Chueca y Malasaña serán Áreas de Prioridad Residencial si los vecinos lo desean

Ana Botella ha dejado muy clara su guerra contra el tráfico rodado y su intención de cerrar el Distrito Centro a los coches antes de agotar su legislatura. El primer paso será incorporar dos nuevas Áreas de Prioridad Residencial (APR) en los barrios de Palacio y Sol a partir del 1 de enero de 2015, a los que se sumarían los barrios de Justicia y Universidad antes de mayo de 2015 si llega a un acuerdo con comerciantes y vecinos, tal y como adelantábamos hace unos meses.

Desde ese momento 22 cámaras de vigilancia comprobarán que sólo los residentes circulan en coche por sus calles. El resto de conductores podrán moverse únicamente por las grandes arterias viales y deberán hacer uso de los aparcamientos públicos ubicados en las áreas restringidas si no quieren ser multados con hasta noventa euros, salvo que consigan uno de los diez pases que recibirá mensualmente cada vecino para recibir visitas con coche.

Cuando los barrios de Palacio y Sol sean APR, ya sólo quedarán Justicia (con 16.000 vecinos y una superficie de 74 hectáreas) y Universidad (con 31.000 vecinos y 95 hectáreas) para que la totalidad del centro de la ciudad quede cerrado al tráfico. Pero, para que se haga efectivo, es necesario que vecinos y comerciantes den su aprobación.

Aunque los límites exactos de las APR de Justicia y de Universidad están aún en estudio (en Justicia podría situarse en la plaza Villa de París, mientras que en Universidad abarcaría hasta Conde Duque incluido), las conversaciones de las asociaciones vecinales y de comerciantes con los técnicos municipales están muy avanzadas y ambos prevén que estén en funcionamiento en la primera mitad de 2015. Asimismo, les han trasladado la necesidad de llevar a cabo una serie de cambios en la reglamentación de las áreas de prioridad residencial más adecuadas a las necesidades de vecinos y comerciantes.

En contra de las recomendaciones del Plan de Movilidad

Aunque la restricción al tráfico para residentes en los barrios de Justicia y Universidad es una demanda vecinal desde hace años, los comerciantes de Chueca, Salesas y Malasaña no lo ven tan claro y, hasta el propio Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento lo desaconseja.

En dicho texto, aprobado el pasado mes de junio en vísperas del debate sobre el estado de la ciudad, advierte que en los barrios en los que ya se ha aplicado la APR el sistema de regulación de accesos es complejo y con un coste notable de inversión y explotación, por lo que se trata de un modelo dificilmente exportable al cien por cien a otras zonas de la ciudad.

Además, avisa de que la limitación del tiempo de carga y descarga supone un importante inconveniente para la distribución de mercancías, por lo que podría afectar seriamente a esas zonas de la ciudad, con una notable demanda de suministros al tratarse de zonas en las que abundan los comercios y establecimientos de ocio.

En cuanto al aspecto económico, desde el Ayuntamiento han afirmado que esta ampliación de APR a Chueca y Malasaña no supondrá ningún problema económico para las arcas municipales, dado que su creación ya se contemplaba en el contrato integral de movilidad, adjudicado hace un año por 862 millones y doce años, con el que también se ha financiado el BiciMAD.

Sin embargo, cuesta comprender que si cerrar totalmente el Centro al tráfico era uno de los planes del consistorio de manera tan inmimente se hayan gastado 600.000 euros en sustituir los antiguos parquímetros por otros de última generación que apenas estarán operativos unos meses: su puesta en funcionamiento tuvo lugar en el mes de mayo de manera progresiva y no habrá pasado el tiempo suficiente para poder amortizar la inversión realizada. Además, el cierre de todo el Centro al tráfico privado, exigiría un refuerzo del transporte público, una posibilidad que hasta ahora no se ha planteado.

Más información de las Áreas de Prioridad Residencial

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