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El PP estrena Código Ético: "El Partido Popular rechaza cualquier forma de financiación no permitida por la ley"

La dirección de Casado aprueba un documento que regula las finanzas del partido por primera vez tras la condena de Gürtel y la investigación de Púnica

El texto trata de evitar nuevos escándalos y establece prohibiciones que ya están en el Código Penal como el tráfico de influencias y la financiación ilegal

La normativa interna prohíbe "solicitar en nombre propio o del partido retribuciones por influir indebidamente en funcionarios públicos"

DOCUMENTO: Código Ético y de Conducta del Partido Popular

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El presidente del PP, Pablo Casado (derecha) y el secretario general, Teodoro García Egea (izquierda).

El presidente del PP, Pablo Casado (derecha) y el secretario general, Teodoro García Egea (izquierda). Flickr PP

El PP ha necesitado tres décadas de historia y una condena por corrupción para decidirse a regular su financiación y cuando lo ha hecho ha establecido prohibiciones que ya recoge el Código Penal, como el tráfico de influencias o la financiación ilegal. El partido ha incorporado en su nuevo  Código Ético y de Conducta (ver PDF) por primera vez unas "pautas específicas de conducta" sobre sus ingresos. El texto impulsado por la dirección de Pablo Casado se aprobó el martes por el Comité Ejecutivo de los populares –y ha sido publicado en la página web del partido – y establece como obligación ética la no comisión de delitos castigados en el Código Penal.   

"El Partido Popular rechaza cualquier forma de financiación no permitida por la Ley de Financiación de Partidos Políticos o incompatible con sus disposiciones", reza el nuevo Código Ético. Se trata de un documento de 15 páginas, siete más que el anterior  Código de Buenas Prácticas (ver PDF) que se mantenía vigente desde 2009 y que fue impulsado por la entonces secretaria general Ana Mato, que acabó dimitiendo por el caso Gürtel y a la que  la sentencia de la Audiencia Nacional consideró partícipe a título lucrativo de la trama de Francisco Correa.

La Audiencia Nacional certificó la existencia de una caja B en el partido, al que condenó a una multa de 245.000 euros por mantener una "estructura financiera y contable paralela a la oficial". Esa contabilidad que el extesorero del partido Luis Bárcenas –hoy en prisión– llevaba a mano se nutría, según esa sentencia, con "donaciones finalistas" de empresarios y se usaba para "pagar gastos electorales del PP".

En el nuevo Código Ético se hace una mención expresa a esas donaciones con el  objetivo de evitar que las irregularidades que llevaron al PP al banquillo se vuelvan a repetir. El texto establece que "las donaciones que se reciban deberán ser conformes con la legislación aplicable, debiendo comprobarse que cumplan con los requisitos formales y datos legalmente exigidos". También explica que "el partido velará por que no existan donaciones contrarias a las leyes o que persigan determinados fines ilícitos, ya sea por parte del propio partido o por parte de alguno de sus miembros".

La investigación de Púnica

El documento advierte, además, de que "se bloqueará cualquier donación sospechosa de infringir la Ley de Financiación de Partidos Políticos, de tal modo que no pueda ser utilizada para ningún fin". El PP también se ve en la obligación de dejar negro sobre blanco que "todos los gastos electorales relativos a campañas electorales deberán ser debidamente justificados ante el Tribunal de Cuentas", una exigencia que ya se recoge en la propia legislación.

El nuevo código de los conservadores se aprueba mientras la Justicia sigue investigando al PP de Madrid por su financiación irregular en Madrid. La Audiencia Nacional unificó en enero en una sola pieza la causa sobre esas sospechas que se enmarcan dentro de la trama Púnica.

Hace nueve meses, el exsecretario general del partido en Madrid, Francisco Granados –también imputado en esa causa–,  aportó a  la Audiencia Nacional facturas presuntamente falsas de la Consejería de Justicia que dirigía Alfredo Prada –que le precedió en el cargo– y que él cree que servían para pagar los gastos de una "campaña paralela" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 que se habría pagado con dinero negro.

El documento aprobado ahora por el PP especifica que "los gastos ocasionados por la concurrencia a elecciones de diversa índole no puede superar la cifra de gastos asignados" y matiza que "dicha cuantía deberá ser establecida con carácter previo por los órganos del partido". También establece la prohibición de "cualquier forma de patrocinio de eventos o actividades del Partido Popular al margen de las permitidas por la legislación vigente". Y zanja: "no está permitido abrir o mantener cuentas bancarias, cajas o fondos que no estén incluidos en la contabilidad del partido". 

Los regalos, vetados

En el nuevo Código Ético, el PP "rechaza cualquier beneficio del partido o de sus integrantes que tenga que ver con tráfico de influencias" y determina que "ninguna persona aceptará ningún trato de favor que implique privilegio o ventaja por su pertenencia o vinculación al Partido Popular". Prohíbe, asimismo, "solicitar a cualquier tercero, en nombre propio o del Partido, una retribución, pago o recompensa de cualquier género e importe a cambio de influir indebidamente en un funcionario público". 

"El Partido Popular está totalmente comprometido con la lucha contra el blanqueo", concluye el documento, en el que también se prohíbe a los cargos del PP "aceptar o solicitar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades" que no respondan "a los usos y costumbres sociales y de cortesía". Esta formulación es idéntica a la del código de 2009, pero en este caso se concreta que esos presentes no pueden ser "entregas de dinero en metálico" o "entregas monetarias asimilables al dinero". 

Con este nuevo Código Ético el PP pretende remarcar "la cultura de cumplimiento de la legalidad y de tolerancia cero hacia la corrupción" que, según explica el partido, es "un principio rector y valor esencial de la actividad del Partido Popular". Una cultura que, sin embargo, los conservadores han incumplido a lo largo de su historia según los tribunales que han acreditado la existencia de una contabilidad paralela.

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