Un usuario de una residencia en Vallecas denuncia que quieren expulsarlo por sus quejas: “Quiero que nos traten con dignidad”

Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 68 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.