La Justicia confirma el archivo de la causa contra el exvicepresidente navarro del PNV Manuel Ayerdi

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha confirmado el archivo del caso por el que se investigaba al exconsejero navarro del PNV Manuel Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y malversación, el conocido como 'caso Davalor'. Los magistrados ratifican así la decisión de la juez instructora, que consideró que la investigación se prorrogó fuera del plazo de 12 meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía, UPN y PP habían reclamado no archivar la causa contra Ayerdi argumentando que durante el proceso se perdieron 38 días de investigación entre el 28 de enero de 2021 y el 9 de marzo de ese mismo año, el tiempo que transcurrió desde que el Supremo perdió su competencia en el caso, al haber perdido Manuel Ayerdi su condición de aforado tras su dimisión como consejero y vicepresidente, y hasta que el caso se trasladó a los juzgados Pamplona. 

Para el tribunal, sin embargo, “a pesar de los minuciosos y esforzados argumentos impugnatorios aducidos” por las acusaciones, la primera prórroga decretada por el entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona el 18 de febrero de 2022 fue “extemporánea”, ya que según apunta, se “acordó finalizado el plazo anual, iniciado el 21 de enero de 2021, fecha en la que el Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias”.

En la resolución judicial, contra la que no cabe recurso, los jueces de la Audiencia de Navarra señalan que la “exclusiva razón” que determina el archivo del 'caso Davalor' “radica en la terminación del plazo de investigación sin haberse acordado temporalmente las prórrogas correspondientes” sin llegar a entrar al fondo del caso.

Los magistrados añaden que las únicas diligencias de investigación acordadas con posterioridad fueron las dispuestas el 28 de abril de 2023, entre ellas las declaraciones en calidad de investigados del querellado y de las otras personas reseñadas. La única diligencia de averiguación dictada en el plazo oportuno fue el informe encomendado el 19 de mayo de 2021 al Cuerpo Nacional de Policía. “Exclusión hecha de las diligencias acordadas en la providencia (resolución judicial), ninguna otra se practicó en las cuatro sucesivas prórrogas”, señala la Audiencia. 

La decisión final sobre el archivo del sumario, terminan los magistrados, le corresponderá ahora a la Sección Primera de la Audiencia, donde las partes acusadoras y las defensas podrán exponer sus argumentos tanto sobre la continuación de la investigación como sobre el sobreseimiento definitivo.

El exvicepresidente Ayerdi fue investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a la luz de la posible concesión irregular de ayudas por valor de 2,6 millones de euros a una empresa que se encontraba en una situación de crisis y que terminó en concurso de acreedores, Davalor Salud. La dimisión de su cargo en el Ejecutivo foral hizo que perdiera su aforamiento y que el asunto pasara al juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona.

Los hechos por lo que se le investigaba y por los que tuvo que dimitir como consejero en 2021 se remontan a la legislatura 2015/2019, cuando fue vicepresidente del Ejecutivo liderado por Uxue Barkos y consejero de Desarrollo Económico. Por su cargo, ejercía como presidente del consejo de administración de la entidad parapública Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA). Fue entonces cuando, según UPN, partido que se querelló contra él, Ayerdi actuó obedeciendo a “una corazonada” y tomó la decisión con un “carácter totalmente personal” de conceder en septiembre de 2015 a la empresa un préstamo de un millón de euros. Se arguye que lo hizo “sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia”. El partido regionalista añadió que entre 2015 y 2017 el consejero nacionalista volvió a conceder a Davalor Salud cinco nuevos prestamos hasta sumar un montante total de 2,6 millones de euros.

Los ecos de la causa llegaron incluso al Gobierno vasco después de que la Fiscalía abriese una investigación por una denuncia presentada por el exdirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo contra la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a la que acusa de tráfico de influencias en el 'caso Davalor'. Esta investigación también fue archivada.