Familiares de trabajadores esclavos del franquismo llevarán su querella al Comité de Derechos Humanos de la ONU

Trece familias de presos republicanos que trabajaron como esclavos del franquismo en la construcción de una carretera en el Pirineo navarro —representadas por Valentín Esteban, hijo de uno de los trabajadores forzosos— junto con la asociación memorialista Memoriaren Bidean y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), llevarán su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Reclaman el reconocimiento como víctimas del franquismo de los prisioneros obligados a trabajar en la construcción de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal. La decisión se toma después de que los tribunales españoles no admitieran la querella presentada, que define lo ocurrido como “crímenes de lesa humanidad”.

Más de 2.000 prisioneros republicanos trabajaron entre 1939 y 1941 de manera forzosa y en condiciones extremas durante la construcción de la carretera que une los valles del Roncal y Salazar en el Pirineo navarro. En octubre de 2023 el colectivo presentó la primera querella en España por trabajos forzosos durante el franquismo, respaldada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y la asociación Memoriaren Bideak, en el juzgado de Aoiz (Navarra). La Fiscalía consideró que los hechos relatados eran constitutivos de delito, pero la denuncia no fue apreciada al estimar el juez que los crímenes denunciados habían prescrito.

En el resto de instancias a las que recurrieron posteriormente, Audiencia Provincial de Navarra y Tribunal Constitucional, “tampoco han considerado la querella o han considerado los crímenes aministiados por la Ley de 1978”, ha lamentado Valentín Esteban, representante de las familias.

Sin embargo, según los familiares y colectivos que les apoyan, “la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que La Ley de Amnistía de 1978 debe interpretarse conforme al Derecho Internacional” cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, representando la desestimación de la querella, según ellos, “un déficit democrático y una transición [del sistema franquista] inacabada”.

Tras agotar las vías en la Justicia española, han presentado la denuncia a la ONU al considerar “sin duda” un marco legal “bastante más favorable” que el existente en España “en relación con estos crímenes”. Sabino Cuadra Lasarte, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), impulsora de la queja, señala que es posible “obtener una resolución positiva” porque “hay precedentes”. “El Comité de Derechos Humanos ya ha señalado anteriormente que no puede aplicarse [a casos de esta naturaleza] ni la prescriptividad ni la aprobación de leyes de amnistía”.

Los familiares exigen “verdad, justicia y reparación”. “Jamás han dicho lo que han dicho para crear enfrentamiento, por miedo o por revancha. Simplemente, han trabajado para que aquello que pasaron [sus padres] no se repitiera”, añadía Ana Barrena, representante de Memoriaren Bidean.

Trabajos en condiciones de esclavitud

Durante los primeros años de la dictadura, trabajaron en la fortificación de la frontera francesa unos 15.000 prisioneros republicanos, los conocidos como “desafectos”, personas que no tenían imputaciones por delitos graves en contra del régimen, pero que no apoyaban el sistema franquista. Se encontraban en campos de concentración y, sin ser juzgados, fueron organizadas en batallones para realizar trabajos en condiciones de esclavitud que se prolongarían durante años. En el caso de esta carretera pirenaica se estima que trabajaron más de 2.500 presos.

Las condiciones en las que trabajaban y vivían eran extremas y precarias, con picos, palas y martillos como único material para picar la piedra y hacer los caminos bajo la atenta mirada de los soldados. Dormían hacinados en barracones sin apenas comida más allá que unos “tallos de berzas o raíces”, provocando que, en ocasiones “el compañero que dormía al lado estaba vivo a la noche y por la mañana amanecía cadáver”, como describió en una carta remitida a sus familiares el prisionero José Barajas Galindo.

En estas condiciones, muchos de ellos morían por enfermedades como la tuberculosis o eran fusilados por intentar huir. Solo hay trece muertes registradas de trabajadores en la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, aunque se cree que fueron muchas más.

Tras varios años de prisioneros esclavos,quienes sobrevivieron y fueron liberados, quedaron “marcados” para el resto de sus vidas. A muchos les costó encontrar trabajo por la mancha de “desafecto” que figuraba en sus expedientes. Ahora sus familias quedan a la espera para su reconocimiento como víctimas de la dictadura.

Más de 20 querellas en España desde 2022 y más de 120 desde 2016

Jacinto Lara Bonilla, abogado y expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), ha afirmado que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2022 se habían presentado más de 20 querellas denunciando crímenes del franquismo, tres de ellas por trabajos forzados. Además, ha explicado que desde 2016, “que se empezaron a presentar querellas como una campaña propia y específica de la CEAQUA”, en España se han presentado más de 120.

Ahora mismo hay admitidas a trámite cuatro querellas criminales. Una de ellas por un juzgado de Padrón (Galicia), por torturas; otra en Madrid, también por torturas, que se investiga en los tribunales de instancia; una en Paterna, por enterramientos en fosas comunes; y una última por el asesinato de Teófilo del Valle, primera víctima de la Transición, en la que se le tomará declaración a Martín Villa y a Daniel Aroca en calidad de investigados en ese proceso penal. 

A pesar de que las cuatro mencionadas anteriormente han sido admitidas a trámite, el resto están todas archivadas y gran parte de ellas “han agotado la vía judicial interna”, como el caso de los presos de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, explica Jacinto Lara.