El Tribunal Superior admite a trámite la denuncia contra Txarli Prieto por estafa

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía vasca contra el parlamentario y exsecretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, y el dirigente socialista y exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por un supuesto delito de estafa y falsedad documental en el pago de unas obras en varias sedes del PSE en Álava.

El alto Tribunal no descarta que los hechos denunciados “pudieran revestir carácter de delito” y cree que “no es posible excluir la concurrencia, al menos con carácter indiciario ”de los elementos del delito de estafa“.

El proceso se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado mes de abril, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en el cobro de los trabajos, encargados a una constructora (Escoiba) vinculada a Prieto.

La denuncia señalaba la posibilidad de que los cobros se hubieran podido efectuar por unas obras que, en realidad, no se habrían realizado, y que fueron financiadas por una partida del Ministerio de Interior destinada a reforzar la seguridad de las sedes de partidos políticos.

Como consecuencia, el Fiscal General del País Vasco, Juan Calparsoro, registró el pasado 24 de junio, ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la denuncia por estafa y falsedad documental contra Txarli Prieto y Víctor García, después de que el 17 de junio la Junta de Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco decidiera presentarla.

En su auto, fechado el pasado 9 de julio y heho público este miércoles, la Sala afirma que, examinada la relación de hechos del escrito de denuncia, y “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (...), no es posible descartar que tales hechos pudieran revestir carácter de delito, ni considerar la manifiesta falsedad de la denuncia”.

“No sólo porque proviene del Ministerio Fiscal, sino porque, además, es consecuencia de las diligencias de investigación, tramitadas en la Fiscalía de esta Comunidad Autónoma del País Vasco que, como el propio Ministerio Fiscal recuerda, gozan de presunción de autenticidad”, afirma.

2003

El TSJPV indica que, como apunta el Fiscal, desde 2003, el Ministerio del Interior abonaba a los partidos políticos una “asignación anual para sufragar gastos de seguridad”, cantidad que se establecía para cada ejercicio en los Presupuestos Generales del Estado. Éstas variaban en función del número de escaños y votos obtenidos y se abonaban mensualmente, bajo control del Tribunal de Cuentas.

Según el escrito, en 2010 se asignaron al PSOE 1.652.207,53 euros y, un año después, 1.614.151,13 euros. De esta cantidad, la comisión ejecutiva federal asignó 75.387,50 euros en el año 2010 y 52.703,29 euros en el año 2011 a la agrupación de Álava, a la que, a principio de año, comunicaban la cantidad de que disponía.

El escrito afirma que, a la vista de la cantidad asignada con carácter anual al PSE alavés, éste “iba contratando las obras que se entendían necesarias, de suerte que las facturas se enviaban por triplicado al departamento de contabilidad del PSOE federal y éste remitía los talones y los mandamientos de pago al PSE de Álava para su entrega y pago a la empresa correspondiente”.

Según la declaración de Víctor García, “a veces, al final de año se emitía una factura por anticipado”, que servía “como reserva de recursos, para evitar perder el dinero, dado que era una asignación anual”. Esta factura, según el auto, “no correspondía a trabajos realizados, pero servía como pago anticipado para poder realizar obras en el siguiente ejercicio”.

El escrito asegura que la factura número 057.2010, por importe de 19.501,72 euros, “por reparación de seguridad en la sede del PSE de Rivabellosa”, se pagó mediante talón fechado el 18 de mayo de 2010, mientras la factura número 069.2012, por 29.971,71 euros, “por reparación de seguridad en sedes del PSE-EE en Amurrio, Labastida, Llodio y Salvatierra”, se abonó mediante talón de 12 de diciembre de 2011.

Añade que, sin embargo, “no hay evidencia de que ambas facturas, que suman un total de 49.473,43 euros, ”se correspondan a trabajos efectivamente realizados“, lo que ”se confirma por los denunciados“, que declararon ante el Ministerio Fiscal, en relación a la factura de cerca de 30.000 euros, ”que fue emitida por anticipado en diciembre de 2011 para no perder la asignación de ese año“.

Recuerda que las facturas eran emitidas por la mercantil de la que era socio Txarli Prieto, también secretario general del PSE de Alava en aqueel momento, cargo que “le facultaba para tomar las decisiones sobre contratación de las obras y el trámite para su pago, conjuntamente con el secretario de organización, Víctor García Hidalgo”.

Ello, “al parecer, provocó el acto de disposición que reflejan los talones (...) por importe de 19.501,72 y 29.971,71 euros, con cargo a la cuenta del PSOE”, por lo que cree que “cabe concluir que no es posible, en este momento procesal, excluir la concurrencia, al menos con carácter indiciario, de los elementos del delito de

estafa“.

“Esto es, la existencia de engaño bastante para producir error en otro con inducción a realizar un acto de disposición en perjuicio ajeno, así como el ánimo de lucro de los denunciados”, agrega.

Por ello, cree que  “resulta ineludible la comprobación de los hechos denunciados, a través de las correspondientes diligencias previas”. Además, designa instructor al magistrado Antonio García. El auto podrá ser impugnado mediante recurso de súplica presentado en el mismo Tribunal en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su última notificación.