Salvo sorpresas por alguna de las muchas triquiñuelas legales que se saben algunos abogados especialistas en meter palos en las ruedas de la Justicia, el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso, irá al juzgado el día 19, viernes, por presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones, relacionados con el caso de la desaladora de Escombreras.
También podría ser que el antiguo gran preboste murciano se refugiara en su domicilio de Madrid, donde al parecer se empadrona últimamente, y sea la pandemia que no cesa la que le impida convenientemente atender al requerimiento de la magistrada.
Pase lo que pase, la cosa quedó meridianamente clara tras el dictamen de la Comisión de Investigación de la Asamblea Regional en septiembre de 2017, primero y unos meses después también, cuando la UDEF emitió su informe al respecto.
Lástima que la fecha de la declaración judicial sea posterior al debate del Estado de la Región, pues podría haber sido una buena base previa para explicar cómo de aquellos polvos nos cayeron estos lodos gracias a la actuación corporativa, premeditada y consciente de los sucesivos Gobiernos del PP con Valcárcel de máximo responsable.
Quien fue pieza clave en el análisis de la documentación y hechos que llevaron a aquel dictamen demoledor, el exdiputado de Podemos Antonio Urbina, cree que “con las conclusiones de ese texto hay unas evidencias que dan un viso de realidad muy fuerte de varios presuntos delitos, y por eso se les dio traslado a la Fiscalía”. Uno de los testigos que comparecerá ante la magistrada días después del expresidente regional opina que en el origen de este asunto, como de muchos otros, está el que “nadie ha querido ver durante muchos años sus (de Valcárcel) múltiples tropelías”.
Ahora que por fin alguien parece dispuesto a verlas, sin embargo, el dique de contención, el escudo protector que esgrimirán los defensores del ahora profesor de una ‘progresista’ universidad privada madrileña, la Camilo José Cela (UCJC), consiste en echarle toda la culpa al fiel exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, como único y máximo responsable de aquel desaguisado de 600 millones de euros, por lo menos.
Y eso no se lo puede creer nadie en su sano juicio. Pues ¿en qué cabeza cabe que un 'ministrillo', por muy leal e importante que sea, va a dirigir por su cuenta y riesgo tamaña operación fraudulenta para el erario y beneficiosa para la ACS de Florentino Pérez, sin que su jefe de Gobierno de siempre, el licenciado Valcárcel, estuviera al cabo de la calle?
Es más, hay quien piensa, sin decirlo, que deberían ir al banquillo no solo los dos ínclitos citados sino todo aquel que pasó por los asientos del Consejo de Gobierno de Murcia en esos años: decisiones de los ejecutivos son colegiadas y bien colegiadas, como no se cansan de repetir cuando les interesa quienes de ellos forman parte.
Va a ser difícil dizque desmontar el adarve del que el sempiterno fiel escudero del expresidente es principal bastión, dado que otra cosa no, pero los populares murcianos son duchos desde 1995 en la creación de pantallas de desinformación y tergiversación de cualquier hecho que afectara a posibles fallos y grandes aciertos en su gestión, como viene quedando demostrado en los muchos casos de posibles delitos relacionados con la corrupción que ahora les agobian… relativamente: sentencias condenatorias, pocas.
Todo esto no impide que quien debería acudir como investigado ––antes de Rajoy, imputado–– y como inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero también como presunto malhechor, conferencie sobre los peligros de la desinformación en la Unión Europea, catapultado como fue a la UCJC gracias a sus cargos del Parlamento y a su pertenencia al Grupo de Trabajo sobre Política de Información y Comunicación, donde no le acompañan ni Pérez ni Ruiz.
En una de esas sesiones, el licenciado Valcárcel, don Ramón Luis, “insistió en la importancia de 'defender los derechos del ciudadano europeo ante los populismos que nos acechan, y ante la desinformación que traen consigo'”. Fin de la cita del reporte oficial de la propia universidad de su egregia intervención, distribuida con título de 'La desinformación es un riesgo para la democracia y la integridad europea'. Palabrita del Niño Jesús.
Si tan firmes propósitos le animan y tan convencido del principio de la libertad de información -especialmente la pública-, podría dar ejemplo explicándole con pelos y señales a la señora magistrada el viernes cuál fue su papel y cómo se esfumaron dadivosamente 600 millones. Si tal hiciera, muchos de los que sufrieron, por ejemplo, sus directrices informativas tan bien perpetradas por varios ayudas de cámara estarían dispuestos ante semejante caballerosidad a tirar pelillos a la mar. Pero, para eso, habrá de declarar en sede judicial, como dicen los expertos. Se admiten apuestas. Vale.
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