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El ICAF ha recuperado 200.000 euros de los 12 millones que aportó a Ecomasa

El Instituto Cántabro de Finanzas ha perdido 40 millones de euros en este tipo de operaciones desde que se creó en 2009

Los técnicos exculpan a PRC y PSOE del fiasco empresarial  

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El comité de Nestor Martin pide a Gobierno los "esfuerzos necesarios" para que los despedidos tengan una "salida digna"

Ignacio Diego y los promotores de Ecomasa-Nestor Martin durante una visita a la fábrica.

Los técnicos del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) han puesto este martes negro sobre blanco el fiasco del Gobierno de Ignacio Diego (PP) en el proyecto Ecomasa-Nestor Martin. De los 12 millones de euros que el Ejecutivo del PP inyectó durante la pasada legislatura en esta fábrica de estufas -cerrada tras apenas dos años de actividad y varios Expedientes de Regulación de Empleo-, tan solo se han recuperado 200.000, es decir, menos del 2%. Y las perspectivas son que no se repondrá nada más.  

Así lo han afirmado este martes en su comparecencia dentro de la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Cantabria el actual director del ICAF, Manuel Díaz; el responsable del Departamento Financiero, Jesús Bulnes, y las analistas que elaboraron el informe económico-financiero sobre el proyecto Eva María Plata y Elena Saiz.

Durante su comparecencia, el director del ICAF ha achacado que solo se haya podido recuperar esa mínima parte del capital desembolsado al hecho de que algunas de las garantías que se fijaron "no han resultado ser lo que eran". Como ejemplo, ha señalado que una de las garantías era una empresa en Chile tasada en 4 millones de la que no se ha podido recuperar absolutamente nada porque está actualmente liquidada. Según ha detallado, los 200.000 euros que ha recuperado el ICAF proceden de la venta de la empresa Chimeneas Barcelona.

Y es que mientras el Gobierno de Cantabria abría la chequera y llegaba a destinar hasta 18 millones de euros -6 procedentes de Sodercan-, los promotores de Ecomasa-Nestor Martín, Andrés de León y Jesús Lavín, desviaban el dinero a un complejo entramado de sociedades ajenas al proyecto inicial, tal y como desveló la auditoría hecha pública por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, en una rueda de prensa en la que anunció que el Gobierno había decidido dar traslado de los hechos a la Fiscalía.   

40 millones de pérdidas

El director del ICAF también ha puesto en cuestión las millonarias inversiones que su departamento ha llevado a cabo en algunos proyectos. Para una "comunidad pequeña" como Cantabria "poner" en un proyecto privado más de 12 o 13 millones -a Ecomasa se dedicaron 18- "puede ser bastante arriesgado". "10 o 15 millones para Cantabria es mucho", ha subrayado.

También ha aludido al impacto que para las cuentas del Instituto tienen este tipo de operaciones. Así, ha apuntado que desde que se abrió el ICAF se han perdido "más de 40 millones" desde que se creó en 2009 y ha reconocido que si esta tendencia se mantiene en el futuro "es mejor cerrarlo", aunque ha confiado en poder evitar que esto continúe.

Para "minimizar" los riesgos, Díaz ha abogado por la "diversificación" de operaciones para "no poner todos los huevos en la misma cesta". De hecho, ha señalado que "esa es la vía" por la que opta la nueva dirección que ostenta el socialista Juan José Sota, consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 

Exculpan a PRC y PSOE

Por su parte, una gran parte de las declaraciones del resto de comparecientes se han dirigido a señalar que el anterior director, Jorge Gómez de Cos, que fue con el entró el Instituto en el proyecto Ecomasa, conocía el proyecto, la marcha y los "incumplimientos" de los promotores del mismo en los compromisos y obligaciones establecidos con el Instituto.

De hecho, los técnicos han explicado que fue el director el que les informó de la entrada del proyecto Ecomasa para analizar su viabilidad económica y financiera y quien les remitió toda la documentación para que elaborarán el informe en esa materia. Además, han señalado que Gómez de Cos "supervisó" el informe económico financiero realizado por las analistas antes de dar traslado al Consejo Ejecutivo, que era el encargado de dar o no luz verde definitiva a la concesión de avales o préstamos.

Los trabajadores han matizado que su "misión" era la de informar "a quien tenían por encima", esto es al director, aunque han asegurado desconocer qué hacía Gómez de Cos con esta información "de ahí para arriba" o si se transmitían al Consejo Ejecutivo del ICAF.

No obstante, las analistas han negado haber recibido "presiones" a la hora de realizar el informe económico-financiero y han considerado "razonable" y "adecuado" el tiempo que tuvieron para hacerlo, aproximadamente "un mes y medio". Sí han reconocido que "estaba sobre la mesa" y "todos" en el ICAF "sabían" que había "cierta prisa" por el informe dado que el proyecto Ecomasa intentaba dar respuesta al despido de los trabajadores en Teka y recolocarles, una operación por la que también desembolsaron 3,2 millones de euros procedentes de sus liquidaciones.

Por su parte, el director del ICAF ha sido cuestionado acerca de las posibilidades de que el Gobierno regional PRC-PSOE hubiera seguido aportando el dinero y cumpliendo con el plan de viabilidad, hecho sobre el que ha señalado que desde que él llegó a su cargo, apenas un mes después de que se admitiera a trámite la solicitud de concurso de acreedores, el administrador concursal "tuvo claro" en que la empresa no tenía continuidad y debía ir a liquidación.

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