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Las grabaciones del posible soborno en la Sanidad navarra: 4.000 euros en tarjetas regalo por favorecer a un proveedor

Vista de un hospital.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha relatado en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma, el contenido de las pruebas facilitadas por un facultativo del Complejo Hospitalario de Navarra con las que denuncia que se había producido un posible delito de cohecho en el seno del Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea), con el supuesto conocimiento e inacción de sus superiores. Según ha narrado que recogen un escrito y unas grabaciones, que ya investiga el Juzgado número 5 de Pamplona, un médico dio traslado al equipo de la sección de Hemodinámica del ofrecimiento de una empresa que suministra una marca de 'stents' –muelles para ensanchar las arterias-, de pagarles una comisión del 12% después de haber aumentado su facturación. En concreto, el soborno se repartiría a los cuatro facultativos a través de tarjetas de compra de El Corte Inglés, "no rastreables por la Hacienda foral y sin registro oficial", valoradas en un total de 4.000 euros.

Enériz ha explicado que el autor de la queja recurrió al Defensor del Pueblo en noviembre de 2020 después de dar parte de los hechos señalados al jefe del área y no obtener respuesta. A consecuencia de ello, según se señala en el escrito, el facultativo aseguró haber sufrido acoso laboral ya que el superior, "sin investigación alguna ni solicitud de pruebas, acordó junto con el resto de facultativos que debía abandonar la sección si sus compañeros consideraban que no podían trabajar con él". Además de afirmar que fue "relegado" del servicio y "sometido a un trato degradante", el facultativo acusó a dos compañeros de consultar su historia clínica sin autorización. Según ha relatado el responsable de la institución, el denunciante comunicó lo sucedido a la gerencia del Complejo Hospitalario en junio de 2020, tras lo cual se inició un proceso de mediación con los otros tres integrantes del equipo que no querían trabajar con él y con el aval del jefe de área. Este proceso cesó al conocerse las grabaciones realizadas en abril de 2019 -con Fernando Domínguez como consejero de Salud en el anterior Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai)-.

El Defensor del Pueblo decidió poner los escritos y las grabaciones en conocimiento de la Fiscalía quince días después de recibirlos en noviembre de 2020, al considerar que los hechos podrían tener "relevancia penal" con tres variantes: El ofrecimiento del reparto de comisiones, el acoso profesional y las entradas no consentidas en una historia clínica. También en noviembre, dos días después de transmitirlo a Enériz, el denunciante remitió por burofax los escritos al gerente del Complejo Hospitalario, al director gerente del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achutegui, a la consejera de Salud, Santos Induráin y a la propia presidenta del Gobierno foral, María Chivite. Finalmente, el fiscal superior de Navarra consideró que los hechos podían ser constitutivos de diversos delitos, decidió incoar diligencias de investigación penal e interpuso una denuncia, admitida a trámite, por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona.

PSN y Geroa Bai defienden la gestión del caso y la oposición les acusa de inacción

Durante su intervención en comisión parlamentaria, tanto Navarra Suma –la coalición conformada por UPN, Ciudadanos y PP- como EH Bildu, han criticado la gestión realizada del caso por parte del Departamento de Salud del Gobierno foral, al señalar que conocía los hechos y no inició una investigación interna ni dio traslado de los mismos a la Fiscalía. Por su parte, tanto PSN como Geroa Bai han defendido la actuación de la Administración al afirmar que no acudió a la Justicia por no contar con las grabaciones que sí tenía el Defensor del Pueblo.

"Lo más grave no es que ocurra esto. Lo peor es cómo reacciona la Administración, que tiene por objeto velar por el normal funcionamiento y proteger a la persona que denuncia unos hechos", ha considerado Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz de Navarra Suma, quien ha criticado que el departamento dejara el asunto "un año durmiendo" mientras el profesional sufría un posible acoso laboral. Asimismo, ha afirmado que tras lo relatado por Enériz se deduce "una gravedad mayor" de lo hasta ahora conocido al sumarse un posible caso de acoso profesional.

En su intervención, la portavoz parlamentaria socialista, Inma Jurío, ha criticado que Navarra Suma trate de "alterar la neutralidad política del Defensor para hacer política frente al Gobierno". Ha señalado también que en el grupo de facultativos implicados "existía una mala relación profesional", ante lo cual Salud intentó "poner solución a la situación de conflicto".

Por su parte, Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai y presidenta del Gobierno foral cuando sucedieron los hechos, ha insistido en que no se han producido los cobros señalados en la denuncia, según informó en su día el Departamento de Salud, aunque ello "no quiere decir que no se produjera un intento de que así hubiera sido". "El Gobierno está diciendo que no contó con las pruebas a pesar de haberlas requerido reiteradamente, no contó con las grabaciones que sí permitieron al Defensor acudir a los tribunales", ha subrayado Barkos.

No ha opinado lo mismo al respecto la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien ha defendido que "hay lagunas y determinadas cuestiones que pueden ser contradictorias". En este sentido, ha criticado que el departamento no abriera una investigación interna tras tener conocimiento de los hechos.

Por último, preguntado por lo relatado en comisión por el Defensor del Pueblo, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha defendido la actuación del Gobierno de Navarra realizada con criterios de "prudencia" ante este caso. A la vez, ha insistido en que el denunciante de los hechos no entregó al Gobierno foral las "evidencias" que sí trasladó a Javier Enériz, quien finalmente llevó la cuestión a la Fiscalía. "Somos los primeros interesados en cuanto se detecta una presunta situación irregular en ponerlo a disposición judicial", ha manifestado. Con todo, ha destacado que la cuestión está en manos de los tribunales y ha insistido en que el Gobierno foral "está a plena disposición de los tribunales para dotar de cuanta información sea necesaria" para esclarecer la situación.

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