Están tomando cuerpo los peores temores surgidos sobre las posibilidades de éxito de la denuncia/querella del fiscal Díaz Manzanera contra 13 funcionarios y 27 empresarios por el desastre del Mar Menor. La decisión de la magistrada Miriam Martín de trocear el asunto y distribuirlo entre vaya usted a saber qué juzgados de Cartagena, Murcia y San Javier ––según vayan decidiendo los jueces decanos el reparto–– es la peor noticia que podría haberse producido en este asunto.
De entrada, se aleja la posibilidad de que haya una causa única y general que intentara aclarar judicialmente las responsabilidades por el tremendo deterioro de la laguna. Es posible, no lo pongo en duda, que el razonamiento jurídico de la magistrada para tomar tal decisión sea impecable. Pero el resultado es que las posibles causas se diluyen en las sedes judiciales a partir de ahora y va a ser muy difícil que los ciudadanos que lo pretendan puedan seguir la evolución de los asuntos.
La larga lista de empresas de momento supuestamente responsables hará imposible de seguir la evolución procedimental para establecer de una manera clara quiénes fueron o son los principales responsables de la contaminación del Mar Menor. Porque los causantes directos ya sabemos que son las malas prácticas ambientales de la empresas agroindustriales. Y los indirectos, los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Consejería de Agricultura que hicieron la vista gorda, encabezados todos ellos por el consejero más longevo de cuantos gobiernos de Ramón Luis Valcárcel han sido: Antonio Cerdá.
Este sempiterno “ministrillo” de Valcárcel fue el principal ejecutor de la políticas de agua del ahora vicepresidente del Parlamento Europeo, en los años en que movilizaban agricultores y se atrincheraban tras el canal del trasvase Tajo-Segura. Mientras, en la retaguardia, los agroindustriales hacían de su capa un sayo con la aquiescencia e incluso el aplauso de la primera línea política “popular”. En la reserva quedaban, ávidos de cemento y ladrillo, prestos a saltar sobre la nueva presa, las grandes constructoras y eléctricas que confiaban en llevarse la parte del león de las suculentas infraestructuras que habría que ejecutar para el nuevo canal del Ebro al Segura tras el triunfo incontestable que esperaban de las políticas torticeras y engañosas que escondía el famoso eslogan de “Agua para Todos”.
Los procedimientos diferentes que se seguirán sobre la contaminación de la laguna salada serán complejos y difíciles puesto que en ellos figurarán desde pequeños agricultores encausados, hasta políticos y funcionarios de primer y segundo nivel junto a multinacionales agroindustriales y empresas agrícolas de menor tamaño. Todos tienen intereses distintos y, posiblemente, opuestos en algunos casos. Los abogados defensores tendrán un amplísimo terreno abonado para meter palos en las ruedas de la Justicia y retrasar hasta lo indecible el resultado final: las sentencias, si las hubiere.
Algo de esto ha podido observarse recientemente con el final de caso de contaminación del Río Segura, iniciado en 1998 y finalizado en 2017, con el resultado de “¡agua!, como en el juego de los barcos, gracias sobre todo a la atenuante en grado superlativo de ”dilaciones indebidas“. ¿Causadas por quién? Habría que preguntarse… y responderse.
Algunos escépticos ya enarcaron la ceja cuando se conoció la denuncia/querella del fiscal jefe, porque dejaba fuera, por ejemplo, al que fue director general del Agua dieciséis años en la Consejería de Cerdá y es desde hace seis presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura: Miguel Ángel Ródenas Cañada. ¿Cómo es posible que un funcionario de ese nivel y con esas responsabilidades no tenga nada que ver con el asunto de la contaminación del Mar Menor?, se preguntaron muchos. Otros criticaron que la magnitud del procedimiento iniciado por el fiscal-jefe hacía temer que el tema se eternizara en el juzgado y todo quedara al final en agua de borrajas, visto el precedente del Segura.
Ahora el despiece decidido por la magistrada Miriam Marín ha provocado la escandalera en círculos jurídicos. “Es una barbaridad”, opina en caliente una fuente jurídica privada de peso que rechaza ser identificada. Porque, si se quiere juzgar hechos que tienen todos un nexo de unión que no es otro que la contaminación posiblemente delictiva del Mar Menor, “¿cómo se lleva el tema a más de diez órganos diferentes?”, concluye. El despiece es “muy discutible”, corrobora una segunda fuente desde el Palacio de Justicia.
Otra tercera fuente jurídica también conocedoras del tema aseguran que el fiscal-jefe no está de acuerdo en absoluto con el auto de la magistrada y tiene intención de recurrirla. Desde dentro del escalafón jurídico se hace observar, por otro lado, que resulta chocante el plazo de seis meses de inactividad por el que pasará el procedimiento, en virtud del cual la magistrada se puede olvidar para siempre del asunto puesto que tiene previsto un cambio de juzgado en el mes de junio. Aunque le podría ocurrir que le caiga una de las partes del despiece en función del cambio de sede judicial, ironiza una cuarta perspectiva.
Lo único que queda claro que sólo tienen motivos para estar contentos, precisamente, los 34 denunciados en el texto inicial de Díaz Manzanera. Los demás ––desde el propio iniciador del procedimiento hasta políticos y ciudadanos afectados, pasando por estamentos jurídicos y judiciales y ecologistas varios–– son presa de la perplejidad más supina.
