El crecimiento de las líneas eléctricas de alta y media tensión e infraestructuras asociadas (subestaciones o centros de transformación) ha sido casi exponencial en nuestra región en las últimas décadas. Este crecimiento se ha desarrollado sin mecanismos de planificación regional como la creación de pasillos energéticos y ha supuesto severos impactos ambientales sobre el territorio y la fauna de este territorio. Un ejemplo de estos impactos ha sido la mortandad por colisión o electrocución de avifauna protegida y algunos mamíferos como los murciélagos.
La electrocución y colisión en estructuras de conducción eléctrica se ha convertido en el principal problema de conservación para muchas de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que al año mueren en España más de 30.000 aves por electrocución, si bien algunos autores estiman que esta cifra podría multiplicarse incluso por diez. El Ministerio va a destinar una partida de 60 millones de euros a las comunidades autónomas para ayudar a prevenir la mortalidad de avifauna por líneas eléctricas. Otros impactos derivados de los tendidos eléctricos tienen que ver con la destrucción y fragmentación de los hábitat, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de la vegetación, responsables de provocar efectos barrera que condicionan los desplazamientos y distribuciones de las especies.
En la región, muere todos los años un elevado número de aves y quirópteros por electrocución o colisión. Muchas son especies amenazadas, que mueren cada año, electrocutadas o mutiladas, al pie de los cables de distribución eléctrica. La mortandad se extiende a ejemplares como el Águila real (Aquila chrysaetos) Águila Perdicera, (Hieraaetus fasciatus), el Búho Real (Bubo bubo) o el Sisón común (Tetrax tetrax). Casi mil aves y unos pocos mamíferos figuran en una lista de víctimas de las líneas eléctricas en los últimos ocho años elaborada por la Consejería de Medio Ambiente. Los tendidos eléctricos mataron a 297 búhos reales y 42 águilas perdiceras en 8 años en la región. La elevada mortalidad por electrocución que padecen las aves en los últimos dos años ha dejado un total de 300 ejemplares muertos.
La pasividad del Gobierno regional ante este problema es notoria. La administración regional no abre apenas expedientes sancionadores a las compañías propietarias de las redes de transporte y distribución eléctrica. Las propuestas que realizan los agentes medioambientales para que los casos de muertes se remitan a los juzgados duermen el sueño de los justos. Hay que denunciar que la competencia para formular una valoración jurídica no corresponde a la administración regional sino al juzgado de instrucción o al fiscal que debe valorar si existe la posibilidad de que la electrocución o colisión de avifauna puedan ser constitutivos de una infracción penal.
Siete organizaciones ambientales de la región han remitido un extenso informe a la Consejería de Medio Ambiente donde identifican el alcance de la problemática que suponen las electrocuciones de fauna silvestre y apuestan por una aplicación inmediata de la legislación vigente para revertir la situación de alta siniestralidad de las líneas eléctricas. Plantean una revisión y corrección de los tendidos ya existentes, especialmente los que atraviesen espacios protegidos y sus entornos; mejora de medios humanos y materiales para detectar los tendidos más peligrosos y la elaboración de un mapa de puntos negros de electrocución y colisión. Proponen una evaluación completa de líneas o de tramos extensos para minimizar el número de expedientes a tramitar y la ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución y colisión en todo el territorio.
Es necesario y urgente un incremento de los medios humanos y materiales para detectar los tendidos más peligrosos y los puntos negros de electrocución y colisión. Hay que ampliar el ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio y plantear el soterramiento de los nuevos tendidos que atraviesen espacios protegidos o zonas LIC y ZEPA.
Con estas medidas, los problemas de electrocución y colisión podrían resolverse en el plazo medio de tres años, suponiendo menos del 1% de los beneficios del sector eléctrico. A cambio, se obtendría un enorme provecho en la conservación de la biodiversidad, minimizando la principal causa de muerte de especies protegidas y amenazadas (particularmente aves rapaces), disminuyendo los fondos públicos destinados a programas de recuperación y garantizando los impactos positivos que desarrollan estas especies como control de plagas de conejos, evitar la proliferación de enfermedades, la retirada de cadáveres y la regulación de las poblaciones de roedores en general.
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