Almeida, a vecinos de viviendas municipales amenazados con desahucios: “No era consciente de esto”

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, asegura desconocer los desalojos emprendidos por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), dependiente de su propio Gobierno municipal, y que la empresa está negándose a reunir con los inquilinos, según le han contado los propios afectados. “No era consciente de esto”, ha respondido a un grupo que protestaba contra estos procesos este martes en el Teatro Real. A pocos metros de la inauguración del Bloomberg CityLab, un encuentro de líderes municipales mundiales para debatir el futuro de las ciudaded.

“Explícale al alcalde lo que está pasando”, ha indicado en primer lugar una persona a la manifestante que se dirige luego al regidor: “Soy una madre de 40 años. El edificio de EMVS está en la calle Doctor Tolosa Latour. Tengo tres niños menores, estoy enferma, al corriente de pago y me quieren desahuciar por una antigua deuda que estoy pagando. Hay edificios igual en Usera, Villaverde, Vallecas o Carabanchel”.

La afectada cuenta que “escribí al correo electrónico [del alcalde], me contestaron del gabinete y remitieron a EMVS, que ha pasado de todo y no me atienden”. Es entonces cuando Almeida responde a la mujer que “eso no puede ser de ninguna manera”. Cuando otra manifestante indica que “se están yendo familias a la calle sin alternativa y ya hay familias desahuciadas”, el regidor asegura que pretende tomar cartas en el asunto: “No era consciente de esto. Llamo ahora mismo a EMVS y que os reciban”. “Tienen derecho a ser escuchados”, concluye el primer edil.

Mercedes Revuelta es la mujer que facilita esa conversación entre Almeida y Vanesa, la madre de una familia con una orden de desahucio programado para finales de mayo. En declaraciones Somos Madrid, esta activista de la Asamblea de Vivienda de Usera (vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) señala que Vanesa “no tiene ninguna alternativa habitacional y está volviéndose loca para encontrarla”.

Cuestiona que el alcalde, “máximo responsable que debe supervisar y hacer las directrices de EMVS”, diga que no tenía conocimiento de estas prácticas: “En la sede de la empresa municipal ni nos reciben ni se sientan a negociar. Los activistas y los afectados estamos haciendo nuestros trabajo con creces. El alcalde y EMVS, no”.

Desde la compañía pública reconocen en declaraciones a este diaro que cuando el conflicto se judicializa “no hay interlocución directa”, pero mantinen que antes de ello “siempre hay atención”. “Por motivos de protección de datos y al afectar a derechos fundamentales y de privacidad de los afectados, no podemos dar información concreta de procedimientos actuales”, matizan a la hora de valorar casos específicos.

Declaran que “solo se inician procedimientos judiciales por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales y subarriendos”. En esos supuestos, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda”. Lo explican aludiendo a que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños, y sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”.

60 juicios “porque en EMVS no le ha dado la gana de hacer bien su trabajo”

Revuelta afirma por contra que “EMVS está desahuciando a un porrón de familias”. Narra casos como el de Eva, “que duerme con sus tres niños hacinados en el sofá de un amigo”. “Hay 60 expedientes judicializados de EMVS porque no les ha dado la gana de hacer bien su trabajo. Deudas que van de unos 400 euros a unos 7000, pequeñas si tenemos en cuenta que hablamos de desahuciar gente de sus casas, que además son públicas. Todo porque no les ha dado la gana renegociar la deuda o hacer planes de deuda a los afectado aunque sean inquilinos que llevan muchos años”, expone esta defensora de los derechos en materia de vivienda. En paralelo, el consejo de administración de la entidad ha aprobado incorporar dietas de 612 euros por reunión para todos sus miembros, una política promovida por el propio equipo de Almeida.

“Si a alguien le falla el ingreso mínimo vital un mes, hay que buscar formas de replantear esa deuda, no puedes desahuciar para que entren inquilinos con mayor nivel de renta. Ya vemos en el plan ReViVe para que tipo de rentas se dirige, o en otros programas”, denuncia. Cree que es “una sinvergonzonería, cuando EMVS es el último recurso de muchas personas”.

En EMVS desmienten estas afirmanciones y sostienen que “planes de pago se hacen siempre”: “No llevamos al tribunal a quien queriendo pagar no puede. Ahora bien, si hay 60.000 personas en lista de espera que quieren pagar, no es de recibo que haya gente que pudiendo pagar no lo haga. Es un bien público y hay que cuidarlo como tal, como montar en autobús. La oposición deberá aclarar si apoya el cumplimiento de la ley y a los solicitantes inscritos legalmente en el Registro de Vivienda, o si respalda a quienes incumplen las normas y okupan ilegalmente el patrimonio de todos los madrileños”.

Una oposición que ha criticado duramento las respuestas de Almeida en la mañana de este martes. “La caradura del alcalde no tiene límites”, declara la concejala de Más Madrid Lucía Lois sobre el hecho de que el máximo mandatario municipal haya negado tener conocimiento de los desalojos de EMVS. “Llevamos tiempo denunciando esta política, pero puede que no se entere de nada entre feria y feria haciendo de comercial para los fondos buitre”, dice. “Ha pasado de tres desalojos en octubre de 2023 a 60 este abril. Almeida cierra la puerta de la vivienda pública a los más vulnerables justo después de que el PP dejara caer el escudo social en el Congreso”, reprocha la edil.

Para Mercedes Revuelta, ante deudas que se mueven en unos cientos o poco miles de euros o en contratos que pasan de padres a hijos y por tanto podrían contemplar la subrogación, la entidad pública debería ser garantista: “Son buenos inquilinos que pagan su renta y suministros”. Pero además, recuerda que establecer planes de deuda “es obligatorio, no una cuestion de humanidad, porque sabemos que EMVS no tiene ninguna”.

“Se debe permitir a las trabajadoras sociales hacer su trabajo; ir a las casas para ver por qué no se ha pagado y establecer planes de pago por una cantidad determinada de euros al mes que se añada a las mensualidades”, recalca Revuelta. Y añade: “Hay grandes empresarios que no pagan impuestos y se les hacen planes de pago, ¿cómo no permitirlo también con familias con menos posibilidades de defenderse?”. En EMVS argumentan que “la asistencia social opera en la propia empresa para los casos más extremos” y apostillan que “al que quiere pagar se le ayuda”.

El modelo de EMVS como modelo de ciudad

Todo ello, critica la activista, mientras “EMVS lleva diez años con el mismo número de viviendas (9.000)”. “No aumentan el parque ni llevan a cabo grandes sorteos, más allá de las 300 viviendas que rotan cada año por muerte o mudanza”, remata. Unas cifras que desmienten en la entidad: “Desde 2019, hemos pasado de 6.258 viviendas a alrededor de 10.000, un 60% y casi 3.600 patrimonios más. 3.300 de ellas son de nueva construcción y el resto compra. Además, se están edificando casi 6.000 viviendas más”.

La protesta de este martes, cuyos organizadores califican de “escrache”, ha sido promovida por la Asamblea de Vivienda de Usera, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y la PAH de Getafe. Buscaban la “gran visibilidad del evento”, pero también aprovechar su potencial simbólico: “Vienen alcaldes de ciudades con muchos problemas, pero que lo hacen mejor en materia de vivienda dentro de sus competencias, como Londres, París o Barcelona”, detalla Revuelta. “Se va a hablar de vivienda, de casas públicas que las personas amenazadas con un desahucio han contribuido a construir con sus impuestos y a mantener con sus esfuerzos. Por eso es improtante que los afectados estén delante”, dice para finalizar a este periódico.