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Fosas comunes en el Sáhara

La UPV y la Sociedad de Ciencias Aranzadi presentan una investigación sobre la problemática de las personas desaparecidas durante el conflicto armado y la violencia contra la población civil saharaui.

"Una de las cosas que me ha dolido muchísimo, y me ha dejado una herida que todavía no se ha cicatrizado, es la total inocencia de mi padre. No era una persona militar, ni pertenecía a ningún tipo de células políticas, sino era una persona civil que hacía su vida diaria como la hacían los demás". Estas son las reflexiones de Mahyub Mohamed-Mulud Mohamed Lamin Maimun, unas de las personas que demandó ayuda para exhumar unos restois humanos que podóan corresponder a su padre. Una de tantas víctimas saharuis del conflicto que les enfrenta a Marruecos. El médico y doctor en Psicología Carlos Beristain, el director de la Fundación Aranzadi Paco Etxeberria y la activista saharaui Djimi Elghalia han dado conocer las conclusiones de un proyecto de búsqueda de personas desaparecidas en el Sáhara Occidental y los resultados de su investigación aportan descubrimientos que pueden tener "importantes repercusiones jurídicas" en términos de Derecho Internacional, según sus autores.

El trabajo de investigación Meheris, la esperanza posible. Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados' recoge los hallazgos realizados por un equipo de investigación, forense y laboratorio genético de la Universidad del País Vasco, sobre un caso de personas saharauis desaparecidas en Fadret Leguiaa, región de Smara, cerca de Amgala y Mehiris, en febrero de 1976. Es el resultado de una amplia investigación que comenzó con la realización de un estudio sobre la problemática general de las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, publicado en 2012 por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco, bajo el título El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y que ha tenido su continuidad en la investigación de algunos casos de personas detenidas y desaparecidas en esa época.

La problemática de las personas desaparecidas durante el conflicto armado y la violencia contra la población civil saharaui sigue presente en las vidas de sus familias, dada la incertidumbre sobre su destino y la herida permanentemente abierta con la que viven. "La negativa a proporcionar información relevante y veraz sobre su destino es parte del maltrato y atentado a su integridad psicológica, considerándose por parte de tribunales internacionales como una forma de tortura", recalcan los autores del trabajo.

Implicaciones jurídicas

La historia de este proyecto se remonta a abril de 2013, cuando un equipo de investigación y forense de la Universidad del País Vasco recibe una petición de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis-AFAPREDESA para realizar una investigación en una zona del Sáhara Occidental donde se sospechaba que había restos humanos de víctimas saharauis. Los días 8, 9 y 10 de junio de 2013, un equipo profesional de la Universidad del País Vasco, la Fundación Aranzadi y el Instituto Hegoa, acompañados por varios familiares y miembros de AFAPREDESA visitó un lugar en la zona de Fadret Leguiaa, región de Smara, en medio del desierto, y a 400 km de los campamentos de refugiados de Tinduf.

"El objetivo ha sido responder a su petición de que un equipo de la máxima cualificación profesional y experiencia les ayudara a identificar y reconocer un lugar donde al parecer existían fosas comunes, y en donde estaban presuntamente sepultadas algunas personas consideradas hasta la actualidad como desaparecidas", apuntan los especialistas.

Tras el análisis forense de los restos, Beristain subraya que "las implicaciones jurídicas y en términos de derecho internacional de los derechos humanos de este caso son evidentes y muy relevantes". "Deberán ser evaluadas", añade, "por las autoridades saharauis y españolas, dado que se trata de ciudadanos saharauis con DNI español, y por los órganos y mecanismos competentes del sistema de Naciones Unidas de protección de derechos humanos. Asumiendo las autoridades de Marruecos su responsabilidad en el caso".

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