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MADRID

El Ayuntamiento de Madrid se queda sin vivienda pública en plena burbuja del alquiler

La Empresa municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento entrega en mayo las últimas viviendas de las que dispone destinadas al alquiler social

El ministro de Fomento aseguró que una parte de la subida del alquiler en las grandes ciudades hay que atribuirla a la escasez de oferta pública

El ministro culpa a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona pero las competencias sobre vivienda son del Gobierno central y las comunidades

La alcaldesa Mauela Carmena y Marta Higueras durante una jornada de puertas abiertas en el ayuntamiento de Madrid.

La alcaldesa Mauela Carmena y la presidenta de la EMVS, Marta Higueras CHEMA BARROSO / ©GTRESONLINE

El Ayuntamiento de Madrid entregará este mes de mayo 88 viviendas destinadas al alquiler social para familias desfavorecidas. En abril, fueron 134 y con estas se acaba prácticamente el parque de las viviendas sociales libres en la capital. Los pisos municipales destinados al alquiler social se agotan coincidiendo con el auge del precios de arrendamientos que se está notando en el conjunto de la ciudad, aunque especialmente en la zona centro.

A falta de datos oficiales, los portales Idealista y Fotocasa publican sus propios informes sobre la evolución del precio del alquiler. En Madrid, la subida durante el primer trimestre del año ha sido de un 2,7%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 15,9 euros (un 7,8% más que hace un año). Los distritos de Centro, Chamberí y Chamartín superan esa media.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, aseguró el pasado 23 de abril que una parte de la subida del alquiler en las grandes ciudades hay que atribuirla a la escasez de oferta. Para De la Serna, el incremento está relacionado con la falta de un parque público de viviendas, de la que considera responsables a los gobiernos locales, citando expresamente a los de Madrid y Barcelona.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid solo dispone en estos momentos de un parque de 6.061 viviendas, después de que los anteriores gobiernos del PP vendieran masivamente patrimonio público. Desde que Ahora Madrid gobierna en la capital, se han adjudicado 2.678 viviendas que se encontraban vacías a su llegada. El resto ya estaban ocupadas en régimen de arrendamiento social, confirman a eldiario.es desde la empresa pública.

Estas palabras del ministro de Fomento ha enfadado al Ayuntamiento de la capital gobernado por Ahora Madrid que recuerda que en política de vivienda las competencias recaen en el Gobierno central y en las Comunidades Autónomas. La EMVS se creó con otro propósito que no era ni el de venta ni alquiler de vivienda dado que las competencias no son municipales. De hecho, el consejero delegado de la empresa pública, Francisco López, recuerda que el alquiler social, al igual que otros servicios como el SAMUR o las escuelas infantiles, son competencias "impropias" que el Ayuntamiento asume sin que haya una compensación económica para hacer frente a estos servicios.

La venta de vivienda social ha sido sistemática durante los anteriores gobiernos municipales del Partido Popular. A la enajenación de 1.860 viviendas a Fidere por parte del Gobierno de Ana Botella que en estos momentos se encuentra judicializado, hay que sumarle otras 3.000 viviendas a otros fondos buitre. El valor de las viviendas sociales que vendió el Ayuntamiento de Ana Botella a los fondos buitre ha aumentado ya un 227%: Blackstone (Fidere) pagó por promociones de VPO con inquilinos en su interior casi 202 millones y el precio actual de mercado de esas casas está actualmente por encima de los 660 millones.

Vivienda pública y regulación de precios

La enajenación de patrimonio público ha sido una constante durante los últimos 20 años en la capital donde la política pública de vivienda se ha basado en la venta. La pérdida de viviendas públicas durante las últimas dos décadas se ha cuantificado en 23.000, según la EMVS, lo que supone que de no haberse producido todas estas ventas en la actualidad el Ayuntamiento de Madrid contaría con parque estimado de 29.000 viviendas.

