Condenan al Gobierno de Navarra a indemnizar con 18 millones a los promotores de un proyecto de lujo paralizado por unas protestas

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha condenado al Gobierno de Navarra a indemnizar con 18 millones de euros a los promotores del proyecto Aroztegia, que tenía planificada la construcción de 200 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en unos terrenos situados en la localidad navarra de Lekaroz, en el Valle del Baztán. Los magistrados estiman así parcialmente la demanda de los impulsores del proyecto y consideran que la “inactividad” de la Policía Foral durante las protestas de miembros de una plataforma contraria al proyecto y que paralizaron las obras supuso un perjuicio para los promotores.

Las tres sentencias reconocen el derecho al cobro por responsabilidad patrimonial de 18 millones de euros, el 75% de la cantidad total (26 millones) que reclamaban los promotores. La Sala considera que ellos son responsables del 25% restante por no haber adoptado las medidas de seguridad oportunas. El Gobierno de Navarra recurrirá las sentencias ante el Tribunal Supremo, según ha informado el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez.

Los hechos denunciados se remontan al inicio de las obras, a comienzos del mes de abril del 2021. El proyecto de lujo contó desde su inicio con una importante oposición de los vecinos de la zona, que rechazaban la construcción del complejo por la “turistificación” que iba a provocar del Valle del Baztán. En septiembre de 2025 el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona condenó a penas de multa a siete miembros de la plataforma contraria al proyecto, entre las que estaba la exalcaldesa de Baztán Garbiñe Elizegi (EH Bildu), por impedir el trabajo de los operarios y paralizar las obras.

El Gobierno navarro ha mostrado su “sorpresa” y disconformidad con la sentencia porque considera que es contraria a una sentencia reciente de la Audiencia Nacional en la que se desestimó la reclamación de los promotores del proyecto Aroztegia a cobrar una indemnización al entender que la actuación de los agentes de la Guardia Civil, también presentes durante las protestas, fue “conforme con los estándares normales exigibles de actuación” y porque las obras eran “ilegales” por haber sido anuladas desde el punto de vista administrativo y judicial.

“Llama la atención que el TSJN vaya en contra de la tesis argumental de las dos administraciones públicas implicadas, del Consejo de Navarra, del Consejo del Estado y de la Audiencia Nacional. Todos ellos han entendido que las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron correctas”, ha señalado Javier Remírez.

En las sentencias de la Sala de lo Contencioso, según ha añadido el vicepresidente, hay un voto particular, el de una magistrada que sostiene que las reclamaciones deben de ser “desestimadas” porque las obras se ejecutaron “sabiendo que eran ilegales” y porque no se ha acreditado que “el daño provocado que sea real y no meramente hipotético”.