Que la mitad de los jueces del Tribunal Constitucional muestre su mala baba hacia el Gobierno, y que el Gobierno continúe sus avances antisociales pretendiendo eliminar la acción pública de la Ley del Suelo y la soberanía municipal frente a las instalaciones nucleares, no debe impedirnos señalar, con la dureza debida, a esos políticos que, con ocasión del ya célebre “caso de la carne”, utilizan sus privilegiadas tribunas para reírse de la ciudadanía mostrando su desprecio hacia la salud y el medio ambiente; porque todo esto nos muestra una democracia que se degenera con pasos decididos, allanándose ante los intereses económicos y la mentira instituida.
¿Cómo describir el significado del debate, perdón, de la reacción provocada por las sinceras, rigurosas y oportunas expresiones de Alberto Garzón, ministro de Consumo, recordando los daños para la salud y el medio ambiente derivados de comer demasiada carne, sobre todo si procede de la ganadería industrial? El vocerío ha resultado, en efecto, equivalente a una encuesta, si bien sin los aditamentos academicistas de la metodología habitual, que describiera el estado mental de nuestra sociedad extrapolando, sin gran riesgo, lo que han dicho ciertos políticos a una situación general en la que, por cuanto a la salud y el medio ambiente se refiere, predominan claramente la ignorancia, la indocilidad o la mala fe.
Los ecologistas sabemos muy bien –conscientes y doloridos por la situación del medio ambiente y por rodo lo que esto representa– que vamos para atrás en casi todo lo que caracteriza a una sociedad civilizada o (para entendernos mejor) culta, y que gobiernos, leyes y desarrollo económico no paran de empeorarlo todo, faltos de sensibilidad, convicción y (en tantísimos casos) decencia. Por eso el tiempo nos ha hecho pesimistas: casi todo lo que se dice sobre conciencia ecológica expansiva, economía verde en auge y medidas ambientales adecuadas compone una redomada farsa, publicitada desde administraciones, instituciones, empresas y medios de comunicación que, por gozar del respaldo de esos poderes, pretenden convencer y, al tiempo, sofocar al punto cualquier disidencia o desafío a la insensatez.
Aludamos, para ilustrar esta indignación, a casos concretos: dos políticos cuyas opiniones sobre las ejemplares advertencias del ministro Garzón, no tienen desperdicio. El primero es el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, un demagogo de éxito que, capitaneando un partido independiente, o sea, amarillo, representa una curiosa anomalía en el panorama nacional desde una hermosa región (geográfica, que no histórica) donde parece que nunca pasa nada. Y aunque se le notaba cierto apuro cuando se le pedía su opinión desde una cadena de televisión en busca de (nunca mejor dicho) carnaza informativa, como cántabro distinguido y a título de estrella mediática, creyó que debía de rendir tributo al oportunismo con una vibrante defensa de la carne y de una ganadería que, como debiera saber, nos envenena física y moralmente. Y nos abrumó con la dramática visión del líder comunicativo siempre en riesgo de devenir en compulsivo charlatán.
Creyó, erradamente y con desdoro de la sutileza que muchos le atribuyen, que debía hacer del chuletón cántabro el mismo elogio que de las anchoas de Santoña, y dejó de lado –porque quizás ya lo ha olvidado y visita más los platós que las comarcas deprimidas sobre las que gobierna– que su tierruca puede que haya sufrido la mayor devastación económica y cultural de la España húmeda con la “transición” desde una espléndida ganadería extensiva y familiar, que mantenía viva la Cantabria rural, hacia una región con restos de ganaderos resistentes y empobrecidos, un auge humillante de la ganadería intensiva y… una autonomía en permanente búsqueda de identidad. Esto, y no otra cosa, es lo que debía de haber dicho a las cámaras, dejando pasar la oleada de histeria (que lo comprometió y envolvió, en un lamentable episodio de político ambiguo y acomodaticio) y dando de lado a su condición de economista ortodoxo con la obligación debida de poner el precio y la competitividad antes y por encima de todo.
El otro caso lo retomo de la Murcia de siempre, en un año de los más brillantes de su ejemplar historia política, y son los pronunciamientos, del caso, de Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (el agua delante, claro; el medio ambiente al final, normal), que ha defendido resueltamente esa ganadería intensiva, en el fondo y origen de la polémica, con la cerrada defensa de un sector que –según él– se esfuerza por hacer sostenible esa actividad, reduce las emisiones de CO2, reutiliza los purines y apuesta por la eficiencia energética de sus explotaciones. Ahí está el defensor (oficial) del medio ambiente en modo feriante ganadero, con su mundo al revés, sin la menor atención al serio cuestionamiento de que es objeto esa ganadería y faltando, en buena medida, a la verdad meridiana.
En su panegírico de la plaga que envenena buena parte de la Región murciana debido a las granjas de cerdo que proliferan sin orden ni control, Luengo ha creído que resultaría elemento de eficaz exculpación una sorprendente (por misteriosa) afirmación: que “el agua que se usa en ganadería procede de la lluvia”. Los más finos analistas al servicio de este ejecutivo regional se han movilizado para encontrar explicación fiel a tan críptica expresión, sospechando que se trata de una genialidad difícilmente accesible a mortales del montón (como este cronista, que en un pasado encuentro con Luengo no consiguió penetrar, sin duda por propia incapacidad, las cualidades dialécticas, lógicas y sintácticas de tan formidable, y quíntuple, consejero). Pero esos escrutadores de secretos tan poco vulgares se han frenado, bien a su pesar, cuando se les ha advertido que esas granjas que sublevan y envilecen, sobre las que tan potente Consejería cierra los ojos y deja hacer, suelen nutrirse de agua de pozos (a los que alimenta el cielo, bien es verdad: ¡ahí debe de estar el toque de Luengo, tan perspicaz!) que son en gran número ilegales, sin vigilancia ni seguimiento. Nuestro consejero Luengo se beneficia, así y todavía, de la incompetencia y la desgana del actual fiscal de medio ambiente de la Región, lo que nos pone de relieve que, aunque parcialmente, el subsistema judicial murciano está inserto en el sistema depredador general, simbolizado en el control privado (y con escalo) del agua, y el descontrol público (y premeditado) de la misma.
Más que la ignorancia material, sólo aparente, más que el atropello discursivo, que sustituye a la seriedad, es el menosprecio hacia las realidades más evidentes lo que nos muestran estos prohombres sometiéndose a pretextos economicistas o a la impunidad de un alegre descaro político. Por eso, ni se preocupan de cuidar los hechos (no digamos la prudencia, a que se debieran ceñir siempre) ni se abstienen de provocar, desde una posición tóxica y vicaria, simplemente antisocial.
Esta reacción frente a verdades elementales define a los personajes, los abisma en el ridículo y los exhibe como incapaces de entender de qué va la cosa. Para ellos – portadores de una filosofía inepta que abandera el ministro Planas, del que nadie debe esperar cualquier concepto agrario no estándar– el desarrollo rural es una constelación de grandes explotaciones agrícolas o ganaderas destinadas a la exportación, sin población asentada y, sobre todo, a salvo de cualquier responsabilidad ambiental y social (la UE y su refinado cinismo agrario, amparan la fechoría).
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