Manuel tiene 81 años y fue desahuciado de su casa, en el distrito de Tetuán, el pasado 12 de diciembre. Como en otros muchos casos, su casero quiso reenfocar el alquiler de sus propiedades, lo que acabó con él fuera del hogar en el que vivía.
Antes, había contactado con la Organización de Vivienda de Tetuán, que estuvo ayudándole a hacer negociaciones con el juzgado durante el verano, pero poco se pudo hacer. El caso de Manuel es sintomático de una realidad poco conocida y que no aflora con facilidad en los datos oficiales, la de los desahucios silenciosos de personas mayores que viven solas. Pero también es, aquí, el punto de arranque para mirar sus vidas a partir del día después del lanzamiento, cuando, a los problemas habituales de una situación traumática se unen algunos específicos de ser una persona mayor y precaria.
“En origen, Manuel tenía la vulnerabilidad concedida, pero le fue revocada porque en conversación con los servicios sociales él dijo que quizá podría quedarse con un amigo en su casa, algo que luego no sucedió”, explican desde la Organización de Vivienda de Tetuán, y subrayan que la avanzada edad de Manuel, junto con sus problemas de salud, hacen incomprensible que no se le considerara una persona vulnerable a efectos de la suspensión del desahucio y de tener prioridad para acceder a recursos sociales.
Como suele suceder en estas ocasiones, Manuel fue llevado por el SAMUR Social a un alojamiento temporal. “Pasó por uno en Vallecas, donde estuvo un par de semanas, luego unos cuantos días en otro y finalmente quedó en la calle. Estuvimos buscando otros recursos pero todos nos dirigían al propio SAMUR Social, donde nos decían que estaba en lista de espera y que no le llegaría el turno en al menos un mes, cosa que no ha sucedido aún de todas formas”, explican desde la asamblea de vivienda que le ayuda.
Manuel tiene una pensión mínima con la que empezó entonces una gira de hostales que consumen más de lo que ingresa, por lo que “todo le aboca a acabar en la calle”, explican los activistas. Así, va de hostal en hostal, durmiendo en habitaciones de entre ocho y catorce personas frecuentadas por mochileros jóvenes, y lava la ropa en la lavadora del centro social donde se reune el grupo de vivienda.
El Samur Social es el dispositivo de referencia en la ciudad de Madrid para “emergencias habitacionales sobrevenidas”. Unas semanas de albergue que, en ningún caso, suponen una solución habitacional para las personas desahuciadas. La Comunidad de Madrid cuenta con una red pública de atención para personas mayores de 65 años que tiene residencias –se estima que faltan 8000 plazas en ellas– y pisos tutelados de coste bajo “para personas con autonomía personal que carecen de una vivienda en condiciones adecuadas”.
Sin embargo, la tabla con el listado con pisos tutelados de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales solo presenta seis filas: tres pisos en la ciudad de Madrid, uno en Buitrago de Lozoya, otro en Leganés y uno más en Torrejón de Ardoz. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un servicio similar que, en este momento, tiene una lista de espera de más de 450 personas. Mientras que las principales cadenas de residencias para mayores empiezan a ofrecer apartamentos senior a precios de mercado, los recursos sociales públicos escasean.
Manuel se encontró también con la dificultad añadida de que, al ser octogenario, no podía acceder de facto a alquileres compartidos. “Hemos buscado durante meses, pero nadie hace contratos a personas tan mayores”, explican desde OVT.
Algunos de los casos de desahucio más mediáticos, los que apelan de forma más emocional a nuestras conciencias, son los que involucran a personas mayores. Así sucedió con el de Maricarmen, una mujer de 87 años a la que llegó la notificación de desahucio de la casa en la que reside desde los 17 años. Sin embargo, la mayor parte de los desahucios son silenciosos y pocas veces tenemos la ocasión de conocer los problemas posteriores a los que, social e institucionalmente, se enfrentan las personas que los sufren.
Pero los problemas asociados a la edad pueden llegar antes de lo que uno esperaría en un mundo en el que, en algunos estratos sociales, los sesenta parecen ser los nuevos cincuenta. Mariano, también de la Organización de Vivienda de Tetuán, fue desahuciado con 64 años. Aunque estaba cerca de la jubilación, aún no tenía una pensión y carecía en ese momento de ingresos. Los meses que le restaban para llegar a la cifra 65 impidieron que pudiera disfrutar de determinados recursos gestionados por Cruz Roja y no fue capaz de encontrar otros que pudieran solucionar su falta de vivienda. Tampoco en SAMUR Social le ofrecieron una solución y terminó en la calle, según relatan desde la Organización de Vivienda de Tetuán. Aunque no puede probarlo, Mariano está seguro de que su edad fue un problema: sintió que nadie quería meterlo en espacios compartidos con gente más joven.
Para las personas de 65 años no existe la llamada reinserción laboral, que en otros casos posibilita a los afectados por desahucios mirar hacia delante, en busca de retomar la normalidad. En 2023, el 36,8% de las pensiones en España eran inferiores al umbral de pobreza, situándose por debajo de los 785 euros mensuales. El nulo margen de mejora de sus ingresos aboca a los jubilados con menores rentas a una situación crónica de precariedad dentro de un escenario de constante subida del mercado inmobiliario.
El desarraigo que sigue a un lanzamiento, común a todos los afectados, se ceba con las personas mayores, para las que el farmacéutico de confianza o el comerciante de cercanía a menudo constituyen nudos cruciales en la red de apoyo personal. Son mayores que viven solos y son víctimas de soledades no deseadas, que se acentúan con el desahucio. Una situación vital identificada hace tiempo como factor de riesgo de depresión, ansiedad y otras afecciones relacionadas con la salud mental en personas mayores.
Manuel, Mariano y tantos otros hombres y mujeres –aunque no existen suficientes datos, las mujeres viudas o separadas sin pensiones contributivas parecen ser un perfil habitual–se topan con el muro levantado por la digitalización de la administración pública. Una burocracia del formulario que excava brechas especialmente profundas entre las personas de edades más avanzadas, pese a la ayuda de trabajadores sociales y militantes en grupos de apoyo barriales.
Pero lo peor podría estar por venir. La moratoria de desahucios para inquilinos vulnerables en vigor finalizará, si no se prorroga antes de que termine el año, afectando a unas 60.000 familias, según un informe de Observatori DESCA. El día después de los desahucios comienzan, para la gente mayor, muchas vidas desorientadas, sumidas en la soledad y el desamparo que necesitan urgentemente una mirada cuidadosa hacia sus problemas.