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El PP pide el cese de Real después de que investigados en el 'caso del SCS' la "impliquen directamente"

El portavoz de los populares cree que la consejera podría ser investigada tras las declaraciones de los exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud

La consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real. | ROMÁN GARCÍA

La consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real. | ROMÁN GARCÍA

El portavoz del PP, Íñigo Fernández, cree que tiene "pinta" de que la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), podría ser incluida como investigada en el proceso judicial sobre presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) después de que aquellos que ya lo están la hayan "implicado directamente" en sus declaraciones ante el juez. Por ello, le ha pedido que "dimita hoy mismo" y, si no, reclama que sea destituida.

Fernández ha valorado así las declaraciones efectuadas ayer, jueves, por los investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander según lo que ha trascendido de ellas en los medios de comunicación.

Los investigados son el exdirector del SCS, Julián Pérez Gil; el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez; y el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez. También ha declarado el asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores.

El portavoz del PP cree que con las declaraciones de estos se "confirma" que la consejera "estaba metida en esto hasta los ojos" ya que hablan de "injerencias" de la Consejería en la gestión del SCS.

"Lo que todos sospechábamos desde el primer día parece confirmarse con las declaraciones de quienes fueron altos cargos de Luisa Real en la etapa en la que se produjeron ese conjunto de irregularidades en la contratación", ha dicho Fernández, que insiste en que la consejera era la "actriz principal de la trama".

En su opinión, "eso explica" que durante un año haya permanecido, a su juicio, "escondida, callada", "sin dar ni una sola explicación" y su "única estrategia y obsesión ha sido bloquear cualquier posibilidad de investigar lo que ha pasado en relación a esta historia".

"Lo que parecía, era", ha añadido el portavoz de los populares cántabros, que insisten en que lo que ha habido no es una "campaña de desprestigio del PP", como mantiene la consejera, sino "irregularidades muy graves que Luisa Real conocía y que Luisa Real autorizaba".

Así, entre ellas, ha vuelto a señalar que hay "informes a la carta", "adjudicaciones a dedo", "fraccionamientos de contratos" y "encargos de trabajos a empresas amigas vinculadas o muy próximas a personas del PSOE". "Esta es la gestión de Real, esta es la gestión de Zuloaga y esta es la gestión de Revilla", ha aseverado.

Fernández ha señalado que "por irregularidades infinitamente menores" dimitió el consejero vasco de Sanidad y cree que "la decencia exige" que Real no esté "un día más" al frente de la Consejería y que dimita, y "si no es así, la decencia exige al presidente del Gobierno que destituya a Luisa Real hoy mismo".

"Ella parece seguir dispuesta a seguir arrastrándose, lo que no entendemos es por qué Zuloaga y Revilla no se preguntan si merece la pena seguir aguantando por más tiempo toda esa situación", ha dicho Fernández, que cree que la consejera podría ser añadida como investigada en la causa, aunque ha añadido que eso es algo que le corresponde valorar al juez que lleva la causa.

En las declaraciones de ayer, los investigados únicamente respondieron a las preguntas de sus abogados y del fiscal, y se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación particular, ejercida por el PP.

Los cuatro fueron citados a declarar después de que la Fiscalía apreciara posibles delitos de prevaricación administrativa, de fraude y/o de malversación de caudales públicos, en la investigación que abrió tras recibir sendas denuncias de IU y el PP.

Fiscalía vio indicios de delito por fraccionamiento indebido en la adjudicación de los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como en la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del consultor externo Alvaro Sáez de Viteri.

Julián Pérez Gil y Francisco Javier Gónzález Gómez dimitieron en mayo, mientras que Rojo lo hizo el pasado mes de diciembre. En los cuatro hechos en los que ve indicios de delito, la Fiscalía señala como presunto autor al exdirector de Gestión Económica.

Señala también al exgerente del SCS, junto a González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en el que el Ministerio Público ve "una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad".

Estas tres empresas tienen los mismos administradores, y según denunció en su día el PP, uno de ellos es hijo del alcalde socialista de Suances.

Por otro lado, la Fiscalía señala al exdirector de Gestión Económica y al exgerente de Atención Primaria como presuntos responsables de la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, "generando un gasto innecesario al erario público".

En el caso de la compra de 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, la Fiscalía ve como único responsable a González, no sólo por el fraccionamiento de la compra en 22 contratos menores de aparatos "idénticos, sin urgencia e impidiendo el libre concurso de terceros en la contratación". Además, el fiscal señala que el exdirector de Gestión Económica era "manifiestamente incompetente" para realizar esta adquisición.

Y en cuarto lugar, denuncia a González y a Alvaro Saénz de Viteri por los contratos menores de asistencia técnica adjudicados a este consultor externo para redacción de pliegos y valoración de ofertas técnicas, "sin motivar mínimamente la necesidad de las citadas asesorías" y no constando que se "hubieran realizado los trabajos".

Además, la Fiscalía señala que en dos contratos de asesoramiento a nombre de Amaia Saénz de Viteri, "la firma corresponde, presuntamente, a Alvaro Saenz de Viteri, lo que sugiere la existencia de una falsedad y opacidad que debe ser investigada por cuanto que la citada Amaya parece no tener participación ni en la firma ni en la realización de los hipotéticos trabajos posteriores".

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