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Los promotores del concierto de Guetta, acusados de delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes

Medio centenar de afectados presentan una querella contra los responsables de las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold como organizadores del evento

Los querellantes presentarán otra reclamación contra el Ayuntamiento por no comprobar que la UTE La Campa no había contratado seguro de cancelación

Los afectados por la cancelación de Guetta se querellan contra los promotores

Protestas de los asistentes por la cancelación de Guetta en Santander. | EFE

Cerca de medio centenar de afectados por el concierto fallido de David Guetta en Santander, previsto el pasado 28 de julio, y que no han recuperado el dinero de sus entradas a pesar de que el espectáculo no se celebró, han presentado este jueves una querella criminal contra los promotores del evento, los responsables de las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold, al considerar que hay "serios indicios" de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes.

La querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, ha sido presentada por los letrados Marián Vidal de la Peña y Álvaro Sánchez Pego, que representan a un número importante de asistentes que reclaman tanto la devolución del precio de las entradas así como de los gastos ocasionados con motivo de la cancelación, una cifra que estiman en cerca de 120.000 euros.

La acusación por estos presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes va dirigida contra Javier Palacios, Fernando Toyos y David Jiménez Zumalacárregui, administradores de las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold, que a su vez conformaron la UTE La Campa para hacerse cargo del festival de música que se celebró por primera y última vez este verano en La Magdalena durante la Semana Grande de Santander.

En su escrito, los abogados recuerdan el polémico proceso de adjudicación llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Santander para obtener la licencia de ocupación de La Campa, que se encuentra recurrido también en los tribunales por parte de la otra empresa que concurrió al concurso público, y destacan que el "atractivo mediático" de David Guetta fue el principal reclamo de su propuesta para ser elegidos por el Consistorio.

Además, los denunciantes también hacen constar en su querella que, entre otros requisitos exigidos a la concesionaria, "estaba la acreditación de solvencia económica suficiente para llegar a cabo estos eventos, así como la contratación de un seguro específico que cubriera hasta dos millones de euros de perjuicios que  pudieran derivarse en caso de cancelaciones que los querellados no concertaron, y solvencia que no entendemos acreditada".

En este sentido, recuerdan que los promotores no han hecho frente a sus múltiples deudas con el público o los proveedores y que, recientemente, Delfuego Booking se ha declarado en concurso voluntario de acreedores y reconoce un pasivo cercano al millón de euros que no puede afrontar actualmente, lo que ha llevado a su vez al Ayuntamiento a retirar la concesión para celebrar de nuevo el festival el próximo verano.

Cancelación tardía

Por otra parte, la cronología de los hechos que relatan los afectados en su querella varía sustancialmente con la que han dado reiteradamente los promotores del concierto de Guetta en Santander, que han tratado de desviar en todo momento la responsabilidad de la cancelación hacia el DJ. Los abogados defienden en su escrito que este hecho, en cualquier caso, "es indiferente", ya que incluso el músico ha devuelto su caché y los organizadores siguen sin hacerse cargo de las devoluciones de las entradas.

Entre sus principales argumentos, reiteran que los responsables de la UTE La Campa eran conscientes "días antes" de que el concierto no tendría lugar, y a pesar de todo, continuaron vendiendo entradas hasta las 22.00 horas del sábado, abrieron las puertas del recinto y mantuvieron al público dentro, sin avisar, con las barras a pleno funcionamiento, hasta las 00.20 horas, cuando Guetta se encontraba en Moscú, "a varias horas de vuelo de Santander".

Por todo ello, consideran que desde la organización cometieron un delito de estafa, porque vendieron entradas "a sabiendas" de que el espectáculo no se iba a celebrar. También acusan a los organizadores de alzamiento de bienes y de apropiación indebida porque, según se recoge en la querella, "se quedaron el dinero de la recaudación y no lo devolvieron".

Los querellantes tienen intención de presentar otra reclamación contra el Ayuntamiento de Santander porque no se comprobó que la UTE que organizó los conciertos tuviera los seguros pertinentes que cubrieran eventualidades como la cancelación, según indican.

También apuntan que la organización fue "negligente" a la hora de la cancelación, porque, según se hace constar en el escrito, "pensó solo en seguir ingresando dinero mientras pudo, a través de la venta de entradas, comida y bebida". Así, los abogados insisten en que, tras más de cinco horas de espera, se comunicó a los asistentes al concierto que el artista francés no iba a comparecer una hora más tarde de la que estaba previsto que comenzara su concierto.

También dice la querella que en la tarde del 28 de julio y hasta el cierre del aeropuerto de Santander no se había efectuado ninguna solicitud de aterrizaje de avión procedente de Moscú, que era donde estaba Guetta, a pesar de que el viaje corría a cargo de los organizadores. Además, aseguran que en la entrada al recinto del concierto, la seguridad privada contratada por la UTE La Campa "tenía conocimiento de que la actuación no se iba a celebrar y así se lo manifestó a alguno de los asistentes".

La querella incide en que muchos de los perjudicados organizaron sus vacaciones en función del concierto que tenían previsto presenciar, alquilaron habitaciones en hoteles de la ciudad, o usaron medios de transporte públicos o privados, "desplazándose cientos de kilómetros hasta llegar a Santander".

"La  atomización de los perjudicados y la escasa cuantía reclamada por cada uno de  ellos es otro aliciente más a la comisión del ilícito proyectado, al ser muy improbable  que se organicen adecuadamente para reclamar el 100% de las entradas vendidas. De hecho, la única parte personada por estos hechos apenas asciende al 10% de los perjudicados, lo que minimiza el riesgo de pérdida en caso de tener que negociar finalmente con los  que  se personen", consideran los abogados.

"El  resto es puro beneficio, efectuado en  perjuicio de los adquirentes de las entradas, y un beneficio directo de los querellados que, por supuesto, no van a  destinar esa recaudación al  pago de otros acreedores", zanjan.

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