Falta de personal y un plan educativo sin renovar en la Junta que preside la edil de Almeida denunciada por acoso

Las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato, en medio de un clima laboral que algunos trabajadores califican de “entorno insostenible” y que ha derivado en una denuncia por acoso laboral contra su concejala presidenta, Yolanda Estrada. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026, según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

La falta de un 30% de trabajadores es todavía más llamativa al excluir los polideportivos, que operan con mayor autonomía respecto a la Junta de distrito y donde además se ha llevado a cabo un proceso de estabilización para cubrir puestos. En ellos, las vacantes se han reducido desde las 13 de hace tres años a las siete con fecha del pasado 31 de marzo. Dejando a un lado estas unidades deportivas, las plazas sin ocupar se han disparado con Yolanda Estrada al frente de Chamartín, de 24 hasta alcanzar las 41 en marzo de 2026 (un 70% más).

Las áreas con mayor deterioro son el servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana, que pasa de siete a once vacantes, y la secretaría de Distrito Chamartín, con plazas sin cubrir que se duplican, de dos a cuatro (y con una mayoritaria proporción de interinos en las que están ocupadas). Los ceses en los departamentos citados están recogidos en la denuncia por acoso laboral a la que ha tenido acceso este periódico, cuyos detalles se publicaron hace unos días.

“Menos y peores servicios”

Esta falta de personal se traduce en “menos y peores servicios”, opina el portavoz de Más Madrid en la Junta de Chamartín, David Penado. De hecho, la propia denuncia contra Estrada y los otros dos altos cargos del Gobierno de Almeida presentada ante la Inspección de Trabajo recoge el “deterioro del servicio público” como uno de los motivos del requerimiento, además del “acoso laboral institucional” y los “riesgos psicosociales”.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

El primer distrito en el que decae el servicio de refuerzo escolar

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió “sin previo aviso a las familias que lo utilizaban y a pesar de que en junio se les dijo que las actividades se reanudarían en octubre”, traslada Penado en declaraciones a este diario.

“En el pleno de marzo, desde Más Madrid pedimos que la Junta de Distrito de Chamartín tomase las medidas necesarias para que se volviese a prestar con la mayor brevedad posible, asegurando la continuidad del mismo; pero el PP votó que no”. En dicho pleno, Penado contaba cómo las familias no han podido ni siquiera consultar o recuperar los informes de quienes prestaban ese servicio, ya que el teléfono de contacto municipal habilitado para estas comunicaciones quedó inoperativo.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

Este periódico ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos por los que no promovió la renovación o la posible incidencia en ello del aumento de plazas vacantes entre el personal, sin recibir respuesta por el momento. En el citado pleno la portavoz adjunta del PP en Chamartín, Ana Ballesteros, argumentaba que “las competencias municipales en materia educativa son limitadas y complementarias a las de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias plenas y ha implementado medidas especializadas de diagnóstico, recuperación y tratamiento en todos los centros del distrito”. Y añadió: “Hemos pasado de una ayuda concentrada en dos centros a establecer un sistema que se puede prestar en todos los del distrito”. Penado contestó a esta afirmación con una pregunta: “¿Si han mejorado el servicio con esta reforma como es posible que familias que lo recibían ahora lo hayan dejado de recibir?”.

Una denuncia que recoge “trato vejatorio”

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil” en la Junta de Chamartín. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada (que llegó a estar imputada en la trama Gürtel por su etapa como concejala en Pozuelo de Alarcón), y otros dos altos cargos del Ayuntamiento. La concejala ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en los organismos municipales habilitados para este tipo de cuestiones.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico acredita que la denuncia a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, ante la “inacción” de la entidad de control laboral. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

La denuncia desarrolla a lo largo de veinte páginas un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”. Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”.

Esta instancia llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”. “Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios que corroboran las aptitudes: “Yo he sufrido acoso”

Con este diario han conversado personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que atiende a este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye, antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y ante el acosador quien tiene más que perder es el trabajador”. Y a veces también los ciudadanos.