Hace seis años el movimiento #MeToo animó a las mujeres víctimas de acoso sexual a hacer público lo que habían sufrido con el objetivo de denunciar y concienciar sobre la violencia generalizada. #MeToo generó en su momento un movimiento internacional que repercutió en la política y en la respuesta de instituciones públicas de diferentes países. Pero a día de hoy, el acoso sexual sigue representando una violencia de género ejercida en todo el mundo y en todos los ámbitos.
Según el Parlamento Europeo, el acoso sexual es una violación de los derechos humanos. En el ámbito laboral constituye una expresión más de la desigualad estructural e institucional de género, y otra variante del machismo para tratar de someter a las mujeres en diferentes espacios, incluido el laboral. En la Unión Europea (UE), una de cada dos mujeres (55%) ha sufrido acoso sexual, y el 32% de todas las víctimas denunciaron que el agresor había sido un superior jerárquico, un compañero o un cliente.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres asalariadas están un 6% más expuesta a sufrir violencia y acoso en el trabajo que las trabajadoras por cuenta propia. El ámbito laboral no es un entorno seguro, ni siquiera para las mujeres que ejercen profesiones que precisan mucha cualificación o que ocupan un puesto de dirección, ya que el 75% de ellas han sido acosadas sexualmente en su lugar de trabajo.
Por sector de actividad, el 61% de las mujeres empleadas en el sector servicios han sufrido acoso sexual. Las mujeres con contratos precarios, las mujeres racializadas y las mujeres jóvenes están más expuestas que las demás al acoso sexual en su lugar de trabajo, y las mujeres migrantes el doble que el resto de trabajadoras. Para la OIT, desde una perspectiva interseccional (sexo, edad y situación migratoria) el 40,7% de las mujeres jóvenes migrantes han sufrido algún tipo de violencia y acoso en el trabajo en los últimos cinco años en comparación con mujeres jóvenes no migrantes (26,8%). El acoso sexual se puede exacerbar aún más cuando la perspectiva interseccional se amplía integrando otras discriminaciones como el origen étnico o social, la lengua, las creencias, las opiniones políticas, la discapacidad o la orientación sexual.
La ciberviolencia de género es una nueva forma de acoso sexual que se expande de forma muy peligrosa por el uso de Internet, nuevas tecnologías y redes sociales. El 13% de las mujeres residentes en la UE la ha sufrido en los últimos cinco años, estando muy expuestas las periodistas, las políticas y las activistas feministas y activistas LGTBI. Los datos son escasos, los registros estadísticos e informáticos de acoso o ciberacoso sexual deberían sistematizarse, desglosarse por sexo (y otras variantes interseccionales) a escala nacional y regional, para valorar la magnitud, causas, consecuencias y establecer acciones concretas.
El alcance del acoso sexual se extiende a varios campos del ámbito laboral. Es uno de los factores que influye negativamente en la carrera profesional de las mujeres, alterando en muchas ocasiones su permanencia en el mercado laboral, además de su salud mental y física, agrandando la brecha salarial de género. Según la primera Encuesta Europea de Violencia de Género (2022), del total de mujeres residentes en España de entre 16 y 74 años que ha trabajado alguna vez, cuatro millones y medio de mujeres han sufrido acoso sexual en el trabajo en algún momento de su vida. En los últimos cinco años, el número de víctimas alcanzaría casi los dos millones, y en el último año de la encuesta se contabilizaron 723.958 mil trabajadoras acosadas.
El bajo nivel de denuncia es preocupante. En la sede de CCOO en Murcia, atendemos de forma cotidiana a trabajadoras que sufren acoso sexual, y que pasan por situaciones difíciles para dar el paso de la denuncia: riesgo de revictimización, miedo a la estigmatización, a las represalias, a perder el empleo. No saben cómo dar el paso para comunicarlo en su empresa, cómo formalizarlo, ni siquiera a quién dirigirse. Son trabajadoras de pequeñas y medianas empresas de la región del sector privado, sobre todo del sector servicios, y también del sector público, en su mayor parte funcionarias de Enseñanza. Jóvenes y mayores, españolas y extranjeras, con alta formación académica o con estudios primarios, jornaleras del sector agrícola o profesoras de universidad, cualquier trabajadora de la región ha estado y está expuesta a la violencia machista en su lugar de trabajo. No existe ninguna encuesta ni estadística en la Región de Murcia sobre los casos de acoso sexual en el trabajo, hecho que llevamos denunciando al Gobierno regional desde hace años. Queremos remover el tejido empresarial murciano para destapar la violencia hacia las mujeres y hacer emerger los acosos sexuales y sexistas.
A pesar de la obligación legal desde el año 2007, muchas empresas carecen de protocolo para hacer frente a una denuncia de acoso sexual o por razón de sexo, otras lo tienen, pero no lo difunden entre sus trabajadoras y trabajadores, y la mayoría del empresariado no sensibiliza ni imparte formación a su plantilla. En otras empresas, incluso se normaliza el acoso sexual como algo inherente al ser humano, achacando a la víctima no haber sabido responder de forma contundente ante una conducta impropia de carácter sexual. Las empresas están obligadas a proporcionar un entorno de trabajo libre de acoso sexual, para ello deben prevenir con formación y están expresamente obligadas a negociar con la representación legal de la plantilla un protocolo para canalizar la denuncia de forma ágil y respetuosa hacia la trabajadora denunciante, y para instruir un procedimiento riguroso y con garantías. El acoso sexual en el puesto de trabajo es una grave cuestión de seguridad y salud laboral, que debe ser prioritaria, porque tiene consecuencias terribles para la salud física y psicológica de las personas trabajadoras. Pero en términos generales, el empresariado murciano dista aún mucho de convertirlo en una prioridad.
Las trabajadoras víctimas de acoso sexual deben saber que, desde la publicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, tienen importantes derechos en el ámbito laboral: reordenación de su tiempo de trabajo, ausencias al trabajo para acudir a recursos de ayuda, justificadas y remuneradas, cambio de centro de trabajo, suspensión del contrato, extinción de su contrato con indemnización específica y protección de desempleo entre otros. Las trabajadoras también deben saber que, siendo víctimas de acoso sexual, su despido es nulo, así que no debe de tener miedo a ser despedidas, y todas estas garantías laborales deben de servir para animarse a denunciar.
En CCOO Región de Murcia, se es consciente de la responsabilidad que implica trabajar por la erradicación de la violencia machista en el ámbito laboral. Por ello se considera muy importante la formación continua de delegadas y delegados, para asesorar a las trabajadoras ante una situación de acoso sexual o razón de sexo y para negociar convenios colectivos y planes de igualdad con medidas efectivas para actuar sobre el acoso sexual, es decir, sobre la violencia de género en el puesto de trabajo.
Acabar con el acoso sexual nos llevará aún tiempo, pero las mujeres y en especial las trabajadoras, debemos unirnos y actuar de forma organizada, porque existe la suficiente normativa laboral y penal para atajar y sancionar estos ataques machistas, pero hay que romper el silencio.#VamosAContarlo.
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