Una persona con una deficiencia física, mental intelectual o sensorial se convierte en discapacitada cuando se la incapacita a causa de barreras construidas y consolidadas por limitaciones sociales. Esto supone una clara vulneración de derechos humanos fundamentales.
Según la Comisión Europea, en torno a 100 millones de personas con discapacidad no viven de forma independiente en la Unión Europea a causa de las múltiples barreras a las cuales se enfrentan con cotidianeidad. Por otra parte, la población europea sufre un envejecimiento progresivo, por lo que el índice de discapacidad aumentará en los próximos años, necesitando con urgencia entornos más accesibles y servicios de apoyo adaptados.
La discapacidad tiene un claro sesgo de género, ya que el 60% de las personas con discapacidad son mujeres y la gran mayoría de personas que cuidan a otras con discapacidad también son mujeres. Millones de mujeres en Europa han tenido que reducir su jornada laboral o abandonar su trabajo para cuidar de una persona con discapacidad en su familia, por no disponer de servicios de atención adecuados o de los recursos económicos para costearlos. Ello provoca estrés, ansiedad y una carga psicológica para la persona con discapacidad, así como para su cuidadora.
Es preocupante desconocer el número de niñas y niños con discapacidad, ya que la Unión Europea no dispone de datos estadísticos sobre la totalidad. Su estimación es del 15% del total de menores de la Unión Europea, es decir, actualmente habría 75 millones de niños y de niñas con discapacidad. Según un informe estadístico europeo realizado en 2018, el 37 % de la población de 15 años o más padecía limitaciones físicas o sensoriales moderadas o graves, el 24,7 % de la población de 16 años o más padecía graves limitaciones en sus actividades habituales debido a problemas de salud y el 17,7 % padecía limitaciones duraderas, graves para el 7%.
Las personas con discapacidad se enfrentan a barreras de accesibilidad física, a instalaciones y servicios no adaptados y a problemas de discriminación social. Para todas las personas discapacitadas, no solo la accesibilidad, sino también la asequibilidad en relación a la vivienda constituyen un grave problema. Es un derecho fundamental vivir de forma independiente y poder participar en la comunidad, tener autonomía y libertad de desplazamientos. Es urgente eliminar las barreras físicas y sociales, para que las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales puedan participar en la vida comunitaria de entornos rurales y urbanos, en igualdad de condiciones con el resto de personas. Se debe facilitar el acceso a los servicios públicos, a viviendas asequibles, a los medios de transporte, a la información, a las tecnologías, a las comunicaciones, la cultura, el deporte…
El equipo experto que diseñe la próxima Estrategia Europea sobre Discapacidad 2021-2030 se enfrenta a situaciones y realidades muy importantes que no fueron tenidas en cuenta en la precedente y que tendrán que resolverse de forma imperativa:
- Definir de forma consensuada los términos discapacidad y enfermedad crónica ya que tienen interpretaciones diferentes en los Estados miembros de la Unión Europea.
-Integrar la igualdad de género y el enfoque intersectorial en todos los ámbitos que engloba el Convenio de Estambul, ya que mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a discriminaciones múltiples.
- Desarrollar políticas públicas de apoyo a responsables familiares de personas con discapacidad, sobre todo para hogares monomarentales y monoparentales y también para madres y padres con discapacidad.
- Enfrentar otras discriminaciones como la exclusión social educativa y la pobreza : alrededor del 28,7 % de la población de la Unión Europea con discapacidad se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018.
- Emprender actuaciones relacionadas con el ámbito laboral, ya que las personas discapacitadas tienen más probabilidades de ocupar puestos de trabajo precarios y mal remunerados. Según el informe conjunto sobre el empleo de la Comisión Europea, la tasa de empleo actual para las personas con discapacidad es del 50,6 % (53,3 % en el caso de los hombres y del 48,3 % en el caso de las mujeres), frente al 74,8 % de las personas sin discapacidad. El desempleo y la precariedad impiden que millones de personas con discapacidad puedan tener autonomía por lo que representan una parte importante del total de las personas que se quedan sin hogar en Europa.
- Concienciar a las personas empleadoras es una forma importante de luchar contra la discriminación en la contratación de personas con discapacidad. También prevenir riesgos laborales, buscar respuestas a los problemas crónicos de salud en el trabajo y acordar medidas de rehabilitación y de participación tras una enfermedad o un accidente.
- Realizar acciones específicas para la inclusión en el mercado laboral de forma prioritaria de jóvenes con discapacidad como parte del programa de Garantía Juvenil.
- Revertir el impacto de las medidas austericidas adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo los recortes en servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales) ya que provocaron un empeoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, aumentando niveles de pobreza y de exclusión social.
- Apoyar de inmediato y sin restricciones a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo con discapacidad.
Son cuantiosos y relevantes los objetivos que deberán negociarse en la próxima Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, y todos necesarios y urgentes. Esperemos que esta nueva Estrategia sea totalmente inclusiva y lo suficientemente ambiciosa para lograr mejorar lo antes posible las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Como siempre, además de buenas intenciones, la adecuada dotación de recursos económicos y humanos, sobre todo en las Administraciones públicas, será la clave fundamental del éxito de la próxima Estrategia Europea sobre Discapacidad.
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