Denuncian “citaciones trampa” para expulsar a migrantes en Navarra y el delegado del Gobierno lo niega

Las asociaciones Papeles y Derechos Denontzat, Médicos del Mundo Navarra y SOS Racismo Navarra

Sol Gragera


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Una representación de una treintena de colectivos ha denunciado este martes en el Parlamento de Navarra que el pasado 2021 agentes de tres de los cuerpos policiales que operan en la comunidad foral –Local, Nacional y Foral– realizaron centenares de “citaciones trampa” a personas migrantes con el fin de iniciar un expediente de expulsión, así como la existencia de “controles de identidad racistas”. Esta acusación ha sido tildada de “mentira” por el jefe superior de Policía Nacional en Navarra, José María Borja Moreno, y también ha sido negada con “absoluta rotundidad” por el delegado de Gobierno en Navarra, el socialista José Luis Arasti, quien ha defendido la gestión “ordinaria y normal” de las fuerzas y cuerpos de seguridad que intervienen, ha reconocido, cuando “comprueban” que estas personas “se encuentran en situación administrativa irregular”.

Sanción a un municipio navarro por engañar a un vecino senegalés para deportarle

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Las asociaciones Papeles y Derechos Denontzat, Médicos del Mundo Navarra y SOS Racismo Navarra han intervenido en una comisión parlamentaria para dar traslado de esta situación sobre la que llevan alertando más de tres años, la última vez el pasado mes de noviembre. Cabe recordar que uno de los casos más conocidos de esta práctica en Navarra fue la cometida por el Ayuntamiento de Ribaforada en mayo de 2021, que engañó a un vecino senegalés para expulsarlo de España. El Consistorio, dirigido entonces por el socialista Jesús María Rodríguez, que ahora es director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, fue denunciado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el tratamiento de la información personal de Modou Khadim, quien estando en situación irregular fue citado por el Ayuntamiento para detenerle y expulsarle posteriormente del país.

En declaraciones a los medios a las puertas de la cámara foral, la portavoz de SOS Racismo, Beatriz Villahizán, ha explicado que la Delegación de Gobierno negó en un escrito remitido a estas entidades que se estén realizando controles por perfil étnico en el territorio. A la vez, la Delegación reconocía que hasta el 31 de octubre del 2021 se practicaron un total de 214 citaciones para presentarse ante la Brigada de Extranjería. Han asegurado que a estas comunicaciones la Delegación de Gobierno se refiere como “citaciones a extranjeros al objeto de valorar la posibilidad de tramitación de un expediente de expulsión”.

Las organizaciones han vuelto a señalar que estas citas entregadas a las personas migrantes no especifican la posibilidad de ser expulsados, sino que son llamadas “en relación a su situación administrativa en España” e incluyen una “amenaza” de ser detenidos de no acudir. “Entendemos que se trata claramente de un engaño y que la amenaza de detención es una práctica irregular”, ha advertido Villahizán. Tal y como ha recordado en comisión, esta práctica consiste en la entrega de una notificación por parte de las distintas policías, en ocasiones tras la realización de “identificaciones racistas”. Cuando las personas acuden a estas citas, han señalado, se producen situaciones que van desde “la retirada del pasaporte, la entrega de comunicaciones de salida obligatoria, citaciones periódicas ante la Brigada y hasta la incoación de expedientes de expulsión”. Han advertido que estas prácticas “carecen de amparo legal” y “vulneran” el artículo 17 de la Constitución al considerar que la autoridad no “puede ordenar la detención de una persona en situación irregular sin que previamente haya un procedimiento administrativo sancionador”. Han tildado de “grave” la “colaboración” de los agentes policiales a este respecto y han sospechado de la existencia “de una instrucción emitida por la Dirección General de la Policía” con este fin.

La Delegación de Gobierno lo niega con “rotundidad”

En declaraciones a los medios y preguntado por esta cuestión, el delegado de Gobierno ha defendido la gestión realizada por los agentes policiales y ha rechazado la interpretación hecha de esta práctica por estas asociaciones. “Una cosa es que una persona tenga una citación en Extranjería y ahí se le pueda tomar declaración o pedir información, o incluso en un trabajo cotidiano en la vía pública se pida documentación y se observe que esa persona no tiene la documentación regular que debería tener para estar en España”, ha señalado, para añadir después que “si desde esas asociaciones interpretan que eso son citas trampa […] tienen un verdadero problema”.

El jefe superior de Policía Nacional en Navarra, José María Borja Moreno, también ha rechazado esta acusación, que ha tildado de “mentira”, a la vez que ha defendido que “se hace un trabajo respetando escrupulosamente los derechos y libertades”. “No admito que se nos acuse de eso. Llevo aquí 15 meses y no he dado una orden de ese tipo ni la daré”, ha recalcado. Ha asegurado en este sentido que existe un informe que recoge que “no hay citas trampa y no hay ninguna orden escrita ni verbal a los funcionarios”. “Lo niego rotundamente y si hay pruebas en contrario, que lo demuestren, pero que se ponga en duda el trabajo y honorabilidad de los funcionarios que yo dirijo no lo acepto porque no es verdad”, ha insistido.

Navarra Suma y PSN piden que acudan al ámbito judicial

Los representantes de las tres asociaciones han reclamado a la cámara foral a este respecto “claridad, apoyo y compromiso para erradicar esta práctica” y una “normativa foral propia que impida la vulneración de derechos de estas personas”. En su turno de intervención, la parlamentaria de Geroa Bai –grupo que sustenta al Gobierno foral junto con PSN y Podemos– Isabel Aranburu ha manifestado la “gran preocupación” que genera en su grupo la existencia de este tipo de prácticas que ha tildado de “rechazables”. “No cabe en un Estado de Derecho que se pare en la calle a nadie de forma arbitraria, y en ningún caso partiendo de su apariencia física”. Ha rechazado asimismo que “la relación de una administración con sus administrados pueda realizarse a través del engaño o la trampa”.

Desde EH Bildu, la parlamentaria Patricia Perales ha considerado “urgente” derogar la ley de Extranjería, que ha calificado de “desfasada” y que “no garantiza los derechos de todas las personas”. Perales ha criticado la “arbitrariedad e hipocresía” así como la “falta de compromiso real” por parte del Gobierno de Navarra ante este tipo de prácticas, y ha avanzado que su grupo solicitará una comparecencia al consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos, para que aclare “cuál es su posición” al respecto.

Por su parte, desde Navarra Suma –UPN, PP y Ciudadanos– Jorge Esparza ha instado a estos colectivos a que ejerzan de “defensa jurídica” de estas personas y que acudan al ámbito judicial “si es tan claro” que se producen este tipo de prácticas ilegales. A la vez, ha tildado de “grave” la acusación realizada sobre la existencia de una instrucción por parte de la Dirección General de Policía para llevar a cabo estas citaciones, si no existe “constancia para contrastarla”. También en esta línea se ha manifestado la parlamentaria socialista Virginia Magdaleno, quien ha pedido a las organizaciones que si conocen alguna situación de este tipo que “vayan al ámbito judicial”. También ha señalado que no existe “ningún dato fehaciente” de que estas actuaciones se hayan llevado a cabo por parte de la Policía Foral o las locales, ni hay constancia de que exista “una orden clara” con el fin de tramitar la expulsión.

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