Condenados y en el cargo: el PP mantiene en Madrid a un alcalde y a una asesora de Garrido inhabilitados por la Justicia
Al PP de Madrid se le acumulan los problemas a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales. A los imputados o querellados –Pozuelo, Colmenar, Brunete, Majadahonda...– se suman ahora dos condenados. Un alcalde y una concejala, también asesora del Gobierno de Ángel Garrido hasta su cese este martes, de dos municipios diferentes continúan ejerciendo sus funciones públicas pese a que la Justicia ha concluido que cometieron delitos y les ha condenado con penas de inhabilitación y hasta de cárcel.
El primero es Ramón Regueiras, regidor de Hoyo de Manzanares. El juzgado número 11 de Madrid condena al alcalde y al letrado del Ayuntamiento, Jesús Cardona Ayuso, a dos años de cárcel y dos de inhabilitación por un delito de desobediencia y otro de usurpación de funciones públicas por desobedecer al Tribunal Supremo, que le obligó a dejar la alcaldía tras una moción de censura sin validez jurídica que le colocó en el poder en 2009.
En el Ayuntamiento recuerdan que la sentencia “no es firme” y se limitan a asegurar que Regueiras “sigue con su agenda normal”. El PP de Madrid mantiene silencio: evita pedir públicamente su dimisión y le protege, aunque fuentes del partido aseguran a eldiario.es que en privado y de forma verbal sí le han empujado a dejar el acta. El PP admite que no ha puesto una fecha límite al regidor para salir del Ayuntamiento pero fuentes internas aseguran que se abrirá un expediente para expulsarlo si en un tiempo prudencial –que evitan concretar– no deja el bastón de mando.
Para justificar su parsimonia a la hora de tomar decisiones, el PP se escuda que la condena es por un “delito administrativo”. “No trata de corrupción”. Una excusa que también aplican al caso de la segunda condenada: Marisol Casado, edil de Alpedrete, alcaldesa del municipio durante 12 años (hasta que el PP perdió el poder en 2015) y también asesora de la viceconsejería de Educación, Cultura y Deporte. Por este último puesto, que ocupaba hasta este martes cuando ha sido cesada, Marisol Casado percibe 53.640 euros anuales de las arcas públicas, según el Portal de Transparencia. La Audiencia Provincial la condena en firme (sin posibilidad de recurso) por prevaricación administrativa con siete años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Casado ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir el fallo de la Sección número 23 de la Audiencia.
Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Casado contrató en 2010 a dedo a dos peones en el Departamento de Obras del Ayuntamiento pese a que dos informes de la secretaria y de la interventora municipales advertían que debía abrir un procedimiento público para esos puestos. “Pese a tener cumplido conocimiento de que la contratación de personal requería la apertura de un procedimiento público, la acusada llevó adelante su decisión de contratar directamente mediante Decreto como oficiales de primera a dos personas, prescindiendo por completo del cauce legal que sabía que debía seguirse”, concluye la sentencia, que revoca una absolución previa en órganos de instancias inferiores. Según CCOO, sindicato autor de la demanda, con uno de los contratados mantenía un “vínculo familiar”.
En este caso, el PP de Madrid confirma a eldiario.es que se ha abierto un “expediente informativo” a la concejala “al tener constancia de la sentencia”. “Nos reuniremos con ella de forma inmediata para que aporte las pruebas que considere oportunas”, abundan fuentes del partido. La Consejería de Educación no ha respondido a este medio sobre la situación de la concejala como asesora. Horas después, fuentes del Gobierno regional han confirmado a eldiario.es su cese. Este diario también se ha puesto en contacto con Marisol Casado sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
Pese a que ambos representantes públicos cargan con sendas condenas judiciales, el recién estrenado código ético del PP de Pablo Casado no les aplica porque afecta “a los empleados y cargos directivos y orgánicos del partido”. “No es de aplicación a las actuaciones que desarrollen aquellos miembros del Partido Popular en el ejercicio de funciones o cargos públicos pues estas actividades son objeto de control por parte de las Instituciones Públicas correspondientes”, reza el texto, no aplicable, como otros, a ediles o diputados.
