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Urkullu deberá comparecer de nuevo en la Cámara por el escándalo del pago de informaciones

El lehendakari deberá explicar en comisión a petición de EH Bildu qué medidas ha tomado su Gobierno para recuperar los 90.000 euros gastados en publicidad gubernamental encubierta y para "depurar responsabilidades".

La petición se suma al resto de iniciativas presentadas por PSE y UPyD para que se cumpla el acuerdo parlamentario en el que se reprobó al lehendakari.

El lehendakari no se reunirá con los mediadores internacionales

El lehendakari Íñigo Urkullu.

El lehendakari no logra zafarse del escándalo por el pago con dinero público de informaciones a medios del Grupo Noticias, afín al Ejecutivo peneuvista. Cuando se ha cumplido poco más una semana desde que toda la oposicion reprobara al lehendakari por haber gastado hasta 90.000 euros en el pago de informaciones a medios afines, Íñigo Urkullu deberá volver a dar explicaciones sobre este tema. El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, ha registrado una iniciativa que obligará al lehendakari a acudir a la comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia para que explique qué pasos ha dado su Gobierno para cumplir el mandato de la Diputación Permanente en la que se produjo la reprobación al lehendakari por "encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda" bajo la apariencia de informaciones veraces.

La coalición soberanista ha centrado su iniciativa en conocer el cumplimiento del segundo punto del acuerdo pactado con los socialistas, populares y UPyD: "El Parlamento requiere al Gobierno a que adopte cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta". La iniciativa, firmada por el parlamentario Dani Maeztu, también apunta a las decisiones que piensa adoptar el Gobierno para la "depuración de responsabilidades" por un escándalo que persigue a Urkullu.

En el punto número cuatro del acuerdo parlamentario adoptado el pasado 7 de julio en su Diputación Permanente -órgano que se reúne solo en periodo vacacional- se instaba al lehendakari a que "asuma y depure las responsabilidades correspondientes en relación con el destino de recursos públicos para la compra de espacios de noticias, reportajes o entrevistas, para encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda del Gobierno, contraviniendo claramente la legalidad". La petición de la coalicion soberanista no se substanciará hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando la Cámara retome sus trabajos tras el periodo estival.

Comisión Interdepartamental de Publicidad

Sobre la recuperación del dinero, el Gobierno ha evitado pronunciarse, ya que sigue defendiendo su actuación en este caso, una polémica que además de a la Lehendakaritza, salpica también a los Departamentos de Educación, Empleo y Salud. El pasado martes el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, reiteró la defensa de "la legalidad de las actuaciones en esta materia". El Ejecutivo ha anunciado que cumplirá el mandato parlamentario en relación a informar a la Comisión de Ética Pública -creada al calor de la aprobación del Código Ético y de Conducta- de los hechos. La oposición pedía en su acuerdo que se "analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con la prácticas habituales y legales de difusión de publicidad y comunicación institucional".

La Comisión Interdepartamental de Publicidad, el órgano que da el visto bueno a las campañas de los diferentes departamentos, se ha reunido en dos ocasiones para tratar este escándalo y revisar los soportes que dieron validez a esas inserciones de información pagada. En principio en la reunión de este miércoles estaba previsto que se aprobara un dictamen sobre este asunto.

Fuentes de la coalición soberanista han indicado que junto a su peticion de comparecencia tiene previsto realizar un "seguimiento del caso y ver qué respuestas va dando el Gobierno a los diferentes grupos para, en función de las explicaciones, actuar de la forma más conveniente". UPyD fue el primer grupo que actuó en este asunto tras la reprobación del lehendakari al presentar el lunes pasado una denuncia ante los juzgados de Vitoria por "la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y prevaricación de autoridad o funcionariado público". Los socialistas han registrado también varias iniciativas en las que solicitan información sobre el cumplimiento del acuerdo del pasado 7 de julio. UPyD ha presentado también una interpelación y ahora la coalición soberanista fuerza al lehendakari a volver a la Cámara en un asunto que intentó soslayar sin éxito en el Parlamento.

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