Transcurridos 15 meses de la primera gran manifestación policial contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, un nutrido grupo de personas ha vuelto a marchar este mediodía por Madrid, convocado por la asociación Jusapol, que integra a policías y guardias civiles, el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Juicil. La marcha ha sido, no obstante, mucho menos numerosa que la celebrada en noviembre de 2021. Asistieron 3.500 personas, según ha confirmado a EFE la Delegación de Gobierno, por más de 20.000 de entonces. Los múltiples apoyos de los partidos de la oposición que logró aquella protesta han sido hoy mucho más tímidos.
La marcha de Jusapol la ha apoyado también el sindicato CSIF -que pide reforzar la autoridad de los funcionarios de prisiones- y la central CPPM, de los policías madrileños. No así el resto de sindicatos policiales, que se habían sumado en bloque a la manifestación de 2021. La marcha actual llega tras reunirse en diciembre con los sindicatos policiales el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La reclamación pasa por detener la tramitación de la reforma legal, que limitará las atribuciones de los policías a la hora de imponer sanciones administrativas. No así de los delitos, que quedan fuera de la ley, a pesar de que los líderes sindicales insisten, de nuevo hoy en el manifiesto de la protesta, en que el Gobierno legisla “para los delincuentes”. La marcha será, según declaró ante los medios Miguel Gómez, presidente de Jusapol, una “semilla que va a germinar y que va a cambiar por completo la sociedad [para mal]”. Si las manifestaciones espontáneas, sin comunicación previa a las autoridades, pasan a estar autorizadas se perjudicará a “comerciantes” y “taxistas”, entre otros. “No podemos permitir que un grupo de violentos legisle para mantener a nadie en el poder”, dijo Ernesto Vilariño, secretario general de Juicil. “Se legisla antes para sediciosos y delincuentes que para ciudadanos y policías”, apuntó Aarón Rivero, de Jupol.
Ni las grabaciones que pongan en peligro a los agentes dejarán de estar sancionadas, como dicen temer los convocantes, ni que se regulen las multas en función del patrimonio del multado es “inconstitucional”, como se dijo hoy por megafonía en las arengas, sino que se aproxima el sistema de sanciones administrativas al que opera en el orden penal.
Los convocantes esperaban una afluencia masiva, a juzgar por los medios desplegados. Dos camiones en la cabecera, seguidos de dos furgonetas cargadas de altavoces y una tercera a la cola. La convocatoria avisaba de que habría “autobuses gratuitos desde todas las provincias” hasta Madrid, pero el resultado fue discreto: tras salir de la fuente de Neptuno, pasar por el Congreso de los diputados y dar la vuelta por detrás, los manifestantes que completaron el recorrido no consiguieron llenar ni la mitad de la Plaza de Cibeles, muy lejos de la protesta contra el “plan oculto” para cambiar la Constitución de enero y todavía más de las dos últimas grandes marchas en defensa de la sanidad pública.
La disminuida afluencia era patente para una pareja de mediana edad al arranque de la marcha, que charlaba con uno de los integrantes del dispositivo de seguridad, con chaleco reflectante amarillo. “Estamos muy vetados por la prensa”, justificaba este, ajeno a las entrevistas que en televisiones y radios han concedido en los últimos días los líderes sindicales.
La prensa, culpable
Los señalamientos a la prensa fueron una forma de descargar tensiones de los asistentes. De pie sobre un pilote de la acera, una reportera de Televisión Española esperaba para intervenir, rodeada de manifestantes, muchos de edad avanzada, que la abucheaban sin clemencia, al grito de “vendidos”, pero también al de “que te vote Txapote”, acompañados de pitidos de silbato y bocinazos. Por detrás sonaba por un altavoz portátil Manolo Escobar, cantando ‘Que viva España’. Una mujer de pelo blanco, bandera constitucional al hombro y megáfono repetía, irónicamente: “Hemos venido cuatro fachas”.
La comitiva fue perdiendo efectivos a medida que avanzaba, y cuando llegó a Cibeles, apenas ocupó un tercio de la plaza. Casi hasta el final aguantaron el secretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, acompañado de Ana Vázquez, secretaria de Interior de los populares -ambos estuvieron en el encuentro entre Feijóo y los líderes sindicales de diciembre- y la diputada Beatriz Fanjul, que no se quedaron a la lectura del manifiesto. Por Vox, estuvo Javier Ortega Smith, portavoz municipal. También asistió Edmundo Bal, de Ciudadanos. La representación de los partidos fue mucho menos potente que en 2021, cuando se dejaron ver el entonces líder popular Pablo Casado, o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como el líder de Vox, Santiago Abascal.
“Esta es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el PP gana las elecciones y lo terrible es que el PSOE lo apoya en una acto de absoluta irresponsabilidad”, ha insistido Pons.
“Quieren que nuestra policía y nuestra guardia civil salgan a la calle amordazados y con las manos esposados en la espalda”, ha denunciado por su parte Ortega Smith, quien ha acusado de al Gobierno de “traidor” y de “rendir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los intereses de los mayores enemigos de España”
Edmundo Bal ha mostrado también su rechazo a una reforma que “criminaliza” a los policías y abre además “amplios márgenes de impunidad” a los violentos.