Ante esta situación, los grupos políticos de los municipios afectados por las condenas se revuelven. En Hoyo de Manzanares, toda la oposición pidió en una carta enviada el 11 de octubre la “dimisión en el plazo de una semana” del alcalde. Un mes después, el regidor no se ha movido de su sillón y la oposición no ha conseguido reunir los apoyos suficientes para presentar una moción de censura y echarle.
Ciudadanos, pese a que firmó la misiva para exigir la salida del regidor junto a Izquierda Unida-Los Verdes, PSOE y Unidos por Hoyo, ha impedido al resto de grupos seguir adelante con la acción. El respaldo de su única concejala, Elena Talavera, es imprescindible para reunir la mayoría necesaria para presentar la moción. “La mejor moción son las elecciones dentro de seis meses. No vamos a permitir una inestabilidad en Hoyo de Manzanares con una amalgama de partidos de extrema izquierda populista”, aseguran fuentes de Ciudadanos a eldiario.es.
La ambivalencia de Ciudadanos en este municipio madrileño de 8.000 habitantes raya lo estrambótico. La misma concejala que ahora mantiene con respiración asistida al alcade al no apoyar la moción es una de las responsables de la condena. Elena Talavera fue, como antigua concejala del PP, una de las personas que junto al resto del grupo municipal popular puso en manos de los tribunales las irregularidades que ahora la justicia tipificado como delito de usurpación de funciones públicas.
La historia de Hoyo de Manzanares solo se entiende por un baile constante de siglas y de personas. Ramón Regueiras, hoy del PP, asumió la alcaldía después de una moción de censura problemática en 2008 contra el regidor del PP de entonces en la que una edil de los indenpendientes, compañera de Regueira, que iba a votar a favor se equivocó.
La alternativa, resultante de un pacto con IU y PSOE, fracasó y el asunto se judicializó. Varios jueces dedicaron meses a estudiar si aquello fue un “lapsus linguae” o un cambio de posición política de la concejal. El secretario municipal optó por esta segunda vía pero una primera sentencia de un juzgado contencioso-administrativo corrigió la decisión y convirtió en alcalde a Regueira. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en sentido contrario y el Supremo obligó finalmente a Regueira a devolver el poder al anterior alcalde, Antonio Antolínez. Pero el independiente hizo caso omiso al fallo, como ahora recuerda la sentencia que lo condena, y continuó cobrando su sueldo, sus dietas y tomando decisiones como regidor municipal.
Una ensalada de imputados
Pablo Casado añade estas dos condenas a un ya de por sí complicado panorama en los municipios de Madrid. Ediles y alcaldes de varios municipios mantienen cuentas pendientes con la justicia y se acercan las elecciones. El regidor de Brunete (Borja Gutiérrez) está imputado en el caso Púnica; la de Pozuelo de Alarcón (Susana Pérez Quislant) figura como investigada por un delito medioambiental; el alcalde de Colmenar (Jorge García Díaz) fue llamado a declarar hace dos semanas acusado de prevaricación urbanítica; y Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, tiene dos causas judiciales pendientes por permitir que el hospital Puerta de Hierro funcionara sin licencia desde el año 2008. La lista la completan otros cargos públicos bajo sospecha, como los regidores de Torrejón de la Calzada (Eusebio García) y Colmenarejo (Nieves Roses).
Algunos de ellos, pese a su delicada situación, aparecieron en una foto frente al Congreso de los Diputados cuando el PP presentó la propuesta para que gobierne la lista más votada.
Con este panorama, Casado enfrenta la decisión de colocar una cara visible y ganadora para cada municipio, con las cuentas pendientes de las primarias sobre la mesa y la amenaza de perder más poder en los pueblos cuya historia no se entiende sin las mayorías absolutas (ya perdidas) de los conservadores.
ACTUALIZACIÓN: La Consejería de Educación ha cesado este martes, tras la publicación de esta noticia, a Marisol Casado como asesora de la viceconsejería de Educación por el “acato y respeto” a las decisiones judiciales“.
