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Acelerando la destrucción del Medio Ambiente en la Región de Murcia

Asamblea Regional / MJA

Al parecer, todos, al menos todos los que creemos en el Imperio de la Ley, nos maravillamos de la valentía de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional de Murcia al contradecir reiteradamente los designios legislativos de una mayoría parlamentaria en inestable estabilidad. Las leyes no se elaboran en reuniones secretas durante meses, ocultas a la opinión pública, sin consultas a posibles afectados, evitando cualquier filtración. O al menos no se presentan de esa guisa ante la sede de la soberanía legislativa sin, al menos, permitir su estudio, análisis, enmienda, publicidad social, información pública, informes y contrainformes.

Una ley de tal transcendencia para la ciudadanía no huye de la luz porque es inconcebible que en una democracia se legisle contra la voluntad popular. No, si no se quiere que inmediatamente concite sospechas de intereses ocultos. Un parlamento y sus aledaños cabildeños no es una logia masónica (no calificamos esta institución secular), un parlamento es un lugar a donde se llevan las mejores iniciativas, legales o no, para la prosperidad y felicidad de la Nación (andamos decimonónicos en el lenguaje), y en donde todos sus miembros reflexionan para su mejora si esta fuera posible. Todo esto al menos en una democracia de calidad, en un ágora en la que los postulantes de una ley se dirigen a la ciudadanía y les explica públicamente sus intenciones y su preocupación por el bienestar general.

Viene esta larga introducción a colación de la entrada en la Asamblea Regional de Murcia de la Proposición de  Ley de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad, conocida popularmente como Ley de Aceleración Empresarial (es difícil encontrar un medio de comunicación que no la denomine así), presentada conjuntamente por PP y Ciudadanos (Cs) y de la Proposición de Ley de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), esta última presentada únicamente por el Grupo Popular. Ambas proposiciones de ley fueron registradas sin que hubiera consulta alguna con la organizaciones sociales que pudieran tener interés (o desinterés) en las mismas. No se cuenta entre las mismas a la CROEM ya que se da por contado que la organización empresarial fue parte activa en su redacción.

Resulta significativo que un partido de nueva creación, Somos Región, dirigido por un antiguo presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, y con pocas razones para sospechar que mantenga divergencias en cuanto al modelo económico con los emprendedores murcianos, calificará la Ley de Aceleración Empresarial como una chapuza jurídica, afirmando también que lamentaban "no atisbar las razones para privar a nuestros representantes de ese debate, salvo una actitud de servilismo con la CROEM impropio de unas fuerzas políticas que se deben al interés general" (La Verdad Digital, 13/09/2018).

Por su parte, tanto PSOE como Podemos han anunciado ya que presentarán sendos recursos de inconstitucionalidad contra dicha ley, mientras los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional han realizado ya dos informes demoledores contra la Proposición de Ley y contra parte de las enmiendas presentadas por PP y C, s: técnicamente deficiente, invade competencias del Estados y de los ayuntamientos, inseguridad jurídica ante un posible vacío legal, puede lesionar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente adecuado,  puede esconder una pseudo amnistía urbanística, o que sigue vulnerando el nivel mínimo de protección ambiental una vez incluidas las enmiendas aprobadas. También UGT y CCOO se han opuesto a una Proposición de Ley negociada en el típico oscurantismo de las democracias de baja calidad que temen a la luz y a la reacción de una sociedad formada y con opiniones plurales que hay que, al menos,tener en cuenta y respetar, denunciando que "esta ley «incumple todas las garantías» de transparencia porque tiene tal calado que «no puede tramitarse» con procedimientos de urgencia y saltarse dictámenes de órganos consultivos" (La Opinión de Murcia Digital, 11/10/2018), en referencia al Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia y al Consejo Jurídico. Pero por terrible que parezca, en este caso solo se ha escuchado y atendido las demandas de la CROEM.

A la entrada de la llamada Ley de Aceleración Empresarial en la Asamblea Regional le antecedió la Proposición de Ley de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), presentada en solitario por el PP en un momento (principios de julio) que podría hacer pensar que no existe relación alguna entre ambas cuando en realidad la creación del ARCA busca dar cobertura administrativa a los objetivos que persigue la Ley de Aceleración Empresarial. Su gestación necesitó también de la opacidad ante la sociedad y los agentes sociales que la articulan, salvo la CROEM, al perseguir la cogestión del Medio Ambiente por el empresariado murciano. Era lo que llamamos en algún otro artículo "poner a la zorra a cuidar el gallinero", porque en este caso, como en otros muchos, la máxima de Rosa Luxemburgo, al igual que muchas de las de Antonio Gramsci, que sirven tanto para un roto o un descosido  a la derecha y a la izquierda política y económica.

No obstante, tal intento concita una oposición férrea de todos aquellos servidores públicos que ostentan potestades de control y sanción de desmanes medioambientales tan a cuenta en estos tiempos de desastres como el del Mar Menor, El Llano del Beal, Portmán o El Hondón de Cartagena entre otros. Después de lustros de responder a las necesidades en materia de recursos humanos de las actuales Direcciones Generales del Medio Ambiente y el Mar Menor y del Medio Natural, con amortizaciones de puestos de trabajo, después de décadas de incumplir sistemáticamente la prevención de riesgos laborales en el desarrollo de funciones potencialmente peligrosas (residuos químicos, biológicos entre otros), después de años de inseguridad jurídica de los funcionarios en el desempeño de sus competencias, después de que el austericidio haya conseguido que numerosos servicios públicos no garanticen los derechos de la ciudadanía, el ARCA parece ser la única solución, si hacemos caso a la Consejería competente en la materia, para proteger el Medio Ambiente, es decir, entregando la gestión del mismo a parte interesada en legalizar el incumplimiento a lo largo de los años de la normativa europea y estatal e hipotecando el derecho de la ciudadanía de un medio ambiente adecuado. Todo un despropósito que se pretende hacer realidad a lo largo del mes de octubre, si los partidos políticos, organizaciones ecologistas, sindicatos, unos prestigiados Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional y la sociedad en general no consiguen impedirlo.

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15 de octubre de 2018 - 11:48 h

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