El Partido Popular va a asestar un nuevo golpe a la educación pública en la Región de Murcia, reduciendo su inversión al mínimo. Para conseguir esta ganga van a aumentar la subvención a la privada: el gobierno del señor imputado va a aprobar, de espaldas a la ciudadanía y sin ni siquiera llevarlo al pleno de la Asamblea Regional, una orden que permitirá que las empresas privadas amplíen su negocio. Recibirán una doble financiación: por el dinero de las familias, y por el dinero de las subvenciones, que ya reciben por las etapas obligatorias, y que ahora empezarán a cobrar con la apertura de los conciertos de la FP y el Bachillerato.
Con esta orden, el gobierno del señor imputado Pedro Antonio Sánchez ha decidido profundizar la situación de deterioro que estamos padeciendo en la educación pública. Este nuevo golpe a la pública se suma a la ausencia reiterada de inversión en infraestructuras, en equipamientos informáticos o pedagógicos y en la prestación de servicios, que ha ocasionado la aplicación de la LOMCE y los múltiples recortes presupuestarios.
Además, como resultado de la zonificación, que ha eliminado los baremos de matrícula la importancia de la cercanía al centro escolar, y la consiguiente subvención (indirecta) del transporte y de becas de comedor, los centros privados (con subvención directa o sin ella) cercanos a los empobrecidos públicos han aumentado espectacularmente su ratio.
Con el único objetivo de favorecer los intereses de la privada, el gobierno regional está dejando hundirse decenas de centros escolares públicos. Es realmente indignante que año tras año los centros privados de nuestra región reciban cientos de millones, y que esta cantidad aumente en cada curso escolar, que con ese dinero estos centros puedan mantener piscinas, comedores escolares, pabellones polideportivos, aulas de música, etc., etc., y que no haya dinero para mejorar la educación pública.
Al mismo tiempo que aumenta la ratio en la privada, se ha desviado la matrícula del alumnado “difícil” hacia la pública, bien convenciendo a las familias de que sus hijos estarán mejor atendidos de sus problemas específicos de aprendizaje en la pública, bien porque directamente los centros privados no matriculan a estos alumnos considerados “difíciles”. Este proceso es la base del negocio de la privada.
La educación concertada es en realidad educación privada, solo que recibe subvenciones públicas. A las familias se les hacen pagar doblemente por un derecho fundamental como es el de la educación, lo que supone una anomalía de nuestro país respecto de Europa. Sin esa subvención solo los más favorecidos podrían pagar esas escuelas tan caras. Lo que se subvenciona es el negocio de unos pocos con el dinero de la mayoría.
Ante esta situación, debemos alertar a todas las familias que lo que puede parecer barato a simple vista nos va a salir caro a todos. Es inviable para las arcas públicas regionales mantener un sistema de copago educativo como el actual, que va a generar más desigualdad y aumentar la brecha entre los que más tienen y los que menos, y que va a seguir segregando por motivos religiosos y por sexo.
Solo la educación pública garantiza la cohesión social de modo que la diferencia entres quienes más tienen y quienes menos se reduzca en lugar de que se acreciente. Esto garantiza una región mejor, más próspera para todos y más estable.
0