El Ayuntamiento de Pamplona abre la vía judicial para que la empresa de alquiler de bicicletas no cese el servicio

El Ayuntamiento de Pamplona abrirá la vía judicial y manda a concurso de acredores a la empresa de alquiler de bicicletas eléctricas Ride On tras confirmarse el cese “unilateral” del servicio el pasado viernes 13 de febrero. El objetivo es garantizar su continuidad hasta la entrada de la nueva adjudicataria, prevista para septiembre de este año. Por su parte, la empresa de alquiler de bicicletas electricas ha comunicado esta mañana que se han visto obligados a “suspender el servicio” por “reiterados incumplimientos contractuales” del Ayuntamiento.

El conflicto entre el Ayuntamiento de Pamplona y la empresa Ride On se originó en abril de 2025, cuando la empresa anunció la suspensión del sistema por las “pérdidas económicas”, aunque finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo para mantener el servicio mientras se negociaba una salida. Ese mismo mes, el Consistorio decidió asumir la compensación de las pérdidas y acordó la compra del stock de bicicletas y estaciones para garantizar la continuidad del sistema por “razones de interés público”. Sin embargo, en febrero de 2026 Ride On volvió a advertir de que cesaría la actividad, alegando “impagos” del Ayuntamiento y calificando la situación de “insostenible”.

Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, ha explicado que el principal desencuentro con la concesionaria se produjo por la justificación de determinados pagos y por las diferencias en la valoración y verificación del stock del sistema.

Uno de los puntos de fricción es la aportación de 200.000 euros, que la empresa de alquiler de bicis asegura que se abonaron “a fondo perdido”, y el “abono del beneficio industrial del 6%”. Sin embargo, Abaurrea ha declarado que este importe supone un adelanto y que la administración pública no puede reconocer “facturas sin emitir”. Además, la empresa asegura en su comunicado que “se acordó la adquisición de stock” por un precio de 700.000 euros, aunque el Ayuntamiento lo ha tasado “en un valor sensiblemente inferior”, unos 400.000 euros, y alega que resulta “sospechoso” que Ride On no “acepte una auditoria externa” si realmente “cree que tiene razón”.

El Ayuntamiento de Pamplona plantea acudir a la vía judicial para solicitar “la apertura de un concurso de acreedores para la concesionaria”, con la intención de “restaurar el servicio y garantizar su continuidad” mientras se prepara un nuevo modelo de gestión. El Consistorio señala que este procedimiento permitiría negociar con la futura administración concursal y facilitar una transición ordenada hasta la nueva adjudicación, dentro del proceso que ya ha iniciado para una nueva licitación del sistema. De hecho, Abaurrea ha declarado que desde “la propia Unión Europea” se les ha instado a “acelerar la nueva licitación”, prevista para marzo. El nuevo servicio estaría implantado en septiembre, según los plazos, y alcanzaría su pleno rendimiento en diciembre.

Dirigiéndose a los usuarios, Joxe Abaurrea ha anunciado que, aunque “cabe la posibilidad de que se interrumpa el servicio un tiempo”, se ha diseñado “un sistema” para que “el dinero invertido” en “abonos o wallets” no se pierda. “Ya se trabaja en un trámite electrónico específico en el que se ofrecerá la oportunidad de ceder la deuda a favor del Ayuntamiento (que posteriormente reclamaría a la empresa) a cambio del reintegro del dinero”. Una cifra que el Consistorio calcula en unos 250.000 euros. “Nuestra prioridad es que la ciudadanía no pierda el dinero”, detallaba el concejal.

El Ayuntamiento de Pamplona prevé adjudicar el sistema de bicicletas eléctricas a una nueva empresa mediante una licitación pública que plantea un contrato de larga duración y un mayor control municipal del servicio. Según la nota, el nuevo modelo buscará contar con “una operadora con solvencia y garantías” y un sistema que asegure la continuidad y estabilidad del servicio. El Consistorio indica que el futuro contrato exigirá bicicletas “robustas y seguras”, una logística eficaz para la redistribución de los vehículos y un mantenimiento que permita “reposición rápida y mantenimiento adecuado”, además de una gestión capaz de responder a las necesidades del sistema y evitar interrupciones.