La Comisión de Investigación de Ecomasa se reanudará a finales de marzo
La Comisión de Investigación de Ecomasa-Nestor Martín, que se inició en noviembre del año pasado y que se detuvo pocas semanas después para dar prioridad a la tramitación de los presupuestos, se reanudará a finales de este mes de marzo, probablemente el día 28, según ha podido saber eldiario.es.
Una vez que la Cámara dejó el pasado 23 de febrero aprobadas de forma definitiva las cuentas de 2017, con el voto favorable de los socios de Gobierno PRC y PSOE y la abstención de Ciudadanos, los grupos abordarán de nuevo las comparecencias para esclarecer cómo se pudieron esfumar 21,5 millones de euros -18 del Gobierno y 3,5 de los extrabajadores de Teka- en la puesta en marcha de la fábrica de estufas, que pese a tal inversión permaneció abierta a duras penas dos años, con la tramitación de varios expedientes de regulación de empleo.
Fueron los dos diputados de Ciudadanos los que plantearon en su momento paralizar de forma temporal la investigación, con el visto bueno del resto de formaciones, y han sido ahora los que han dado el primer paso para retomarla en un encuentro informal que se ha celebrado esta semana con el resto de formaciones. Será este lunes día 13 cuando la Mesa del Parlamento se reúna y fije la fecha exacta, que será probablemente el día 28 de marzo.
Y es el que trabajo parlamentario se acumula, especialmente para los grupos con menor representación. El Ejecutivo tiene previsto sacar adelante antes de que acabe el periodo de sesiones cuatro nuevas leyes, lo que aprieta el calendario y dificulta el encaje de la comisión de investigación.
En concreto, las normas que el bipartito quiere dejar aprobadas son las que regulan la celebración de espectáculos y actividades recreativas, una ley largamente demanda por el sector hostelero; la mediación para resolver conflictos extrajudiciales e intrajudiciales; el acceso de perros guía en lugares públicos y, finalmente, la ley de transparencia.
La normativa que más avanzada está es la de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, cuya ponencia ya se había celebrado pero que también se vio desplazada por los presupuestos. La previsión es que entre en comisión esta próxima semana para poder llevarla a Pleno “antes de que acabe el mes”, según ha explicado a este diario el portavoz de C's, Rubén Gómez.
En cuanto al resto, la ponencia de la Ley de Mediación se ha celebrado este mismo viernes, mientras que aún no hay fecha para la de Perros Guía ni para la de Transparencia, que fue aprobada el pasado mes de diciembre por el Consejo de Gobierno. Además de estas, el Gobierno cántabro está trabajando en otras normas, como la nueva Ley del Suelo que, según ha indicado Eva Díaz Tezanos en varias ocasiones, está muy avanzada.
“Para PRC y PP es fácil, pero para los que somos poquitos [diputados] se nos está acumulando el trabajo y las leyes”, explica Gómez, el portavoz de la formación naranja, que está formada además por el diputado Juan Ramón Carrancio.
Por otro lado, el PP está inmerso en la celebración de su duodécimo Congreso Regional para designar al líder de la formación y el cual está siendo una auténtica batalla entre los partidarios del actual presidente, Ignacio Diego, y los de la secretaria general y candidata, María José Sáenz de Buruaga.
La lucha por el poder entre ambas facciones, que se resolverá el próximo 25 de marzo con la votación de un millar de compromisarios, ha dividido por completo al Grupo Parlamentario Popular, más preocupado ahora por revolver el conflicto interno.
No obstante, el portavoz de Ciudadanos cree que la comisión “no se puede dejar mucho porque todavía quedan muchos comparecencias y el periodo de fin de sesiones tampoco queda muy lejos”. “Aunque en junio y julio se pueden utilizar todavía para comisiones, la idea es cerrarlo ahora y no alargarlo a septiembre”, añade.
Un fiasco
Las comparecencias celebradas hasta ahora han servido para poner de manifiesto lo que la auditoría realizada a instancias del Gobierno ya reveló: la operación de recolocación del centenar de trabajadores de Teka y la puesta en marcha de la fábrica de estufas ha sido todo un fiasco tanto para los empleados, que perdieron el dinero de sus indemnizaciones, como para las cuentas públicas.
Tan solo se han recuperado 200.000 euros de los 18 millones que aportó entre préstamos y avales el Ejecutivo de Ignacio Diego durante la pasada legislatura, según desvelaron en el Parlamento los técnicos del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF). La auditoría destapó que los promotores del proyecto, Andrés de León y Jesús Lavín, habían creado un entramado de empresas para desviar el dinero público.
Por otro lado, en la comisión se ha discernido sobre si el Gobierno del PP llevó a cabo todos los estudios y análisis pertinentes y con el rigor que la operación requería antes de apoyar económicamente a Ecomasa-Nestor Martín. Los funcionarios del ICAF aseguraron que el plan de negocio de la empresa era “un power point de 15 páginas”, un extremo que los populares han negado.
