“Tras el Brexit, legislar sobre derechos sociales es la única salida para frenar la desafección ciudadana y la descomposición de la Unión Europea”

Sian Jones es coordinadora de políticas de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales en Europa (EAPN). Consultora de investigación en el Consejo de Europa, acumula 35 años de experiencia en intervención social e incidencia política en el Viejo Continente. Acude a Pamplona para participar en la jornada Pobreza, empleo y bienestar social: modelos de intervención en el ámbito europeo, estatal y autonómico, organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Su discurso analiza el impacto de la crisis en los servicios sociales europeos, todavía orgullosos gérmenes de ese cada vez más discutido Estado del bienestar. El análisis resulta contundente: “La crisis fue utilizada para justificar la austeridad. A menos productividad y menos crecimiento, más desempleo. Y redujimos el gasto público y los impuestos como remedio”, explica.

Esa visión economicista, añadida a factores demográficos y sociológicos , ha generado una Europa “con nuevos riesgos y necesidades sociales”: trabajo precario (la figura del pobre con empleo, que además genera poca contribución al sistema), envejecimiento de la población, nuevos modelos de familia… Esto ha impulsado, además, “una nueva narrativa alrededor del Estado del bienestar. La crisis como excusa para priorizar la eficiencia frente a la igualdad. Más privatizaciones, más mercado. Se reclaman coberturas sociales productivas, no protección social pasiva”, denuncia.

Como consecuencia, el llamado tercer sector, el de la economía social, se tiene que justificar económicamente. “Tiene que generar crecimiento económico, si no no es suficiente”.

Y aunque reconoce que la Unión Europea, en general, ha tenido “un rol positivo” en la salida de la crisis, es muy crítica con la política de austeridad, el austericidio del que hablan los economistas más proclives a la regulación estatal de la economía. “La UE ha obligado a la reducción severa de los presupuestos de los países miembros con problemas bajo la amenaza de fuertes multas”. Medidas tomadas junto con la elevación de la edad de jubilación, privatizaciones, la merma de derechos laborales… “todo bajo la excusa de la gran crisis”, denuncia. “Y después ha venido el crecimiento, pero no es suficiente, los recortes no pueden ser recuperados”, critica.

Así las cosas, los objetivos Europeos de reducir para 2020 en 20 millones los pobres parecen inalcanzables a solo unos meses de cruzar esa simbólica frontera. La UE alcanzó en 2012 su pico de pobreza, con 123 millones de personas en esa situación. “Y siempre que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad”, censura.

Y ahí su discurso es de una claridad cristalina: “La pobreza es una cuestión política, también la desgualdad: los países con sistemas de protección social más débiles han aumentado la desigualdad. Los que los tienen más fuerte, la han reducido”.

Los derechos sociales, el Estado del bienestar, uno de los más importantes pilares que impulsaron la UE, se encuentran en entredicho:  “El gran problema es reequilibrar la macroeconomía y los derechos sociales. ¿Qué significa Europa en estos momentos? Por el momento parece más enfocada en el ecologismo, la transición verde, que en los derechos sociales”, denuncia. Por eso considera que el tercer sector debe tomar un papel relevante en la defensa de un sistema de protección social universal a escala europea.

Uno de cada cuatro europeos vive en riesgo de pobreza. Dice que tanto la pobreza como la desigualdad son cuestiones políticas. ¿Le preocupa el auge de los populismos, de la ultraderecha europea, con sus soluciones fáciles para problemas sencillos?

Sí, los populismos son preocupantes para Europa. Pero también existen los de izquierda, así que de alguna manera espero que se neutralicen. Los populismos son negativos, en general. La pérdida de confianza en las instituciones va paralela al aumento en las ONG. Así que cuando hablamos de populismos hablamos de falta de confianza. Las encuestas indican que vamos a tener muchos pequeños grupos en el Parlamento Europeo en lugar de los dos mayoritarios habituales, así que se tendrán que dar pactos. No quiero ser muy negativa ni pesimista. Dejemos a los políticos hacer su trabajo.

Una de las consecuencias sociales es la reducción de los servicios públicos, de la protección social. Además, la recuperación de los últimos tiempos no ha traído un aumento de la inversión al nivel previo

Sí, ese es el gran problema que tratamos de abordar. La crisis se ha utilizado como excusa para reducir el estado de bienestar europeo, para reducir los servicios sociales. Creo que recuperarlo es el gran reto de la Unión Europea postbrexit. El argumento de la eficiencia lleva a gastar cada vez menos dinero y, en un último paso, a privatizar los servicios públicos porque se supone que la gestión privada es más eficaz que la pública. Al mismo tiempo, se empuja a la gente a participar en esa solidaridad, que es una forma de privatizar derechos consolidados en el pasado. Esta deriva del modelo europeo del estado de bienestar es muy preocupante.

