“No podemos permitir que los obispos cercenen la libertad de las mujeres al aborto”
El Parlamento vasco ha rechazado la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno central por considerar que supondrá “una regresión, un retroceso y será mucho más restrictiva” que la normativa actual y donde las mujeres “no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas”. Este pronunciamiento ha sido respaldado por el PNV, EH Bildu, el PSE-EE y UPyD, mientras que el PP ha votado en contra. La Cámara de Vitoria ha aprobado una proposición no de ley en la que recuerda al Gobierno central la “aconfesionalidad proclamada en la Constitución” y, por lo tanto, advierte de que “tanto lo obispos como el Gobierno tienen que tener muy claro que en España no se modifican las leyes al dictado de ninguna moral religiosa. No podemos permitir que los obispos cercenen la libertad de las mujeres al aborto”.
El PSE es el que ha impulsado la propuesta, en la que se denuncia que la reforma supondrá “la vuelta a una ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas”. La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez alertó de que la ley abocará a muchas mujeres que quieren abortar “a la clandestinidad”. “No se puede legislar a espaldas de la realidad y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no”.
Derecho a decidir
La mejor forma de reducir el número de abortos, apuntó Sánchez, “no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados. Los socialistas apostamos por la defensa a ultranza del derecho a decidir de las mujeres, porque solo así se garantiza el cuidado de su salud y de su vida. Y por ello forma parte de los derechos humanos fundamentales. No podemos permitir”, recalcó, “que los obispos sigan imponiendo su moral al conjunto de la ciudadanía”.
Entre otras restricciones, la nueva regulación elimina la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal; fiscaliza el supuesto riesgo para la salud de la madre, trasladando a profesionales externos la decisión; regula la objeción de conciencia y las menores de edad deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores y no podrán acceder en ningún caso a la interrupción voluntaria del embarazo.