Pero aún así, esas 30.000 viviendas de seguir siendo públicas no ayudarían a regular el precio de la vivienda, aseguran los expertos consultados. Madrid cuenta con alrededor de un 2% de vivienda social. "Es un drama que se acaben las viviendas, pero lo hay nunca ha servido para que afecte a la regulación de precios", explica a eldiario.es Raquel Rodríguez, doctora arquitecta y profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

"Hay que tener en cuenta que el parque de alquiler público no llega al 2% en Madrid, la incidencia es nula", explica la arquitecta. "Siempre que hablemos del modelo Viena o el de otras ciudades europeas hay que tener en cuenta que en esos casos las ciudades cuentan con un elevado número de vivienda pública entorno al 20% o el 25% sino no hay manera de incidir en el precio", añade.

La EMVS se quedará sin vivienda cuando se entreguen las llaves de las 88 que ya están adjudicadas. Tendrá únicamente un número reducido para emergencias. A 31 de marzo, se han registrado 24.432 peticiones de familias vulnerables, de las que 21.837 se encuentran válidamente inscritas, tras haber aportado la documentación requerida en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda de la EMVS. De ellas, 15.000 tienen ingresos inferiores a 500 euros, detallan desde la empresa municipal.

Los más de 20.000 solicitantes tendrán casi imposible conseguir un alquiler social en un corto periodo de tiempo. El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena tiene en marcha varias medidas para poder responder a la emergencia social en un momento en el que los precios de los alquileres se han disparado en toda la capital.

"Las competencias en son exclusivas y plenas de las comunidades autónomas, por lo que en nuestro caso es la Comunidad de Madrid quien debe dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, ante la inacción del gobierno regional, desde la EMVS hemos puesto en marcha, entre otras acciones, un plan de promoción  de 4.000 viviendas y la compra de viviendas en el mercado de segunda mano", explica el consejero delegado de la empresa municipal a este diario.

La compra de vivienda de segunda mano no ha dado los frutos esperados. Desde que se puso en marcha, el Ayuntamiento solo ha podido comprar 22 inmuebles. Respecto a la construcción de vivienda, en estos momentos se encuentran en construcción 1.900 de las 4.000 previstas, pero estas no estarán acabadas hasta principios de 2020.

Otras medidas

Disponer de repente de un parque de vivienda pública del 20% del total para incidir en los precios del alquiler es casi imposible. Por eso, para Raquel Rodríguez hay otras medidas que se pueden poner en marcha desde ya que ayudarían a regular los precios desorbitados que sufren las grandes ciudades. A su juicio, los alquileres turísticos influyen pero no es el único problema.

La arquitecta recuerda que en Madrid hay 10% de viviendas vacías, lo que suponen en torno a 150.000. "En materia de vivienda hay un tema pendiente que es la fiscalidad", señala. La experta en materia de vivienda considera que "las ayudas al alquiler sin mirar el precio final es tirar el dinero" y a su juicio, hay que ir a un modelo de premiar fiscalmente o castigar las buenas y malas prácticas.

La fiscalidad es competencia estatal, recuerda. E indice en que no se puede colocar al mismo nivel a los propietarios individuales que a las Socimis (sociedades que tributan al 1%). "El ladrillo se ha convertido en un valor de inversión". Por eso, para Rodríguez, "hay que devolver la vivienda al lugar del que no debería haberse ido nunca".

Pero hay otras medidas que ayudarían: ampliar los contratos del alquiler a entre 6 y 12 años frente a los tres que hay actualmente y limitar los precios. "Hay una referencia que es el famoso 60% de los ingresos de una familia media". A su juicio no se debe limitar por zonas (unas más caras que otras), como plantean otros expertos, porque contribuye a la segregación.

"Llegar a un 20% de vivienda pública sería lo deseable e ideal, pero mientras se pueden tomar muchas otras medidas encaminadas a hacer de la vivienda un derecho", concluye Raquel Rodríguez.

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