Privatización de servicios públicos suele significar una transferencia de dinero público hacia multinacionales, denuncia

Sí, es algo preocupante, pero creo que va a cambiar. Porque las privatizaciones habidas no han cumplido con los objetivos que prometían de mantener los servicios y mejorar la eficiencia. Sí han conseguido beneficios para sus inversores o accionistas, pero no un servicio de calidad. De todas formas, matizo que más que privado-público prefiero la distinción con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, que refleja mejor la realidad. Pues las ONG, el tercer sector en general, son organizaciones privadas, pero sin ánimo de lucro. El rol de las ONG para defender el Estado de bienestar es importante, pero creo que nunca deben sustituir los servicios sociales de base, que deben ser públicos. Tienen papeles complementarios, las ONG pueden estar muy cerca de las personas que les necesitan.

¿Privatizar significa beneficios privados, pérdidas públicas?

Eso es.

La renta mínima universal está en boca de casi todo el mundo. ¿Debe la Unión Europea legislar al respecto?

Sí, es la única forma de salvar a la Europa postBrexit. A menos que la Unión legisle de forma contundente para favorecer a los que peor lo están pasando, la desafección de los ciudadanos será irremediable, y con ella la descomposición de la UE. Debemos ser capaces de garantizar unos ingresos mínimos a las personas por el hecho de serlo. Y no hablo de salarios, sino de ingresos, no vinculados al trabajo. Relacionados con la dignidad humana. Debemos legislarlo. Una ley que garantice una vida digna a todos los europeos. Y creo que una gran mayoría estamos de acuerdo en esto, pero falta legislación que obligue a los estados a cumplirlo. En España no hay un ingreso mínimo garantizado en todo el territorio. Sí en algunas comunidades, como Euskadi y Navarra, pero no en todas las autonomías.

La elevación del salario mínimo en España a 900 euros ha provocado críticas por parte de los sectores más liberales en lo económico. Se extiende por Europa la figura del trabajador pobre: tiene un salario, pero no suficiente para vivir con dignidad. ¿Qué podemos hacer?

Los sindicatos sitúan en un 60% el nivel del sueldo mínimo respecto al sueldo medio, por ahí debería estar. El problema es que Europa tiene más fácil legislar sobre los ingresos mínimos, la renta universal, que sobre el sueldo mínimo, que tiene más condicionantes propios de la economía de cada estado. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, pagado con un sueldo digno. Pero si el sistema económico no es capaz de procurarlo, también debería tener derecho a un ingreso mínimo no relacionado con su contribución a la economía, sino por su dignidad humana.

Ha criticado la reducción de las libertades públicas. La ciudadanía europea encuentra cada vez más problemas para protestar en las calles. El ejemplo en España es la ‘Ley Mordaza’

Sí, es algo que preocupa mucho en Europa, y ha sido discutido, pero sin resultados muy positivos. Porque la realidad es que las instituciones europeas tienen la capacidad de sancionar a los estados miembros que restringen las libertades de sus ciudadanos, pero no lo ha hecho hasta ahora. Creo que hay mucho miedo. La salida del Reino Unido ha sido un golpe duro para la Unión, y algunos piensan que si sancionan a los estados puede darse una desbandada, una salida de varios miembros de la UE. El ejemplo más claro es el de Hungría, el Parlamento Europeo se ha planteado muy seriamente sancionar al país, pero se siente débil. Podría cortar los fondos europeos como castigo…

Estamos en campaña electoral. Convenza a los electores que piensan en la abstención de que deberían votar para que las cosas cambien a mejor

Bueno, nosotras somos una red profundamente política, porque pensamos, estamos seguras en realidad, de que la pobreza no es consecuencia de la falta de recursos, sino de decisiones políticas. Debemos cambiarlas. No tenemos elección, debemos elegir los mejores gobiernos para que tomen las mejores decisiones y reduzcan la pobreza. Eso es posible si se refuerza el Estado de bienestar con una política fiscal justa y redistributiva. Si no votamos, no podremos quejarnos de lo que hagan. La Unión Europea es difícil de entender, pero resulta fundamental en nuestro día a día para unir fuerzas y hacer mejores políticas sociales.