El Gobierno de la Región de Murcia seguirá derivando la mayoría de los abortos a clínicas privadas

El Servicio Murciano de Salud (SMS) continuará derivando la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo a centros privados durante los próximos cuatro años. La Administración firmó el pasado 26 de junio un concierto sanitario por valor de 6.4 millones de euros con tres clínicas del sector -Géminis Planificación Familiar, Delta Médica (Ginemur) y el Instituto Ginecológico de Murcia-, que realizarán casi todos los abortos hasta la semana 22. El único hospital público donde se llevarán a cabo el resto de intervenciones será el Hospital público Virgen de La Arrixaca.

Las clínicas Géminis Planificación Familiar y Delta Médica llevarán a cabo las intervenciones hasta la semana 14, mientras que el Instituto Ginecológico de Murcia llevará a cabo abortos entre la semana 15 y la 22. El contrato garantiza la administración de anestesia “adecuada al procedimiento”. Hace unos años la anestesia no estaba financiada por el SMS y debían abonarla las mujeres que se sometieran al procedimiento. La Consejería de Salud empezó a abonarla tras las quejas de la Asociación de Usuarios de la Sanidad.

En la Región se realizaron un total de 3.232 de abortos en 2021, todos ellos en centros concertados. Mientras, la sanidad pública asumió situaciones muy excepcionales, que representan un porcentaje mínimo: en la Arrixaca solo se practicaron unas 25 intervenciones. Desde el último trimestre de 2021, el hospital público se está haciendo cargo de las interrupciones del embarazo a partir de la semana 23, siendo cada caso revisado previamente por un comité médico que certifica que el aborto se realiza por la existencia de una enfermedad extremadamente grave en el feto o anomalías incompatibles con la vida. Previo a esto las mujeres murcianas debían desplazarse a Madrid para interrumpir estos embarazos.

El nuevo concierto abre la puerta a que las mujeres reciban atención en el hospital público hasta la semana 20 en el caso de poca viabilidad del feto, pero solo podrán ser atendidas durante la última fase del proceso, la de dilatación y expulsión, mientras que el tratamiento previo lo tendrán que seguir recibiendo en clínicas privadas.

Choque con el proyecto de ley

El concierto sanitario con las clínicas choca frontalmente con el proyecto de ley aprobado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, la semana pasada. La norma, que el Gobierno central espera que comience a aplicarse antes del fin de la legislatura el próximo año, contempla el acceso al aborto en la red de salud pública. Es decir, que las mujeres tendrán derecho a interrumpir su embarazo en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio.

La Consejería de Salud defiende que actualmente “la ley se cumple” en la Región y adelantan que de cara a la nueva ley del aborto hay un “déficit importante de profesionales”. Al mismo tiempo, la Salud asegura que ya está diseñando el registro de profesionales que intervienen directamente en el proceso y que quieran acogerse a la objeción de conciencia que prevé el proyecto de ley de Igualdad.