El Gobierno suspende de forma temporal la acreditación de centros para buscar consenso con el sector de la dependencia

Así se lo ha comunicado este martes la consejera Ana Belén Álvarez a los representantes de las empresas y entidades prestadoras de servicios de atención a la dependencia y la discapacidad en una reunión celebrada en la sede del ICASS.

Según ha explicado Álvarez, la situación de conflicto planteada con la aprobación el pasado mes de mayo de la nueva normativa introduce “elementos de incertidumbre importantes” en el desarrollo del sistema de dependencia.

De ahí que la Consejería haya optado por abrir un proceso negociador y buscar una “solución de consenso” que permita conciliar el liderazgo de la Administración en la definición de las políticas públicas, la calidad de la atención a las personas en situación dedependencia y la estabilidad de las entidades prestadoras de servicios.

La solución propuesta por el Ejecutivo regional pasa por posponer el calendario de aplicación de las normativas en cuestión hasta el 30 de junio de 2020 como plazo máximo, con la excepción del cumplimiento de las ratios de profesionales que la Administración ya está abonando.

Álvarez ha defendido que “las reformas serias deben permanecer estables en el tiempo para que puedan dar resultados” y ello “solo es posible si éstas son fruto del consenso, del acuerdo entre las diferentes visiones de un problema”. “Estamos convencidos de que entre todos seremos capaces de llegar a un acuerdo que posibilite la mejora de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia”, ha asegurado.

Finalmente, la consejera ha señalado que para el Gobierno de Cantabria el desarrollo y extensión del Sistema Público de Servicios Sociales es una prioridad, y esta tarea apasionante nos obliga a analizar constantemente la realidad social y a dar respuesta a lasviejas y a las nuevas situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía.

En la reunión celebrada en la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) han participado, además de la consejera, el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora; representantes de la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD), la Federación Lares, CERMI y la Fundación Obra San Martín.

Tras el encuentro, las entidades han mostrado su satisfacción por retomar la senda del diálogo para elaborar una norma de consenso. Tal y como han informado los asistentes, en la primera semana de noviembre empezarán a trabajar los grupos de trabajo para reelaborar la normativa.