Trabajadores de Coca-Cola celebran ante el Supremo la nulidad de su ERE

Si hay una imagen de la felicidad hoy esa es la de los trabajadores de Coca-Cola, que han recibido la noticia de la ratificación de la nulidad de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) frente al Tribunal Supremo, donde hoy se decidía si la empresa debía readmitirles en sus puestos de trabajo, tal y como dictaminó la Audiencia Nacional.

La noticia ha sido anunciada sobre las 12:30 horas por el portavoz de CC. OO. de Coca-Cola en Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, que ha instado a la empresa a «acatar y cumplir» el fallo cuanto antes, reabriendo planta de Fuenlabrada y reincorporando en ella a los empleados que así lo solicitaron. Los cientos de trabajadores que se encontraban en la Plaza Villa de París han celebrado la sentencia entre gritos de «Que sí, que hemos ganado cuatro sentencias y nos tienen que readmitir», «Sí, sí, sí, la fábrica en Madrid», «Se puede, se debe, luchar contra los EREs» y «Que viva la lucha de la clase obrera».

ERE nulo por vulneración del derecho de huelga

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha decidido confirmar la nulidad del despido colectivo del grupo Coca-Cola y ha explicado en un comunicado de prensa que «entiende que durante la huelga convocada en contra del despido por el cierre del centro de Fuenlabrada, la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando así el adecuado desarrollo del período de consultas».

Además, la Sentencia resuelve, de modo complementario, dos extremos de carácter procesal: la condena a readmisión en los despidos colectivos declarados nulos «debe llevar unida la condena al abono de salarios de tramitación por la remisión del art. 124 de la Ley de la Jurisdicción Social (despido colectivo) a los núms. 2 y 3 del art. 123 de la misma Ley (despido objetivo individual), en los que está incluida la condena a salarios de tramitación; y la sentencia de despido colectivo es directamente ejecutiva, como consecuencia de la modificación legal de 2013 (art. 247.2 LJS, modificado por RD Ley 11/2013 y Ley 1/2014).

Para los sindicatos, tanto la aplicación inmediata como la obligatoriedad de readmitir a todos los despedidos y abonarles todos los salarios que han dejado de percibir desde la aplicación del despido colectivo hasta la sentencia, ratifican, no solo la sentencia de la Audiencia Nacional, sino sus autos de ejecución posteriores en los que se pidió a la empresa que ejecutara inmediatamente la sentencia (sin esperar al Supremo) y se explicó que las recolocaciones planteadas por Coca-Cola en fábricas diferentes a las de Fuenlabrada no se ajustaban a la sentencia.

El Supremo confirma así la decisión de la Audiencia Nacional, que el pasado junio ya declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía (que afectaba a 1.191 personas), en una sentencia que también consideraba que la vulneración del derecho a huelga era razón suficiente para anular el ERE. Desoyendo el veredicto de la Audiencia Nacional, la multinacionacional finalmente puso en la calle a 821 trabajadores y cerró las plantas de Coca-Cola en Alicante, Asturias, Fuenlabrada y Palma de Mallorca.

Asimismo, la Audiencia subrayó que la empresa, a pesar de alegar haber entregado un plan detallado de la reestructuración a los trabajadores, no les había proporcionado toda la información necesaria ni requerida durante el proceso de negociación. Incluso dejó patente que algunas de las actuaciones de la multinacional no se correspondieron con el principio de “buena fe” empresarial.

La reacción de Coca-Cola

Por su parte, Iberian Partners asegura en un comunicado respetar el fallo del Supremo y que acatará y cumplirá con la legalidad, «como ha hecho siempre». Asimismo, explica que en cuanto reciba oficialmente la sentencia «estudiará en detalle la forma de ejecutarla sin alterar el proyecto de futuro de la compañía, que es ya una realidad».

La multinacional aclara «que todos los empleados afectados que solicitaron la readmisión han seguido dados de alta en la Seguridad Social y están recibiendo sus salarios» y que a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado, su proyecto empresarial «es un proyecto de futuro que da empleo directo a más de 4.300 personas».

Sin embargo, estas de estas declaraciones se desprende que los planes de negocio de la empresa no parecen orientarse hacia la reapertura de los centros cerrados por el ERE y a que los despedidos se reincorporen a sus puestos de trabajo originales, sino más bien al pago de salarios adeudados e indemnizaciones.

Quince meses de lucha

El origen del conflicto se sitúa en la fusión de las ocho embotelladoras que la marca tenía en la Península Ibérica en una sola, fruto de la cual surgió Coca-Cola Iberian Partners. Este proceso puso en marcha una serie de ajustes, como la reducción de la plantilla a través de diferentes medidas como las prejubilaciones, las bajas incentivadas, las recolocaciones y los despidos forzosos.

Los sindicatos se negaron entonces a aceptar el acuerdo si implicaba el cierre de las fábricas de Fuenlabrada, Palma de Mallorca, Alicante y Asturias, y anunciaron que impugnarían el expediente desde el final del periodo de consultas. El juicio tuvo lugar el pasado 3 de junio, en un proceso al que también se sumó CSIF.

Desde entonces la Marea Roja no ha dejado de salir a las calles para reclamar el cumplimiento de la sentencia de readmisión de los trabajadores y la nulidad del ERE, manifestaciones que se han intensificado en el último mes en las calles del barrio, donde se encuentran tanto la Audiencia Nacional, como el Tribunal Supremo y la sede del Partido Popular.