Manifestación contra las cocinas fantasma en Madrid en plena negociación de sus límites

A punto de terminar el plazo de alegaciones para la primera normativa municipal que regulará las cocinas fantasma, los vecinos afectados por la instalación de estos equipamientos industriales en los bajos de edificios de viviendas han convocado una manifestación para reclamar su expulsión de las zonas residenciales de Madrid.

La cita es el domingo 14 de noviembre desde las 11.30 horas en Arganzuela, donde partirá una manifestación irá desde el colegio público Miguel de Unamuno, cuyos alumnos están afectados por la instalación de varias dark kitchens junto a su patio, hasta la Junta Municipal de Arganzuela, situada en la casa del reloj.

La protesta está convocada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAMV) y las familias de este centro escolar, aunque a la cita es probable que se unan otros colectivos vecinales afectados por instalaciones similares en la calle San Bernardino (Malasaña), Canillas (Prosperidad) o José Calvo (Tetuán).

El número de cocinas fantasma se ha disparado en Madrid con la pandemia y el auge de la comida a domicilio. Más Madrid calcula que existen 190, ubicadas en 26 emplazamientos. El PSOE alertó hace unos meses de que a final de año habría unas 250 instalaciones de este tipo. De momento, el área de Desarrollo Urbano no ha desvelado si va a asumir algunas de estas demandas vecinales. Su normativa limitará el tamaño de las nuevas cocinas -no de las anteriores- a 350 metros y la entrega de los pedidos a los riders tendrá lugar siempre dentro del local, entre otras medidas previstas.

Los vecinos presentarán a través de la FRAMV sus propuestas para mejorar la normativa que regulará las cocinas fantasma, además de miles de firmas apoyándolas. Entre las reclamaciones vecinales más importantes están las de limitar a cuatro el máximo número de cocinas por local, una distancia mínima de 500 metros a centros escolares, hospitales y similares, limitar su horario de actividad de 10.00 a 22.00, prohibir la venta directa al público y que sean necesarios informes ambientales y de movilidad para abrir estos negocios. Además, quieren que todas estas condiciones sean aplicables a las licencias ya concedidas, con un periodo de un año para que las empresas que ya operan se adapten a estas exigencias.