A veces, incluso en momentos de tanta incertidumbre como los actuales, sabemos lo que hay que hacer. Por ejemplo, las principales medidas que deberían acompañar la vuelta al cole están bastante claras y se pueden resumir en un mensaje tan sencillo que casi parece un slogan publicitario: “más profesorado, más aulas, menos ratio”. La idea es lo suficientemente breve para caber en un tuit de los de antes, los de 140 caracteres. Tiene la síntesis certera de una pintada en un muro. Refleja el que debería ser el compromiso de toda la sociedad con el bienestar de la infancia.
“Más profesorado, más aulas, menos ratio” es una forma de resumir toda una serie de medidas que ya tendrían que estar puestas en marcha para asegurar que la vuelta al cole se produzca y que se produzca con seguridad. Lo hemos dicho otras veces: la pandemia ha puesto de manifiesto que el bien individual es el bien común y viceversa. De la misma manera, la salud individual es la salud comunitaria. La vuelta al cole debe ser segura por el bien del alumnado. Pero también por el del profesorado, por el de las familias y por el de la sociedad en su conjunto.
Y cuando hablamos de seguridad, no pensamos solo en seguridad frente a la COVID-19, pensamos también en seguridad frente a las desigualdades sociales y económicas, frente a las brechas que rompen la sociedad, al aislamiento, a la falta de oportunidades. La apertura de los centros educativos sin las medidas sanitarias pertinentes suponen un riesgo. De la misma manera que lo supone que no se abran en su totalidad.
El cierre de los centros educativos causado por la actual pandemia ha tenido consecuencias muy negativas en las niñas y niños. Cada vez que nuestra sociedad se enfrenta a una situación de crisis (pasó en el 2008 y está pasando ahora) son las personas que parten de una situación de mayor fragilidad quienes peor lo pasan y quienes más sufren el golpe. Así, aquellas niñas y niños que antes de la pandemia no contaban con ordenador en casa o con un wifi en condiciones, son los que han experimentado en primera persona la brecha digital. Esta falta de recursos se traduce en que te toca hacer los deberes usando un teléfono en vez de un teclado en condiciones. O que mientras tus compañeros y compañeras asisten a una clase por Zoom o por Google Meet, tú te quedas al margen. La brecha digital supone que muchas niñas y niños se hayan quedado atrás o, directamente, fuera del sistema educativo.
Pero el colegio, el instituto, no son solo los deberes. Es también el momento y el lugar para socializar, para estar con tus iguales, para conocer opciones distintas, para que tu mundo crezca y descubras nuevas oportunidades. Todo eso también es fundamental en la educación de la infancia. Si los centros educativos no se abren completamente, nuestra sociedad se empequeñece, las familias acabarán encerradas sobre sí mismas, los colectivos se aislarán en sus territorios. Daremos pasos atrás y se agrandará la brecha social.
Y lo que ahora pase, tendrá consecuencias en el futuro. Las niñas y niños que ahora no puedan teleestudiar, serán quienes no podrán teletrabajar el día de mañana porque dependerán de trabajos vinculados a la presencialidad. Y, sí, deben existir empleos que rijan presencialidad pero el reparto del trabajo no puede estar basado en situaciones de injusticia y desigualdad.
Además de la brecha digital, social y laboral, hay otras que se relacionan directamente con el cierre de los centros educativos. Por ejemplo, la brecha de género. Según, Ángeles Durán, catedrática vinculada al Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), “son las mujeres quienes más han llevado el peso del colegio en casa”. En el primer comunicado que la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia publicó con motivo de la pandemia (13 de marzo 2020) señalamos que “durante la crisis económica que comenzó en 2008, las familias y, dentro de ellas, las mujeres, compensaron con su trabajo reproductivo los recortes en gastos sociales” y advertimos que “los efectos de la Covid-19 van a estar condicionados también por el género”. La semipresencialidad que se plantea actualmente vendrá a agrandar la brecha de género. La única forma de conseguir que cuando se hable de conciliación no se mire de reojo, o de frente, a las mujeres es que sea una conciliación efectiva. Y para que así sea debe contar con el compromiso real tanto de la administración como de las empresas. No es ese el escenario actual.
Todo lo anterior, “más profesorado, más aulas, menos ratio”, no es sino un conocimiento y unas propuestas que descansan sobre la evidencia, que tanto tiempo llevamos señalando desde la Red de Lucha Contra la pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM), de que la educación es un derecho fundamental. Y como tal derecho debe ser atendido sin excusas, sin atajos. No podemos entender el presupuesto destinado en educación como un gasto sino como una inversión. Es una inversión en un derecho fundamental (los derechos se protegen con leyes y también con presupuestos) y es una inversión en nuestro presente y en nuestro futuro. Sería más que suficiente que estuviéramos hablando de un derecho exclusivo de la infancia para que todo lo expuesto cobrara un sentido completo. Pero es que la educación es un derecho de toda la sociedad. Las niñas y niños no son un elemento extraño o adyacente a la sociedad, son la sociedad tanto como lo son las personas adultas con buenos trabajos y en puestos de poder. El bienestar de los menores es el de toda la sociedad.
En la actual situación extraordinaria, la inversión en educación debe estar acorde con el momento. La inversión prevista para el inicio del curso en la Región de Murcia no se corresponde con lo que un derecho como la educación se merece. Y no bastaría solo con que el presupuesto alcanzara para cumplir lo de “más profesorado, más aulas, menos ratio” y todo lo que eso supone, es que ese presupuesto se debe repartir en condiciones de equidad, debe estar acorde a la situación de las familias que acuden a los centros y a la situación de los territorios en los que estos estén. De nuevo, podemos buscar una formulación sencilla: “más recursos públicos a quien más los necesite”.
Que no se haga todo eso lleva a la duda legítima de que se esté atendiendo a nuestras niñas y niños como se merecen. La Región de Murcia, por si fuera poco, llegó a la pandemia algo agrietada con una tasa de abandono escolar del 22,6% y un 34.7% de la población menor de 16 años en riesgo de pobreza y exclusión social. De nada sirve hablar de derechos o del bien superior del menor si no se actúa en consecuencia. Además, llueve sobre mojado. Buena parte del problema actual no lo sería si no se hubieran perdido 3000 docentes en la Región de Murcia con los recortes desde 2010 hasta 2012. Con esos docentes ya tendríamos más profesorado y menos ratio.
Los derechos fundamentales no se pueden priorizar ni enfrentar. No podemos oponer el derecho a la salud al derecho a la educación. Debemos esforzarnos en atenderlos todos y atenderlos bien. Los centros educativos deben abrir en condiciones seguras y de forma completa. Además, se deben poner en marcha medidas que compensen las desigualdades que ya existían y las que ha acrecentado la pandemia. No podemos seguir dejando atrás a las niñas y niños. No podemos seguir agrietando nuestra sociedad.
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