminan sus ilegalidades”. Legarra ha reflexionado que “el Gobierno tenía que haber expresado su repulsa” y que “los ciudadanos no podemos permanecer callados ante este tipo de actuaciones”.

Para finalizar sus declaraciones, antes de dar paso a Ijalba, ha querido comunicar que su grupo “se suma a las condenas hacia esas actuaciones y suscriben cada palabra de las mismas, y reclama una condena que a estas alturas debería de ser firme y rotunda por el Gobierno de La Rioja”.

El concejal de Desarrollo Urbano, Miguel Gómez Ijalba, ha sugerido que “hay 40.000 kilos de uva cuya destilación tendría que estar acreditada” y ha explicado que el Ministerio de Agricultura sanciona, mínimo, con 12.000 euros cada hectárea ilegal, para preguntarse “dónde está el expediente sancionador obligatorio, porque no hemos conocido que la familia Vallejo se le haya exigido esta sanción”.

Ijalba también ha reconocido que “los derechos de plantación no tienen que corresponder a los propietarios de la tierra donde se lleva a cabo, pero sí que es necesaria la firma de los propietarios, así que la firma de la señora Vallejo, como copropietaria, ha de constar tanto en los viñedos legales como en los ilegales”. Ante tal conformidad, Ijalba expone que “Jesús Vallejo dijo que toda la documentación estaba en la Cámara Agraria, así que si está su firma es porque Aránzazu Vallejo debía conocer esos viñedos”.

Respecto al caso del funcionario corrupto, Luis Ayúcar, ahora imputado por estafa, Ijalba ha tenido también comentarios. Jesús Vallejo declaró en su momento que había pagado en mano diez millones de pesetas a este ex funcionario e Ijalba se pregunta si este dinero era “dinero negro”, por lo que exige el albarán o la factura de ese pago para aclarar esta cuestión. Como las tasas regulares son de 4 euros por hectárea, el concejal se cuestiona de nuevo “de dónde salía todo ese dinero”, y también inquiere en que “si todos los afectados (por el delito del ex funcionario) han pasado por el juzgado para declarar como testigos o imputados, ¿por qué no hay referencia del paso de la familia Vallejo por los juzgados? ¿Hay acaso alguna influencia que permitiera tal hecho?

Para finalizar Ijalba ha comunicado las peticiones que planteará su partido ante el Parlamento Regional. Éstas pasan por “que se de fe pública de ese expediente sancionador; que se acredite la destilación de esa uva y una respuesta de todos aquellos implicados en el caso”.