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La oficina que persigue los pisos turísticos en Madrid denuncia ante el Ayuntamiento 10.134 alojamientos y pide su cierre

Un grupo de turistas espera para acceder a su alojamiento en la calle Fray Ceferino González, en Madrid.

Guillermo Hormigo

Madrid —

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Primer gran movimiento de la Oficina Vecinal de Afectados por las VUT (viviendas de uso turístico) de Lavapiés. La entidad autoorganizada lleva meses asesorando a personas afectadas por estos alojamientos, ya sean residentes que soportan molestias o inquilinos que sufren las consecuencias de la especulación inmobiliaria con subidas en sus alquileres. Ahora, la Oficina (integrada por una decena de organizaciones vecinales) ha trasladado una relación al Ayuntamiento de Madrid de 10.134 denuncias administrativas contra pisos “supuestamente ilegales”.

Representantes de las agrupaciones implicadas han detallado los pormenores de los procedimientos este miércoles, en una comparecencia ante los medios celebrada en el Espacio Vecinal Paco Caño de Lavapiés, sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Una convocatoria de prensa que han llevado a cabo después de registrar las denuncias ante la Agencia de Actividades (ADA) del Consistorio que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Desde la Oficina explican que han cotejado los datos de VUT del Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid con el mapa de pisos turísticos legales facilitado por el Ayuntamiento. El resultado es que “la inmensa mayoría permanecen abiertas gracias a una mera declaración responsable y sin la preceptiva licencia municipal”.

Los vecinos han expuesto además un nuevo mapa con los pisos turísticos aparentemente irregulares de la ciudad, que indica su denominación y ubicación precisas. Avisan de que tomarán cartas en el asunto si el Ayuntamiento no actúa en el plazo de dos meses que marca la legislación para inspeccionar, expedientar y si procede cerrar los negocios ilegales. En caso de que esto suceda, no descartan llevar al Gobierno municipal ante la Justicia por “inacción”.

Almeida se ha pronunciado ya al respecto de esta iniciativa y en declaraciones a los medios afirma que le parece “muy bien” que quienes tengan conocimiento de viviendas no inscritas lo pongan en conocimiento del Ejecutivo local. Apostilla eso sí que “hay un plan especial de inspección ilegales de uso turístico” que forma parte de “medidas que no se habían adoptado ni en esta ciudad ni en ninguna otra”, en referencia a la publicación de los alojamientos que sí cumplen con la normativa. Dice que precisamente esta acción se ejecutó para apelar a la colaboración ciudadana y habla de un trabajo “pionero” por parte de su administración en la persecución de las VUT ilegales: “Nuestro propósito es que no haya en la ciudad de Madrid”.

Cuando la legalidad es la excepción y lo irregular es la norma

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante indicó en mayo que en la capital existen 13.502 pisos residenciales reconvertidos en turísticos sin permiso municipal (por los 1.008 regularizados). De todos ellos, hasta marzo apenas se emitieron multas contra 478 viviendas que no disponían de autorización del Ayuntamiento y solo 243 volvieron a su uso residencial. Entidades vecinales y plataformas como Inside Airbnb alzan la cifra de alojamientos ilegales por encima de los 24.000.

La intervención pública de la Oficina llega en medio de un clima de hartazgo en Lavapiés y otras zonas de Madrid debido al turismo masivo o la propagación de los alojamientos temporales, con o sin licencia. Las pegatinas y pintadas con lemas como “Fuck Airbnb”, “Tourists Go Home” o “Save the Barrio” se han propagado por el centro de la capital, proclamas que utilizan el inglés para que los propios visitantes se den por aludidos. El pasado 1 de junio, cientos de personas se manifestaron desde la plaza de Lavapiés para denunciar la situación de un barrio “al límite”, en línea con las protestas de Baleares o Canarias.

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