La Ley de Transparencia incluye sanciones de hasta 12.000 euros o el cese de altos cargos

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves en su reunión semanal el proyecto de Ley de Transparencia para la Comunidad Autónoma, que será “la más avanzada” del país y que, entre otras novedades, incluye la creación de una unidad específica y un procedimiento sancionador para aquellas personas que estén obligadas a cumplir la norma y no lo hagan.

Así, en función de la gravedad, se establecen sanciones económicas, que oscilarían entre 600 euros (infracciones leves) y 12.000 euros (muy graves), y medidas disciplinarias, como el cese de un alto cargo que incumpla la ley.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el proyecto elaborado por PRC y PSOE se remitirá para su tramitación en el Parlamento, donde la ley -que ha seguido un “extraordinario” proceso de participación- podría aprobarse en dos meses y publicarse después en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). A partir de ahí, se establece un plazo de seis meses para su aplicación y la entrada en vigor del régimen sancionador.

La norma -que constará de 51 artículos, tres más que los planteados en el anteproyecto- garantizará la difusión de toda la información vinculada a la administración y a sus integrantes que es “obligatorio publicar”, según ha asegurado el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo, Rafael de la Sierra, en una rueda de prensa en la que ha informado de este proyecto de ley junto con el director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa.

De la Sierra ha explicado que Cantabria es la “última” comunidad autónoma en regular la transparencia, pero ha subrayado que nuestra ley recoge ideas nuevas y soluciones a problemas planteados en otras regiones, por lo que es “la más acabada y avanzada” de España.

Principales novedades

Entre otras cosas, se clarifican artículos de la norma estatal, y establece, por ejemplo, que la publicidad de las informaciones se hará cuando se produzca un mayor número de solicitudes pero siempre que sea susceptible de difundirse.

También se aclaran derechos de los ciudadanos a la hora de reclamar, cuando desde la administración pública o el Portal de Transparencia no se da respuesta a sus solicitudes de información, pero respetando y garantizando siempre el derecho a la privacidad de determinados datos.

Además, se añade la publicación de los saldos bancarios del Gobierno y las agendas institucionales del Ejecutivo, ayuntamientos y altos cargos. En este sentido, un ciudadano podrá conocer de una persona que trabaja para la administración sus datos personales, formación, trayectoria, sueldo que percibe, si realiza actividades complementarias que se pueden compaginar con su cargo, su declaración de bienes, etc.

Sanciones

En relación con el procedimiento sancionador, el titular de Justicia ha detallado que tienen obligación de cumplir la norma cántabra de transparencia no sólo la administración y sus entes, sino también los prestadores de servicios públicos y personas que ejerzan potestades administrativas.

De igual modo, están sometidos al cumplimiento de la ley los adjudicatarios de contratos del sector público, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, además de asociaciones y fundaciones privadas que se financien con fondos públicos, a partir de determinadas cuantías.

“Todos tienen que cumplir la Ley de Transparencia”, aunque “en algunas ocasiones en distinta medida”, ha señalado De la Sierra, que ha justificado la inclusión del procedimiento sancionador porque los ciudadanos están “cansados” de leyes “vacías”, que se incumplen.

Este régimen, que entrará en vigor a los seis meses de la publicación de la norma en el BOC, varía en función precisamente de los incumplimientos, de su gravedad y reiteración, así como de si quien lo hace es una persona al servicio de la entidad que debe publicar información para garantizar la transparencia o una entidad obligada a facilitar dicha información.

Por tipos, las sanciones pueden ser disciplinarias, siendo la máxima de ellas el cese de un alto cargo, o de carácter económico, donde varían en función de los objetivos incumplidos.

Así, las infracciones leves -incumplir publicaciones previstas o no resolver en plazo- serán multadas con hasta 600 euros; las graves -reiterar los citados incumplimientos o proporcionar información errónea de forma voluntaria- de 601 a 6.000 euros; y las muy graves -reincidencia de las infracciones graves- de 6.001 a 12.000 euros.

Consejo de Transparencia

También para procurar el cumplimiento de la norma se ha previsto la creación de un consejo de transparencia, en el desarrollo de la ley, cuando sea efectiva su implantación y aplicación, y que complementará el Portal de Transparencia, que se gestiona con recursos propios de la administración.

Esta unidad específica no supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que se encargarán de ella tres funcionarios que serán destinados a estas nuevas labores. No obstante, esta estructura -“mínima”, en palabras del consejero- podría ampliarse en un futuro a cinco personas.

Rafael de la Sierra ha señalado al respecto que hasta ahora Cantabria se ha regido en este ámbito por el Consejo Nacional de Transparencia, al que este año 2016 se han remitido 39 reclamaciones, todas ellas de ayuntamientos.