Durante las dos últimas décadas, la Región de Murcia ha reforzado —directa o indirectamente— la presencia de la provisión sanitaria privada en la atención de poblaciones ya cubiertas por el Servicio Murciano de Salud (SMS). La fórmula empleada ha sido la de los llamados “conciertos sanitarios”, es decir, el trasvase de dinero público hacia clínicas y hospitales privados mientras la percepción ciudadana sobre la calidad asistencial pública es cada vez más negativa.
De hecho, cada año, el número de murcianos que contrata un seguro de salud privado crece casi un 4%. Algo sorprendente en una comunidad autónoma que tiene una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 32,4%. Para los colectivos en defensa de la sanidad pública, estos conciertos se han desprovisto de su función original, que era la de servir de mero complemento allí donde la pública no era capaz de llegar. Pero, sobre todo, se han convertido en un negocio para las clínicas privadas —con ánimo de lucro— que, de otro modo, no habrían podido crecer de una forma desorbitada.
Mediante los conciertos sanitarios, el SMS contrata con una red de centros privados la prestación de servicios asistenciales, como la realización de determinadas intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas. Los defensores de este modelo lo justifican porque el sistema público no puede absorber la demanda en los plazos deseados. Pero, en la práctica, ha contribuido a reforzar la red privada y a convertirla en un actor sanitario relevante en esta comunidad.
Baste un ejemplo. En 1972, el Centro Médico Virgen del Alcázar, fundado ese año en Lorca por un grupo de inversores, algunos de ellos médicos, era una pequeña clínica privada de apenas 44 camas de hospitalización que, fundamentalmente, prestaba servicios a clientes de aseguradoras privadas.
A través de los primeros conciertos sanitarios empezaron a derivarse a este centro pacientes del SMS que requerían de lo que se denominaba “cuidados medios”, un eufemismo para referirse a enfermos en estado terminal o a personas 'solas' y sin una adecuada red de apoyo familiar ni plaza en un centro residencial. En cualquier caso, usuarios que generaban un 'gasto' exiguo, muy por debajo de la cantidad diaria que el SMS pagaba al centro privado-concertado por su atención. Era la década de los noventa, comenzaban a generarse beneficios y, con ellos, el espectacular crecimiento del negocio.
Hoy, tras sucesivas reformas y ampliaciones, el rebautizado como Hospital Virgen del Alcázar cuenta con 177 camas, cuatro quirófanos, una Unidad de Cuidados Intensivos con capacidad para cinco pacientes, más de veinte consultas externas y urgencias 24 horas. En el mismo recinto comparte espacio con un equipo de resonancia magnética y un escáner para la realización de tomografías computarizadas, del grupo privado Affidea.
Las cosas le iban tan bien a esta sociedad anónima —su capital está dividido en acciones— que, en 2019, abrió un policlínico con 15 consultas en pleno centro de Lorca. En 2022, coincidiendo con su 50 aniversario, inauguró un nuevo centro de consultas y tratamientos médicos en Vera Playa (Almería). Este 2025, ha hecho lo propio en la localidad murciana de Águilas, donde ha proseguido su expansión con un nuevo establecimiento que ofrece urgencias 24 horas de Medicina General y Enfermería, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico y consultas de varios especialistas. Mientras, los aguileños llevan casi una década esperando a que el SMS ponga en marcha en esa localidad el Centro Integral de Alta Resolución, anunciado en 2016, que les evite desplazamientos a Lorca.
Según el consejero de Sanidad de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, el centro se encuentra “en fase de equipamiento” desde este verano. Aunque las obras están finalizadas, sigue sin haber una fecha de apertura concreta.
¿Un retraso fruto de la casualidad? Cuesta creerlo teniendo en cuenta otros antecedentes. En 2020, el SMS desmanteló la Unidad del Dolor del Rafael Méndez de Lorca, el único hospital público en el Área III de Salud, que atiende a una población superior a las 180.000 personas. Pacientes con fibromialgia, artrosis severa y dolor crónico, postquirúrgico u oncológico fueron derivados al Santa Lucía de Cartagena, a más de 85 kilómetros de distancia. Sólo unos meses después, el privado-concertado Virgen del Alcázar anunció la apertura de su nueva Unidad del dolor y medicina Hiperbárica.
¿Cuánto dinero público fluye hacia la privada?
En la Región de Murcia, los 16 hospitales del sector privado-concertado ya no son proveedores ocasionales de servicios sanitarios. Disponen de una parte importante de la capacidad hospitalaria, en torno a un tercio de las camas totales, y también gestionan un volumen importante de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Ese reparto de capacidad ha convertido a la provisión privada en un actor estructural del sistema sanitario regional y, por tanto, en un receptor estable de fondos públicos.
En términos presupuestarios, la Región de Murcia destina cantidades de dinero público nada desdeñables a conciertos con la sanidad privada. Concretamente, alrededor del 5,5% del presupuesto sanitario regional (unos 174 millones de euros), un porcentaje que ha ido creciendo ejercicio tras ejercicio al mismo ritmo en que los presupuestos para la pública han ido menguando.
La consecuencia directa de esos contratos es que la privada ha convertido a la sanidad pública en una fuente de ingresos estables y crecientes, sin la que difícilmente podría mantenerse. Estos son los números oficiales de 2024, publicados en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia: el hospital Ribera, en Molina de Segura, facturó 15,1 millones de euros al SMS; a este le siguen la Clínica Médico-Quirúrgica San José (Alcantarilla) con 9,1 millones de euros; el hospital Mesa del Castillo (Murcia) con 8,8 millones; el mencionado Virgen del Alcázar —en el área de salud con las listas de espera más elevadas de toda la comunidad autónoma— con más de 8,7 millones de euros; o el hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Cartagena), con otros 7,2 millones.
