Planes de “ilegalización masiva” de pisos turísticos para frenar la turistificación
El Ayuntamiento de Madrid está preocupado por la pérdida de residentes de la almendra central de la ciudad por la proliferación de viviendas de uso turístico. Por ello, y tal y como ya avanzaron el pasado enero, están trabajando en un Plan Especial de Implantación de Uso del Hospedaje que presentaron el pasado martes a más de 80 asociaciones vecinales, empresas hoteleras y de viviendas turísticas.
El objetivo de Ahora Madrid es utilizar la normativa de urbanismo de la ciudad (el PGOU) para poner orden el mercado de vivienda turística, que opera actualmente en la capital con más de 63.500 camas sin apenas controles por parte de ninguna administración: ni estatal, ni autonómica, ni local.
El primer paso será dividir la ciudad de Madrid en cuatro zonas, cada una de ellas con diferentes tipos de restricciones para la apertura de viviendas de uso turístico (VUT) y la transformación de edificios completos de viviendas en hoteles.
Centro, la zona más saturada de habitaciones y viviendas para uso turístico, será también la más protegida: fuera de los ejes principales (Gran Vía, Alcalá o Plaza Mayor) será prácticamente imposible poder obtener una licencia de vivienda turística o apartamento en todo el distrito, según datos a los que han tenido acceso nuestros compañeros de Somos Malasaña y Somos Chamberí.
Tras constatar que en zonas como el distrito Centro los turistas (población flotante que se aloja en hoteles y viviendas tipo Airbnb) alcanza ya el 45,71% del total, el Ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto. “Hablando claro, lo que planteamos es una ilegalización masiva de viviendas turísticas”, explicó a los asistentes a la mesa de forma tajante el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Cuatro zonas y nuevas restricciones
Los detalles del plan, que todavía tiene categoría de borrador y que afecta exclusivamente a las zonas residenciales (no a los edificios de uso terciario), se conocerán cuando se presente de forma definitiva en el mes de junio o a principios de julio, según estimaciones del Ayuntamiento.
Sus líneas básicas pasan por establecer las cuatro zonas mencionadas: la primera (Anillo 1) coincide con los límites del distrito Centro, la segunda (Anillo 2) alcanza a casi todo Chamberí, Arganzuela, parte de los distritos de Salamanca y Retiro y al barrio de Argüelles; mientras que la tercera (Anillo 3) abarca el resto de la almendra central (área que delimita la M-30) y zonas de Puerta del Ángel, Príncipe Pío y Chamartín.
En cuanto a las restricciones que se aplicarán, en las zonas 1 y 2 se prohibirá la apertura de cualquier tipo de vivienda turística en edificios residenciales, salvo las que cuenten con acceso independiente desde la calle. Es decir, no se podrá entrar por el portal como el resto de vecinos, algo que no cumplen la mayoría de viviendas que se ofrecen en plataformas como Airbnb.
Además, en estas zonas también se impedirá la transformación de edificios enteros de viviendas en alojamiento turístico de cualquier tipo (hoteles incluidos) en todas las calles salvo grandes ejes viarios como el Paseo del Prado, los bulevares o la calle Princesa.
En cuanto a la zona 3 del plan, también habrá restricciones aunque se permitirán viviendas de uso turístico en el 10% de la superficie residencial de cada edificio; mientras que en el resto del término municipal de Madrid se mantendrá la legislación vigente.
“El objetivo es que no se pierda ni un metro cuadrado más para usos residenciales en el distrito Centro”, apunta el concejal de esta zona, Jorge García Castaño, quien también manda un mensaje muy claro hacia los inversores que están acelerando el mercado inmobiliario en Madrid: “Con este plan transmitimos que si los inversores y fondos compran vivienda residencial, en ningún caso van a poder tener una licencia de uso turístico u hotelero”.
García Castaño también alertó sobre casos de “acoso inmobiliario” que están teniendo lugar en el distrito, en edificios como el ubicado en Argumosa 11. “Si llegamos a ese nivel de acoso, al Ayuntamiento le va a ser más fácil ejercer la disciplina urbanística y empezará por estos lugares”.
Dudas ante el plan: los 90 días y las inspecciones
La capacidad para ejercer la disciplina urbanística y hacer cumplir este plan fue una de las dudas que los colectivos vecinales pusieron sobre la mesa al Ayuntamiento. La nueva normativa se basa en el decreto de la Comunidad de Madrid que en 2014 reguló las viviendas y los apartamentos turísticos (actualmente en vigor), que fija en 90 días de ocupación el máximo anual para que la actividad de una VUT esté considerada dentro de la economía colaborativa. A partir del día 91 el Ayuntamiento exigirá licencia de actividad a todos estos inmuebles.
Las inquietudes vecinales vienen sobre todo por el desconocimiento de cómo se va a controlar que las viviendas no se alquilan más de 90 días al año a turistas. Aunque no se aclararon los mecanismos concretos, desde el Ayuntamiento adelantaron que habrá más inspectores -en las calles y delante de ordenadores- dedicados a identificar a los infractores, sobre los que podría aplicar sanciones e incluso decretar el fin de la actividad.
Además de las opiniones vecinales, en la mesa sobre turistificación se oyeron voces favorables y contrarias al plan. Las más beligerantes fueron las de diferentes asociaciones de empresarios de vivienda turística y, entre los partidos políticos -participaban todos los grupos con representación municipal- el PP calificó de “error” la normativa y aventuró que no vería la luz en esta legislatura.
El Ayuntamiento, con cierta ironía, pidió ayuda al grupo popular para activar las inspecciones sancionadoras en la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias sobre turismo y que -como publicó Somos Malasaña- es incapaz de multar buhardillas sin cédula de habitabilidad que se alquilan en las plataformas.
El equipo de gobierno confía en aprobar este plan especial en el mes de junio y, después del periodo de alegaciones y de evaluación ambiental, que entre en vigor antes de finales de año. A partir de ese momento se levantaría la suspensión de concesión de licencias turísticas y las empresas podrían empezar a solicitarlas con las restricciones de la nueva normativa. Mientras tanto, los vecinos piden al Ayuntamiento que siga denunciando viviendas turísticas que se saltan la legalidad, como en el caso de los 63 expedientes abiertos en el distrito Centro.
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