Voy a empezar el artículo recogiendo la definición de patentes, que se aplica a nivel internacional y que tiene validez legal dentro de los organismos internacionales y de las relaciones internacionales. Las patentes son los derechos de propiedad que permite a sus titulares impedir que otros fabriquen, usen o vendan la invención durante un período mínimo de veinte años, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC). En relación a la salud, se aplica a todo tipo de medicamentos, incluidas las vacunas, y proceso de fabricación. Ante el peligro para la salud pública, como una pandemia, los estados pueden liberalizar las patentes para que se pasen a ser de domino público.
Estamos viviendo y sufriendo una pandemia, que está azotando a todos los países, en especial, a los más empobrecidos, porque no tienen un sistema de salud pública y viven en la pobreza y en la miseria, lo cual hace que cada día tengan que sobrevivir. No tienen agua, no tienen posibilidad de higiene y tienen que salir cada día de sus casas a ganarse un trozo de pan para sus hijos ¿Cómo se van a confinar en sus casas? Se morirían de hambre. Esta pandemia ha aumentado las desigualdades sociales y el hambre. El virus del hambre se ha extendido más y con mayor intensidad.
Cuando surgió la pandemia, los estados dieron miles de millones de euros y dólares, no es ninguna exageración, a las farmacéuticas para la investigación y la obtención de una vacuna segura y eficaz. Toda la comunidad científica se puso en marcha, porque la economía se había hundido ante los efectos sanitarios y sociales de la pandemia. Y, como interesaba, lo consiguieron en un tiempo récord. Ahora tocaba empezar los procesos de distribución de las vacunas y los procesos, con sus protocolos, de vacunación. Pero, llegamos de nuevo a la avaricia, la codicia y el negocio de los dueños, de los accionistas de las farmacéuticas con la complicidad de la clase política dirigente.
Todo esto se tradujo en que esa aportación de miles de millones de euros y dólares que no ha repercutido en el precio de las vacunas. Además, se une que algunas farmacéuticas rompen unilateralmente el compromiso de entregar periódicamente un número determinado de vacunas. Aluden a problemas en el sistema de producción y después conocemos la noticia de que esas vacunas comprometidas se la habían vendido a otros países que habían ofrecido el triple de dinero. Le piden a la Comisión Europea que enseñen los contratos firmados para ver los incumplimientos y en un principio se niegan y, posteriormente, acceden y enseñan los documentos llenos de tachones. Fue una auténtica vergüenza. La economía de la avaricia no se lleva bien con la democracia.
Por otra parte, la India y Sudáfrica piden, dentro de la Organización Mundial de la Salud, eliminar el derecho a la propiedad intelectual, las patentes, ante el hecho evidente que las vacunas no está llegando a todos los países, por la falta de suministro (unas pocas farmacéuticas abastecen a la población mundial) y su elevado precio. Y, ocurrió lo previsto tristemente; Estados Unidos, el grueso de los países de Europa, Brasil, Japón y Australia se opusieron frontalmente. Si se eliminaran las patentes de las vacunas contra el covid-19 se podría fabricar en muchos más lugares y los procesos de vacunación se agilizarían muchos más, añadiendo que sería humano y justo. De nuevo, la clase política al servicio de los intereses de las élites económicas, para seguir comercializando con la vida y con la muerte.
En este sentido, me comentaba un amigo una tesis de por qué no quieren liberalizar estas patentes. Me decía lo siguiente: “Todos tenemos claro que hay que vacunar a toda la población mundial, para impedir los contagios y para evitar que se dé las mutaciones, como ha ocurrido con la variante británica, sudafricana y brasileña, de momento. Y, si hay mutaciones, hay que fabricar nuevas vacunas y el negocio sigue funcionando”. La verdad que me dio que pensar. También, le añadiría que desde los países enriquecidos sentimos un desprecio hacia el Sur y no hay una relación desde la humanidad, sino como territorios para obtener riquezas y mano de obra barata.
Recuerdo cuando hace años un grupo de países de África y Asia pidieron que los tratamientos contra el sida fueran un poco más baratos, para poder acceder a más tratamientos y salvar más vidas. Lo que pedían estos países era que redujeran los márgenes de beneficios y la respuesta fue un no rotundo, un no que suponía más muertes. Hace poco tiempo, nuestro país pidió que se redujera el precio de determinados medicamentos, porque eran muy elevados. La respuesta de las farmacéuticas fue desabastecer y provocar una escasez de suministros de esos medicamentos, como medida de presión para mantener los precios, para que sus márgenes de beneficios siguieran elevadísimos.
Cuando hablamos de farmacéuticas hablamos de muy pocos dueños, cuyas fortunas son incalculables haciendo negocio con la salud y protegidos por la clase política que actúan en contra de la mayoría de su ciudadanía. En los últimos tiempos se han producido fusiones dentro del sector, concentrando un inmenso poder. Facturan miles de millones al año y forman conglomerados empresariales por todo el mundo. Son un auténtico poder fáctico. El otro día leí el dato que con los beneficios que ya tienen las farmacéuticas se podría vacunar todo el continente africano.
La única manera de que se cumpla el Artículo 25 de los Derechos Humanos, que avala el derecho a la cobertura universal a la salud, es crear un programas a tal efecto desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) con los suficientes recursos para promover la salud pública en cada país y crear farmacéuticas de carácter público vinculadas a este organismo, repartidas por todo el mundo, si queremos que la salud sea universal y no un negocio con la vida y con la muerte.
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