El crecimiento económico no se refleja en el bienestar de los murcianos
Peor que hace unos años no estamos, pero no se mejora al ritmo adecuado. Ésa sería la principal conclusión y la más sencilla de explicar que se puede sacar del último informe del Centro de Estudios Sociales (CES). La Región de Murcia, a la par que España, se beneficia de los datos macroeconómicos y del fin de la recesión global que se produjo hace unos años, por lo que los datos de crecimiento son positivos y se va generando más empleo y los distintos sectores, en mayor o menor medida, van aportando más al PIB nacional y regional.
Sin embargo, el crecimiento no es todo lo positivo que podría o debería, así concluye el informe CES, que considera que para conseguir un importante nivel de bienestar, “todos los estratos sociales han de resultar favorecidos por la expansión económica porque es así como se refuerza la equidad y cohesión social, por lo que aquí pudiera encontrarse la crítica primordial al actual proceso alcista de la economía”. Principalmente, que el crecimiento solo se refleja en unos pequeños segmentos de la sociedad.
Donde principalmente no se refleja el crecimiento es en los salarios, según indica el informe, que aporta como necesidad para mejorar acrecentar los recursos dedicados a las políticas activas de empleo para facilitar la integración laboral de muchos desempleados con graves dificultades de recolocación, y, entre otras cuestiones, reforzar financieramente las políticas sociales que resultaron enormemente dañadas con las disminuciones del gasto público y especialmente las que proporcionan un apoyo mínimo en materia de ingresos.
La principal causa de esto es muy contundente. La Región de Murcia es la autonomía que genera menos PIB por empleo, a más de 15 puntos porcentuales del promedio nacional. La brecha se amplía continuamente desde el principio del siglo, casi cinco puntos hasta 2008 y unos tres en los ocho años posteriores.
El informe señala que la carencia en infraestructuras también son un problema muy importante en la Región, ya que las soluciones presentadas avanzan con lentitud. Se insiste mucho en las carencias de infraestructuras de transporte por su gran visibilidad, reconocido impacto directo en el crecimiento económico, el enorme retraso que acumulan algunos proyectos de singular relevancia (AVE, apertura del aeropuerto, El Gorguel…) o el olvido de otros como el Corredor Mediterráneo.
También el gasto público ha sido de los más afectados en mayor o menor medida resaltando su impacto en el crecimiento económico la caída de la inversión, y por su incidencia en las políticas de bienestar las disminuciones registradas en las áreas de educación, sanidad y protección social. El informe concluye que es razonable y se comparte la necesidad de contener el déficit público en un nivel sostenible, pero consideran que la vía del gasto tiene escaso recorrido y que el objetivo tiene que ser elevar más los ingresos.
También ha sido un déficit durante estos últimos años la estructura tributaria, que presenta desequilibrios “descomunales” entre la tributación de las pymes y la de grandes corporaciones internacionales, dado el complejo entramado de deducciones y bonificaciones fiscales de las que estas se benefician. Mientras, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas parece sobrecargado en las, más fáciles de controlar, rentas del trabajo, e incluso otorgando más relevancia a la tributación medioambiental.
Por lo tanto, los problemas de la Región van más allá de la financiación autonómica, tal y como se pregona desde el gobierno. Hay y ha habido más posibilidades para fomentar el crecimiento económico y la mejora de la situación de los ciudadanos, y no se han aplicado. Sin embargo, el informe no quiere dejar escapar la necesidad real de una mejora en la financiación murciana. Entre los “parches” que propone este CES se valora fijar el objetivo de déficit público en función de las desigualdades de financiación por habitante, de tal forma que se establezcan magnitudes diferenciadas atendiendo a las circunstancias de cada una. Por último, el informe considera que la Administración General del Estado asuma el endeudamiento contraído con los diferentes fondos estatales habilitados en los últimos años para permitir que las Comunidades Autónomas pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago, si no totalmente al menos en su mayor parte.