Sin embargo, informes de fiscalización como el realizado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ADSP en esta comunidad autónoma denuncian que, cada año, el gasto ejecutado en conciertos de asistencia sanitaria supera ampliamente las cuantías inicialmente presupuestadas. Unas desviaciones que apuntan tanto a una demanda real no planificada como a prácticas de contratación extraordinarias que aumentan el gasto público sin que eso se corresponda con una ampliación estructural del sistema público.
Mientras tanto, las organizaciones empresariales del sector se felicitan por el crecimiento de su actividad y facturación. La lógica es sencilla: más conciertos igual a más actividad financiada con fondos públicos; igual a mayor facturación para los centros privados. La tendencia ha sido especialmente visible en servicios con alta demanda, como la cirugía programada, las pruebas diagnósticas y las consultas especializadas subcontratadas. Las ampliaciones y reformas de las que presumen estas clínicas demuestran el éxito de la fórmula para sus intereses privados.
¿Quién pierde? Impacto en la sanidad pública y en la calidad asistencial
ADSP Región de Murcia y otras plataformas de pacientes alertan de que los conciertos sanitarios tienen efectos perversos: la externalización de los casos “fáciles” y la concentración en la privada de determinadas intervenciones, deja al sistema público con una casuística más compleja y costosa, mayor presión en urgencias y en atención primaria, así como dificultades para atraer y retener profesionales.
Y es que, la buena salud económica de las clínicas privadas les está permitiendo 'fichar' a especialistas que abandonan el sistema público, en el que se formaron, para dedicarse en exclusiva a la medicina particular. En Lorca, por ejemplo, hace un par de años se produjo una estampida de dermatólogos hacia la privada. Tras varios meses sin médicos que cubrieran esa especialidad —que trata, por ejemplo, los melanomas, un tipo de cáncer de piel— la solución del SMS ha sido incentivar a dos facultativos de otras áreas de salud para que acudan a Lorca un par de veces a la semana. La situación es tan surrealista como que los médicos de familia que observan una lesión de posible gravedad en sus pacientes, les mandan fotografías de manchas o lunares para que las valoren online.
Otra de las consecuencias de este modelo es la precariedad laboral en otras categorías de profesionales sanitarios como enfermeras o Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Para que el negocio de las privadas sea boyante, a menudo se recorta en salarios y contrataciones, lo que da como resultado un personal extenuado, mal pagado, que no cuenta con los recursos necesarios, que a duras penas puede realizar su trabajo con los estándares de calidad exigibles cuando se trata de la atención de personas enfermas y que, en ocasiones, es obligado a incurrir en intrusismo laboral para ahorrar en nóminas. Por ejemplo, mediante la utilización de Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico (ciclo formativo) para realizar ecografías, una técnica reservada a facultativos.
Manuela J, es técnico en cuidados auxiliares de enfermería en un hospital concertado de la región. Cuenta a elDiario.es que los turnos son “insufribles”. “A veces trabajo cuatro noches seguidas y no se nos paga el plus de nocturnidad. Llego a mi casa reventada y sabiendo que los pacientes no tienen el cuidado que merecen, pero es lo que me toca si quiero hacer puntos para poder trabajar en la pública”. Con un salario base que no llega a los 700 euros, asegura, y sin los medios adecuados: “Nos cuentan los guantes que nos dan para asear a los pacientes”.
Luego está la paradoja del empeoramiento de las listas de espera, cuando la filosofía que justifica la externalización en la sanidad es, precisamente, su acortamiento. En la Región de Murcia hay 35.000 pacientes en lista de espera quirúrgica y más de 120.000 aguardando para consultas externas. Los tiempos medios para someterse a una intervención están en 107 días y la demora para ser visto por un especialista superan los tres meses, aunque hay áreas de salud, como en Lorca, donde la espera se cuenta en años.
19 meses, concretamente 575 días, es lo que han llegado a tener que esperar algunas pacientes para poder pisar una consulta de ginecología en este municipio. Y ello, constatando como “preferente” en el informe realizado por su médico de familia.
Aunque la desesperación no solo se queda en los pacientes. Laura R., administrativa en el área de consultas externas, sufre de estrés y ansiedad por las innumerables llamadas que recibe al día de decenas de usuarios quejándose porque no consiguen una cita. “Tratamos de entender la situación, pero nos agreden verbalmente para desahogarse. Los insultos son nuestro pan de cada día”, confiesa.
Consecuencias sociales y políticas de los conciertos sanitarios
El trasvase de fondos públicos a la sanidad privada no es sólo una cuestión técnica. También tiene importantes consecuencias sociales, porque limita la capacidad de la pública para garantizar una atención equitativa en el territorio y erosiona la confianza ciudadana en un sistema que debería ser la columna vertebral de la atención sanitaria.
Es una doble pérdida: por un lado, empresas privadas consolidan ingresos con el dinero de todos; por otro, disminuye la capacidad del sistema público para dar respuesta rápida, integral y equitativa. Por eso, desde ADSP Región de Murcia advierten que, si la sanidad pública es un bien común, su defensa “exige tomar decisiones políticas y administrativas que prioricen la inversión estructural en lo público y restrinjan el recurso de los conciertos a lo estrictamente imprescindible, siempre con transparencia y controles robustos”. Los datos y las experiencias recientes en la Región de Murcia demuestran que seguir por la vía contraria es continuar abonando —con fondos públicos— una sanidad a dos velocidades.